Compromís pide seis años de prisión al exalcalde del PP de Crevillent por contratar servicios fantasma

Un perjuicio total de 53.365 euros al Ayuntamiento de Crevillent bajo el mandato del exalcalde popular César Augusto Asencio. La acusación, que ejerce el grupo municipal de Compromís, solicita casi seis años de cárcel para el exprimer edil y dos exconcejales del PP y 22 años de inhabilitación para cargo público por los presuntos delitos de prevaricación administrativa en concurso con el delito continuado de fraude y malversación de caudales públicos.

La nueva corporación, que dio carpetazo a dos décadas de mandato de César Augusto Asencio, detectó que se habían pagado facturas por servicios que presuntamente nunca se prestaron a la empresa del hijo del coordinador del Patronato Municipal de Deportes entre 2004 y 2018. Compromís considera en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso elDiario.es, que el exalcalde popular y los concejales de Deportes Pedro García Navarro y Manuel Moya Fernández “en connivencia” con Francisco Serna González, coordinador de Deportes, con “manifiesta y flagrante infracción de los procedimientos administrativos” propiciaron que el servicio de conserjes y personal de mantenimiento del consistorio fuera adjudicado a Cayetano Ramón Serna González a través de la empresa Tot Sport Crevi SL.

El problema es que la Ciudad Deportiva Norte de la localidad alicantina estaba cerrada, a pesar de que se abonaban las facturas. En el primer expediente, firmado en 2005 mediante un procedimiento negociado, “no se invitó a ninguna empresa” al margen de la adjudicataria del hijo del coordinador de Deportes (tampoco contaban los motivos de urgencia ni se elaboraron pliegos de condiciones técnicas o administrativas).

Además, sostiene el escrito de acusación, los cargos públicos procesados “eran plenamente conocedores” de la vinculación familiar entre el coordinador de Deportes y el adjudicatario. El exalcalde popular, pese a ser “conocedor” de las irregularidades, “permitió la adjudicación”. Todo ello con la “voluntad de favorecer los intereses empresariales” de Cayetano Serna. Es más, las supuestas irregularidades “fueron advertidas mediante voto particular” al acuerdo de adjudicación emitido por algunos miembros del Patronato Municipal de Deportes.

El padre del empresario (ambos se sentarán también en el banquillo) era, por si fuera poco, el avalista del contrato de garantía para asegurar el cumplimiento de las obligaciones en la adjudicación del concurso) y, pese a la evidente vinculación familiar y los “intereses económicos propios” no se abstuvo.

En otro expediente, adjudicado también a Totesport Crevi SL, el pliego de prescripciones técnicas fue elaborado directamente por el padre del empresario. Así, en el pliego, sostiene la acusación, “favoreció los intereses de su hijo, al ocultar en la programación las necesidades derivadas de la puesta en marcha de la nueva piscina municipal, estando en fecha cercana a la conclusión de las obras”. La jugada “provocó una alteración artificial el precio del contrato a la baja”.

La ampliación del contrato, por 51.912 euros, supuso un incremento del 20% del precio inicial, con lo que se debió realizar una nueva licitación (“lo que no se hizo para favorecer a Cayetano Serna”). Otro expediente de contratación, por procedimiento abierto y cuyos pliegos también fueron redactados por el coordinador de Deportes, contó con una nota de reparo del interventor del ayuntamiento, Fernando Urruticoechea, reconocido denunciante de casos corrupción. La empresa adjudicataria debía subrogar al personal contratado por la firma saliente para la prestación del servicio, sin que el consistorio aprobara ninguna variación del personal.

“Se da la circunstancia”, indica el escrito de acusación de Compromís, que en el listado de personal subrogaba “figura Lucía Riquelme Perea, pareja de Cayetano Serna y trabajadora que no cumplía los requisitos legales de subrogación”. Además, varias empresas solicitaron información pero no obtuvieron los pliegos. Así, la empresa del hijo del coordinador de Deportes “se presentaba al concurso con una información de la que carecían los competidores”, con la “evidente desventaja” para la competencia. 

Francisco Serna era, precisamente, el encargado de fiscalizar las facturas presentadas por la empresa de su hijo (las validó todas). “Ninguna de las facturas visadas por el padre del adjudicatario contenía, ni la indicación de las actividades realizadas, ni la indicación de las horas prestadas en cada instalación”, agrega la acusación. 

Los servicios prestados se prolongaron durante dos años y seis meses, cuando en una de las instalaciones en las que se prestaba (la Ciudad Deportiva Norte) permanecía cerrada “y sin acceso al público”. “Pese a no prestarse el servicio (...) el precio del servicio se mantuvo en su integridad, por lo que durante dos años y medio, se estaban cobrando servicios que no prestaban efectivamente como consecuencia del cierre de las instalaciones”, agrega el escrito de acusación. Así, se habrían facturado hasta 2.910 horas “sin prestar servicio alguno”, por un monto de 53.365 euros, apostilla.

La acusación ejercida por Compromís recuerda que había una causa de abstención “por interés personal directo” y “parentesco de consanguinidad de primer grado” entre el coordinador de Deportes y su hijo. El escrito destaca el “dolo por parte de los miembros de la Junta de Gobierno” del Ayuntamiento de Crevillent al adjudicar los contratos y pide una responsabilidad civil de 53.365 euros.