Juan Mondéjar, presidente valenciano de Cocemfe: “Hay 15.000 personas que no pueden salir de su casa por las barreras físicas”

Juan Mondéjar es desde el pasado año el máximo representante de Cocemfe, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, en la Comunitat Valenciana. La confederación lleva años trabajando por un modelo social inclusivo que garantice los derechos de las personas con discapacidad y evite su discriminación en todas las formas en las que ésta se da. Desde la plataforma, reclama unas leyes accesibles y unas instituciones que escuchen a todo el mundo.

Pregunta: El Cermi y Cocemfe realizaron un informe sobre accesibilidad en las Corts Valencianes. ¿Cuál ha sido el resultado?

Respuesta: Agradecemos la implicación de Les Corts para que se pudiera acceder desde los dos lados de la tribuna, que fue una reivindicación de COCEMFE CV para garantizar la plena accesibilidad. Conseguimos un éxito total. Se implicaron mucho, en especial, el letrado de las cortes con varias visitas y una gran sensibilidad. Un ejemplo a seguir por otras instituciones. Hay representantes nuestros, Laura Soler y Carlos Laguna -diputados del grupo socialista y Compromís- allí.

Ya que tienen contacto directo con diputados... ¿Cómo es la relación con la institución y los grupos parlamentarios?

No hemos tenido oportunidad de tener relación directa con Enric Morera, yo soy presidente desde hace apenas un año. Con los grupos sí que existe relación.

La entrada de varios diputados con discapacidades supuso algunos problemas para la institución, tanto por la rampa como por la necesidad de una diputada de disponer de intérpretes. ¿Se puede considerar que la institución es realmente accesible?

Bueno, es una institución muy antigua. No se ha tenido en cuenta hasta que nos hemos puesto todos las pilas.

Cuando Pablo Echenique fue elegido diputado de Unidas Podemos en el Congreso, muchos medios y diputados hablaron de que la obra para adaptar el hemiciclo “iba a costar” cerca de 260.000 euros. Viendo este tratamiento... ¿Qué le parece que aún se hable de coste y gasto en la accesibilidad?

Me parece una barbaridad. Siendo que las leyes y la convención de la ONU sobre los derechos de la discapacidad dejan claro que el tema económico no se debe ni mentar. No es justificable que por el tema económico no exista la posibilidad de que una persona pueda desarrollar su derecho como representante público. Cuando haces una obra de accesibilidad necesitas dinero, claro, pero parece que a ningún otro colectivo se le mide el precio de los derechos.

¿Cómo es la relación con el Gobierno autonómico?

Trabajamos codo con codo en diversas áreas. Vamos a empezar a trabajar la ley de accesibilidad que creemos que va en beneficio de todas las personas, no solo de las que tienen discapacidad. Hay que recordar que muchas personas temporalmente tienen movilidad reducida. Es una norma que entra en todo el abanico de necesidades: deportivas, de ocio, de consumo, vivienda, transporte... Va a ser complicado y un trabajo duro, pero la línea de la administración es clara. Se ha comprometido a sacar esta medida adelante y nos ha pedido apoyo; nosotros pondremos todo de nuestra parte.

La ley actual recoge la figura del asistente personal. ¿Tienen ya datos sobre la acogida?

La instrucción se ha pasado hace relativamente poco y ya se puede solicitar en los servicios sociales. Falta un decreto que la regule aunque la instrucción es muy completa, pero aún estamos evaluando qué acogimiento puede tener. Requiere de un proyecto de vida: ir al trabajo, a un centro de estudios... Y es importante en los acompañamientos de ocio. Salir a la calle, ir a ver una película.. requiere de apoyo. Nosotros tenemos un proyecto propio de asistente personal a menores, que les permite tener un proyecto al margen de los padres. Ayuda al niño a empoderarse, a estudiar, a hacer lo que quiera.

Volviendo al panorama legislativo, ¿qué barreras quedan por superar?

La accesibilidad, que se cumplan los objetivos del decreto de 2003, refundido en 2013. Lo que buscamos no es solo que se haga accesible lo que ya hay, sino que se trabaje en positivo desde cero, como que la construcción de nuevos edificios recoja estos requisitos. Sabemos que es complicado, pero es una inversión que es necesaria para todo el mundo. Todavía no se ha considerado algo crítico, si no cumples con determinados aspectos, te dan la licencia igual. La accesibilidad tiene unas características, como que sea de uso autónomo, que no se están cumpliendo.

Ustedes demandaron a Renfe por incumplir los criterios de accesibilidad, ¿Cómo ha evolucionado esta cuestión?

Sí, hay dos demandas, una por vulneración de los derechos de las personas con discapacidad y otro por vulneración de derechos como consumidores. Es la primera demanda de este tipo que realiza un colectivo como Cocemfe. Incluso hemos detectado el caso de una persona con esclerosis múltiple que no puede acceder a su tratamiento porque no puede coger el tren desde Xàtiva a Valencia. Nos reunimos con Renfe para plantear salidas, pedimos que hubiera varios trenes diarios y que al menos una vez al día las personas con discapacidad puedan coger el tren. Renfe se negó porque decía que tenía una planificación muy estricta y bajo ningún concepto podían incumplir la puntualidad de los trenes. Nos ofendió porque considera a todos los clientes menos a nosotros. Consideramos que el plan de inversiones tiene que tener una partida para accesibilidad.

Yo vengo del mundo ferroviario y en los trenes de larga distancia la accesibilidad está más o menos clara, pero en cercanías suspenden por todos los lados. Y no hace falta que sea todo el tren accesible, solo pedimos un vagón.

¿Cómo valoran los pasos que se están dando hacia la movilidad sostenible y las peatonalizaciones en las ciudades?

En El Cabanyal, por ejemplo, se han eliminado las aceras estrechas y prácticamente las calles son planas ya. Pero hay que mirarlo todo bien. En Valencia, por ejemplo, yo tengo un problema de equilibrio y andar de una parte a otra de la ciudad, pues lo puedo hacer, pero otras personas no. Reclamamos itinerarios que no nos hagan sufrir. El que lleva patinete, bicicleta o silla de ruedas... puede ir, pero el que tiene problemas para andar o utiliza muletas lo tiene complicado. También hay personas con discapacidad que su única forma de moverse es el coche adaptado, si cierras todo el centro al coche... Hay que tenerlo todo en cuenta.

¿Los problemas de las personas con discapacidad están en la vida pública?

Se está visibilizando y se está implicando a la gente, pero tenemos mucho trabajo por delante.

Uno de los problemas que más han denunciado públicamente es el de las barreras arquitectónicas.

Hay personas que se quedan sin salir de su casa, con todas las implicaciones que tiene para la salud mental. Tenemos un estudio que dice que hay 15.000 personas que no pueden salir de su casa por las barreras arquitectónicas y físicas, por falta de accesibilidad en las fincas... Por ello, pedimos un cambio en la ley de propiedad horizontal para hacer las obras.

¿La Administración ha actuado de forma paternalista con las personas con discapacidad?

El cambio de paradigma del modelo asistencialista al social viene con la convención de la ONU. Pasamos de considerar que hay personas que cuidar y proteger a un modelo de inclusión y de derechos; hablamos de que una persona no puede estar excluida y es responsabilidad social poner las herramientas oportunas.

Los Ejecutivos han ido aprobando medidas como la ley de dependencia para facilitar la vida a las personas. ¿Cómo la valoran?

Se ha tardado mucho en incluir a las personas que lo necesitaban en el sistema y también en desplegar la ley. Sigue habiendo problemas en el reconocimiento de la situación de dependencia, que supera los seis mese establecidos en la ley. Esto sucede también en la obtención del certificado de discapacidad, que acumula retrasos de hasta casi 2 años en alguna provincia. Es un certificado que necesitas para opositar, para ir a la universidad, comprar un coche adaptado, un empleo, la declaración de la renta... Es un problema que viene de largo.

También queremos reivindicar el empleo digno. La tasa de empleo es de 3 de cada 7 personas en activo. Hay gente que se jubila en los centros especiales de empleo y hay empresas que los utilizan para abaratar costes. Las personas con discapacidad no somos un negocio ni una subclase de trabajadores.