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ENTREVISTA | Mireia Mollà, consellera de Emergencia Climàtica y Transición Ecológica

“Queremos democratizar el acceso del ciudadano a la energía como consumidor y como productor”

Laura Martínez

Valencia —

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Movilidad sostenible, menor dependencia de energías contaminantes y de los combustibles fósiles, control de las emisiones, incentivos a las renovables... La ley de cambio climático es la principal apuesta de la conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. El departamento de Mireia Mollá presentó este lunes el borrador de un proyecto ambicioso que establece un horizonte de reducción de las emisiones a la mitad, en línea con los objetivos de la Agenda 2030 y los compromisos internacionales.

La norma establece el acceso a la energía como un derecho del ciudadano y elabora un mapa para facilitar la inversión y construcción en infraestructuras renovables, especialmente en energía fotovoltaica. “Queremos democratizar el acceso [del ciudadano] a la energía como consumidor y como productor”, expresa la consellera, que reclama “que podamos tener iniciativa pública de administraciones locales” en la produccón energética, rompiendo el oligopolio. “Entre todos tenemos que contribuir a tener un sistema alternativo para autoabastecernos, pero la Comunitat Valenciana tiene que ser productor y aportador neto” de energía solar al mercado nacional.

Mollà, datos en mano, expresa que actualmente los valencianos “somos contribuidores netos a las subidas anuales de emisiones de CO2, estamos yendo en dirección contraria. No lo estamos haciendo nada bien, pero tenemos un territorio con muchas oportunidades” a nivel de producción y empleo relacionado con un modelo sostenible.

Sobre infraestructuras, el borrador prevé limitaciones a macroproyectos, algunos de ellos “aberraciones” para el medio ambiente heredadas con el beneplácito de normativas anteriories, por lo que se proponen nuevos criterios que impliquen reforzar la perspectiva medioambiental. La consellera cree que las Administraciones Públicas tienen el deber de impulsar comportamientos y actividades relacionadas con el respeto al medio ambiente y hacia la sostenibilidad, mediante educación ambiental, incentivos y el liderazgo en proyectos en sintonía con los compromisos adquiridos.

Sobre el proyecto de ampliación norte de Puerto de Valencia, la responsable de Cambio Climático del Ejecutivo autonómico insiste en la nueva declaración de impacto ambiental: “La seguiré pidiendo hasta que se haga”.

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