Facturas ocultas, hinchadas y falsificadas...

Suenan todas igual de mal. De juzgado de guardia. No sé qué ocurre, pero, aquí, casi todos los imputados y condenados por ocultar facturas, hincharlas y falsificarlas, siguen en su cargo y recibiendo el sueldo público. ¿Quién es el responsable de esta situación y de la nefasta administración pública que padecemos? Es la pregunta del millón que nadie responde en el Gobierno Valenciano ni en el Partido Popular, cuya formación cuenta con el mayor número de imputados en casos de corrupción. El ex presidente de la Diputación de Castellón, el popular Carlos Fabra, tras alargar la investigación con todas las triquiñuelas legales a su alcance, y dificultar el trabajo de los jueces, como denunció el último de los nueve que instruyó el sumario, ha sido condenado a cuatro años de cárcel por fraude contra la Hacienda pública.

Otro caso espeluznante es el del ex consejero de Solidaridad, Rafael Blasco, imputado por tráfico de influencias, falsedad, prevaricación, malversación y fraude en las ayudas públicas a la cooperación internacional. Más de 3,5 millones de euros de subvenciones de la Generalitat. La primera pieza del caso, que se juzgará después de reyes, corresponde a la concedida a la fundación Cyes (juzguen ustedes si les parece una ONG) por valor 1,8 millones para proyectos en Nicaragua; donde sólo llegaron 43.000 euros. La Fiscalía Anticorrupción pide 14 años de cárcel, la Generalitat, como acusación particular, reclama 11. El ex portavoz del PP sigue en el parlamento valenciano, en el absurdo grupo de los no adscritos, una treta legal que le permite conservar su escaño, su sueldo y las ventajas que le proporciona su condición de aforado.

Pero volviendo al tema de las facturas ocultas, en la Comunidad Valenciana se encontraron el año pasado más de 300.000 recibos en los cajones, por un importe de 1.850 millones de euros, que nunca se habían contabilizado. Para que se hagan una idea, la cifra superaba el déficit previsto por el ejecutivo en los presupuestos, que era de 1.335 millones de euros. Se sabe que hay más facturas de la misma índole; deuda no imputable a los presupuestos, pero dónde y cuándo aparecerán son siempre un misterio.

Esta semana se debaten en la comisión de Economía, para su aprobación antes de que termine el año. El presupuesto consolidado, -incluye administración general, empresas, y organismos dependientes-, asciende a 17.088 millones de euros, 5,6% más que el año anterior. Pero ¿de qué sirve si es posible ocultar pagos que inciden sobremanera en las previsiones autonómicas? ¿Qué obligaciones reales tiene la Comunidad Valenciana fuera de presupuesto? ¿Por qué no se reconoce la morosidad?

Y una cosa lleva a la otra. Me refiero a la trama Gürtel y las facturas hinchadas en más de un 80% que Orange Market, cuyo responsable era Álvaro Pérez, El Bigotes, remitió a las Consellerias de Territorio y Vivienda, y de Infraestructuras y Transporte, en el año 2005. La Sindicatura de Cuentas valenciana llamó la atención del Consell en todos los casos a los que me he referido en este artículo. No tuvo éxito. Por eso no me extraña que desde el gobierno central se pretenda suprimir la institución, y que Alberto Fabra sea el primero en hacerlo si llega el caso. Les dejo, para acabar, las reflexiones del experto que Fabra quería contratar para que le diera consejos de dirección, estrategia, y quién sabe qué, con dinero público. Pasen y vean a Javier Martínez de Marigorta.

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