El Gobierno valenciano pide a la Audiencia Nacional la ejecución de la sentencia de la visita del Papa para recuperar 3,2 millones

La Generalitat ha solicitado la ejecución de la sentencia de la Audiencia Nacional que condena a los integrantes de la trama Gürtel a hacer efectivas sus responsabilidades civiles, que ascienden a 3,2 millones de euros, por la contratación irregular de pantallas durante la visita del Papa en julio de 2006.

 La directora general de relaciones con Les Corts, Ana Belén Domínguez, ha explicado que el escrito presentado ante la Audiencia Nacional pide la incoación ejecutoria de la sentencia de noviembre de 2020, donde los responsables de la trama fueron condenados por los delitos de prevaricación, malversación, blanqueo, cohecho activo, fraude a la administración pública, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y delitos contra la Hacienda Pública.

 Domínguez ha manifestado que esta decisión es fundamental “no solo para recobrar el dinero sustraído de las arcas públicas, sino también para recuperar la dignidad y la decencia de la Comunitat Valenciana”.

 La resolución consideró probado que la trama se repartió el sobrecoste de 3,2 millones de euros de los contratos del evento obtenidos mediante adjudicaciones irregulares de contratos públicos, por ello la Generalitat ha decidido solicitar la ejecución provisional de la sentencia para aquellos condenados que no hayan recurrido la sentencia en casación.

El alto tribunal certificó las penas a 19 de los 23 acusados por la adjudicación ilegal al grupo de Francisco Correa del contrato de suministro de pantallas, sonido y megafonía para la visita del papa Benedicto XVI a Valencia con motivo del V Encuentro de la Familia, celebrado en Valencia los días 7, 8 y 9 de julio del año 2006.

En concreto, los magistrados de la Sección Segunda de la Sala lo Penal condenaron en esta pieza del denominado “caso Gürtel” a 13 años y 7 meses de prisión al líder de la trama, Francisco Correa; a 15 años y 5 meses a su mano derecha Pablo Crespo; a 6 años y 9 meses a su colaborador Álvaro Pérez y al exdirector de Radio Televisión Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno, y a 11 años y 7 meses al vicepresidente de Teconsa José Luis Martínez Parra.

El resto de acusados fueron condenados a penas que van desde los ocho meses de cárcel -caso de Jacobo Gordon- a los tres años de Francisco Javier Arnuncio Perugio. En el caso de Ramón Blanco Balín ha sido condenado a 1 año y medio de prisión.

Por el contrario, la Sala absolvió a dos acusadas para las que la Fiscalía Anticorrupción retiró la acusación en el juicio, Noemí Márquez y Alexandra Andrea Benesovsky, mientras que otros dos procesados fallecieron, Juan Cotino y Luis Sabater Balaguer, por lo que quedó extinguida su responsabilidad penal.

Oficina de Recuperación de Activos

 La directora general ha insistido en que el Consell “va a continuar emprendiendo todas las acciones necesarias para recuperar los recursos públicos hurtados a los valencianos en casos de corrupción”, y ha recordado que, desde la llegada al gobierno del presidente Ximo Puig, la Oficina de Recuperación de Activos ha abierto más de 40 expedientes para promover acciones administrativas o judiciales en defensa de los intereses de los valencianos y valencianas y para obtener la restitución patrimonial en los casos de corrupción que lesionaron los intereses generales.

 Domínguez ha destacado que la Oficina de Recuperación de Activos ha permitido que la Generalitat se haya personado “en asuntos de repercusión social y trascendencia económica tan importantes como el caso cooperación, el caso Emarsa, el caso Fitur o en las diferentes piezas que componen el caso Gürtel”.

 Estas acciones han posibilitado que hasta el momento la Generalitat haya recuperado 7,3 millones de euros, y prevé recobrar más de 14 millones de euros teniendo en cuenta los expedientes de acciones administrativas o judiciales en marcha, según ha explicado la directora general.

 Por último, Domínguez ha subrayado que el trabajo realizado por el Consell ha contribuido a que la Comunitat Valenciana haya pasado de ser “paradigma de la corrupción a paradigma de la decencia”, y ha mostrado su compromiso de seguir trabajando para seguir siendo un referente en iniciativas como la gigafactoría de baterías o la ayuda a personas refugiadas, y “evitar que vuelva el fantasma de la corrupción”, ha concluído.