La inmobiliaria investigada en el 'caso Taula' por blanquear para Alfonso Rus debe 1,8 millones a Hacienda

Cuando las presuntas tramas de corrupción se judicializan en largos procesos, como el 'caso Taula' que ya lleva más de seis años de instrucción, las empresas implicadas sufren las consecuencias. La firma Geneva Fondo Inmobiliario SA debe 1,8 millones de euros a la Hacienda Pública, según la lista de morosos publicada por la Agencia Tributaria. La inmobiliaria, propiedad del fallecido Ramón Lis March y del empresario Jaime Cabot Ivars, es uno de los hilos de los que han tirado los investigadores de la Unidad central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las pesquisas de una presunta operación de blanqueo de capitales.

La instrucción del 'caso Taula' detectó el supuesto blanqueo de 1,8 millones de euros a través de la empresa inmobiliaria Geneva Fondo Inmobiliario SA, que era propietaria del 20% de la firma Fabricación y Distribución del Mueble (FDM) SL, del expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus. Según declaró Marcos Benavent, autodenominado yonqui del dinero y, hasta hace poco, principal colaborador de la Fiscalía Anticorrupción, el socio de Geneva Ramón Lis March (fallecido en 2015) era amigo íntimo de Rus y ambos tenían “sociedades interpuestas”.

El empresario Jaime Cabot Ivars, socio en Geneva Fondo Inmobiliario SA, poseedora del 20% de la empresa de Rus, cuenta además con seis sociedades en Brasil, cinco de ellas activas, con un capital social de 7,8 millones de euros (34 millones de reales brasileños). Las sociedades brasileñas están dedicadas a proyectos inmobiliarios, según la información del Registro Mercantil del Estado de Salvador de Bahía consultada por este diario. Además, la empresa matriz española también abrió en Gran Bretaña la firma Albatroz Limited, que cuenta con unos activos de 191.630 euros (166.000 libras esterlinas) y un capital social de 115.000 euros.

La Agencia Estatal de la Administración Tributaria notificó el pasado 28 de junio a Geneva Fondo Inmobiliario SA una deuda con Hacienda de 1.849.413,26 euros. Además, también cuenta con una decena de notificaciones de embargo por parte del servicio de gestión tributaria de la Diputación de Valencia y otra más de la Diputación de Alicante. El último embargo es del pasado 2 de septiembre.

En el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Dénia consta una subasta de bienes por valor de 893.100 euros tras una demanda de la Sareb, el llamado banco malo. El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Dénia, por su parte, tiene abierto otro procedimiento hipotecario, por bienes tasados en 2,1 millones de euros, en el que también figura la firma Diorita Promotora 21 SL, propiedad de Geneva Fondo Inmobiliario SA y con los mismos administradores.

Esta última sociedad, dedicada a la promoción inmobiliaria, también tiene una notificación de embargo por parte de la Diputación de Alicante. En esta subasta la demandante es una mercantil de matriz irlandesa con un domicilio social en Valencia: Spanish Residencial Opportunities Designated Activity Company, propiedad a su vez de Majoro Reo Holding SL, una firma española de inversiones domiciliada en Madrid. La mercantil reclama 1,5 millones de euros.

Geneva Fondo Inmobiliario SA también está inmersa en dos demandas en el Juzgado de Primera Instancia número 4 y en el número 5 de El Ejido, ambos procedimientos iniciados este año. En total, estos cuatro procedimientos suman tres millones de euros. Además, la sociedad Marma Mediterránea SL, propiedad al 75% de Geneva Fondo Inmobiliario SA, también está inmersa en una demanda hipotecaria de la Sareb, por 1,3 millones de euros, tramitada en el juzgado de Primera Instancia número 2 de Valencia y un embargo notificado por el Ayuntamiento de Valencia.

La inmobiliaria, domiciliada en la calle Menorca de Valencia hasta el cierre de su hoja registral el 29 de junio del 2020, es propietaria de una filial en Brasil, Geneva Patrimonial Imobiliaria Do Brasil LTDA. Así, al empresa de raíz española mantiene cinco sociedades activas en el país latinoamericano valoradas en 7,8 millones de euros, tal como informó elDiario.es. La Guardia Civil cree que Fabricación y Distribución del Mueble (FDM) SL está en el centro de una supuesta compraventa ficticia, por valor de 1,8 millones de euros, con intención de lavar dinero negro del cobro de comisiones entre 2005 y 2008.

El empresario Ramón Lis March, que contaba con intereses societarios en Brasil, falleció el 16 de abril del 2015, cuando estalló el caso. El yonqui del dinero explicó en su declaración ante la Guardia Civil que Lis March era amigo íntimo del ex presidente de la Diputación de Valencia, y que le “arreglaba muchas cosas a nivel financiero”. El empresario fallecido y Rus, según Benavent, tenían “sociedades interpuestas”. El autodenominado yonki del dinero contó a la Guardia Civil que Lis “estuvo en Brasil” donde —supone Benavent— “tendrían negocios inmobiliarios así como diferentes terrenos por los comentarios que le realizaba Alfonso Rus”. Era una “especie de gestor de inversiones de Alfonso [Rus]”, concluyó. 

De hecho, tras la muerte de Ramón Lis March, se desató en Brasil una batalla por la herencia del hombre, en la que un juez de Salvador de Bahía obligó a cuatro españoles y un brasileño a hacerse la prueba de ADN para demostrar su parentesco con el empresario fallecido.