Una jueza imputa a un alto cargo de Mazón tras una denuncia por revelación de secretos de un colectivo LGTBI

Una jueza ha imputado a un alto cargo del Gobierno autonómico de Carlos Mazón, heredado por el actual president, Juan Francisco Pérez Llorca. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de València, según una providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, ha citado a declarar, en calidad de investigado (acompañado de abogado) a Stéphane Soriano, director general de Diversidad, tras una denuncia de Lambda, principal colectivo valenciano LGTBI. Se trata del director general que, sobre Lambda, dijo el año pasado: “Que hagan su vida y ya está pero que no nos pidan nada a las administraciones, que no vamos a dar nada”, según un audio publicado por este diario.

La magistrada incoó diligencias previas el pasado 10 de julio e informó al alto cargo de los hechos que se le atribuían y los derechos que le asisten, según indica un auto al que ha tenido acceso este diario.

La instructora investiga a Soriano, alto cargo de la conselleria que dirige la vicepresidenta primera, Susana Camarero, tras una denuncia del colectivo LGTBI por los presuntos delitos de revelación de secretos y prevaricación. El director general de Diversidad, según reza el escrito de la denuncia, reveló en una entrevista en À Punt el 20 de mayo de 2024 “datos concretos” de dos expedientes administrativos que afectaban a la veterana entidad y que ni siquiera habían sido notificados oficialmente. Soriano “hizo pública la existencia de procedimientos administrativos de los que ni siquiera el interesado tenía conocimiento de su contenido”.

Por otro lado, el colectivo considera que los datos expresados por el alto cargo en la cadena pública (relativos a un supuesto intento de imputar una indemnización por despido a una indemnización y a otras presuntas irregularidades) “o bien están tergiversados o son falsos”.

Fuentes de la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad aseguran que se trata de una “denuncia política” y señalan que la Fiscalía ha pedido el sobreseimiento de la causa “porque entiende que los hechos denunciados no son constitutivos de delito”.

Las mismas fuentes consideran que “la realidad es que en el marco de alguna entrevista”, el director general “puso en valor el trabajo realizado por los técnicos de la administración respecto al deber de control y fiscalización del uso de dinero público que en ese momento estaban realizando a través de la solicitud de documentación justificativa del uso de distintas subvenciones y conciertos, no solo a Lambda sino a todas las entidades”.

“Sorprende la reacción de una entidad que gestiona servicios públicos y recibe subvenciones de la administración, que, ante el control de la mismas, actúa contra el director general en lugar de actuar con transparencia sobre el uso del dinero público”, agrega una portavoz de la vicepresidencia primera.

La entrevista a Soriano fue emitida a primera hora del 20 de mayo de 2024. Pocas horas después, el colectivo Lambda recibió el requerimiento. Los expedientes finalizaron el pasado 15 de mayo, según se desprende de la documentación aportada en la denuncia.

El colectivo LGTBI asegura que Stéphane Soriano “no solo reveló de forma ilícita información a la que había accedido en virtud de su cargo” sino que, además, “intencionadamente falseó los datos”.

“Revelar información privada, valiéndose de su cargo, al inicio de los procedimientos administrativos, que es falsa o incorrecta, en un intento de perjudicar la imagen e intereses de la denunciante, es a nuestro entender, un acto delictivo”, afirma el escrito.

En una entrevista dos días después, en la radio 99.9 Valencia, Soriano también aludió a expedientes administrativos sin “resolución definitiva”, indica la denuncia de Lambda. Lo mismo habría ocurrido con ocasión de unas declaraciones a un medio digital. La entidad considera que el alto cargo podría haber cometido tres presuntos delitos de revelación de secretos, al ventilar públicamente unos datos que “sólo podía conocer por razón de su cargo” y que “no habían sido publicados oficialmente”.

Un año después, el 22 de mayo de 2025, Lambda recibió resoluciones de reembolso de ejercicios anteriores correspondientes al servicio Orienta (un concierto que mantiene la Generalitat con el colectivo), a modo de ampliación de los anteriores, al haber “constatado deficiencias en la justificación no comunicadas en el acuerdo inicial”.

Sin informe técnico

Lambda solicitó acceso a los expedientes y comprobó que para la ampliación del reintegro no existía “informe técnico alguno”, que las resoluciones no estaban “motivadas” y —“lo que es todavía más grave”— que hacían referencia a “toda una serie de gastos cuya justificación documental estaba en poder de la Administración desde el primer momento”, sostiene el escrito.

La denuncia recuerda que las resoluciones estaban firmadas por el director general, “incrementando en un 191,6% y un 134,9% las cantidades reclamadas a la entidad”.

El colectivo Lambda afirma que tiene acreditado que no existe ningún informe técnico ni jurídico, por lo que se trata de resoluciones “sin base legal, sin motivación técnica y con efectos gravemente lesivos para la entidad afectada”. La actuación, que el colectivo LGTBI achaca a Stéphane Soriano, “se repite simultáneamente en dos expedientes distintos”, afirma la denuncia.

Lambda también precisa que el resultado de los dos expedientes de reintegro confirmó finalmente que se había cumplido con la justificación de los gastos relativos al concierto “en más de un 99%”.

La denuncia abunda en que, según un audio publicado por este diario poco antes del Orgullo de 2024, el alto cargo dijo respecto del colectivo LGTBI: “Independientemente, que haga Lambda lo suyo que ya se apañarán. Nosotros ya hemos dicho que se apañen, que hagan su vida y ya está, pero que no nos pidan nada a las administraciones, que no vamos a dar nada. Que se la busquen, y se la paguen y ya está, si es que al final va a ser así”.

Un “patrón de hostigamiento continuado”, según Lambda

El colectivo ve un “patrón de hostigamiento continuado” en la actuación del alto cargo. La denuncia apostilla que las manifestaciones de Soriano “han generado un perjuicio reputacional grave y sostenido en el tiempo” a Lambda, que como entidad social sin ánimo de lucro, “depende del buen nombre y la confianza institucional para renovar conciertos y subvenciones, mantener relaciones con administraciones y redes asociativas [y] obtener apoyo ciudadano, voluntariado y legitimidad pública”.

El colectivo argumenta que las afirmaciones del director general de Diversidad “no pueden entenderse como aisladas ni amparadas bajo el paraguas de la libertad de expresión” y “se realizaron con un efecto deslegitimador hacia la entidad, justo tras su denuncia pública de malas prácticas institucionales”.

Además, a juicio de Lambda, se difundieron “con conocimiento de su falsedad o sin haber sido contrastadas”. Todo ello “se traduce en un daño real y directo, tanto a nivel operativo como reputacional”, concluye el escrito.