La Justicia solicita información a la Sindicatura de Comptes en 24 procesos judiciales
El síndic major de Comptes, Rafael Vicente Queralt, ha explicado este martes que existen treinta procedimientos jurisdiccionales sobre hechos respecto a los que esta institución “había dicho algo”, y en 24 de ellos los juzgados les han pedido el informe o incluso ha tenido que comparecer en sede judicial.
El síndic se ha pronunciado así en la comisión de Economía de las Corts durante su última comparecencia para exponer el informe de fiscalización de la Generalitat, ya que después de 16 años en la institución -14 al frente de ella- considera que ha transcurrido tiempo “más que suficiente” para ser relevado.
“Creo que he cumplido una época que ya ha pasado de mi vida profesional”, ha explicado Rafael Vicente, quien ha precisado que espera que en mayo, cuando termina su actual mandato, esté todo resuelto para que no se prolongue y también le jubilen, como ya lo está como interventor.
Ha reivindicado que la función “primaria” de la Sindicatura es fiscalizar y determinar si ven indicios de responsabilidad contable, de manera que han colaborado con la justicia después de que haya habido una actuación de la Fiscalía o de la jurisdicción penal, y ha considerado que han cumplido con su “deber”.
Reforma de la ley de la Sindicatura
El síndic ha pedido además “poder decir algo” sobre la reforma de la ley de la Sindicatura que se está preparando, ya que en la institución les “preocupa” tanto el contenido como el momento de esa modificación, y aunque consideran que es necesario un cambio después de treinta años, quisieran poder “aportar” a la norma.
Ha explicado que ya entregaron a las Corts un documento con sus principales aportaciones para esa reforma, como destacar la independencia, la obligación del cumplimiento de las recomendaciones, la imposición de multas coercitivas a los ayuntamientos que no rindan cuentas, y la posibilidad de investigar contabilidades cuando se reciban subvenciones públicas.
Rafael Vicente ha explicado que se les informó de la proposición de ley de Podemos para reformar la ley de la Sindicatura, pero no se les dio “el detalle suficiente para emitir una opinión sobre la propia ley”, que es lo que les “gustaría” hacer.
El síndic ha insistido en la necesidad de verificar el inmovilizado del balance de la Generalitat, algo que reclaman desde hace años y que es “grave” que no se tenga aún, y ha pedido que se actualice la normativa sobre caja fija,
Ha admitido que el lenguaje de los auditores es “críptico, difícil”, por lo que a lo mejor en el futuro se podría hacer algún informe o resumen ejecutivo “más inteligible”, y se ha mostrado partidario de que la institución pueda hacer otro tipo de informes, que no sean específicamente de auditoría.
A la pregunta de Compromís de si se puede aprobar el informe de fiscalización sobre la contabilidad electoral, cuando la justicia apunta a que “posiblemente” haya “financiación ilegal”, el síndic ha indicado que lo que comprueban es, con la documentación que aportan los partidos, que el gasto se ha destinado a la finalidad electoral, y por eso lo han “dado por bueno”.
Respecto a las facturas en el cajón de Sanidad sobre las que la Comisión Europea ha planteado una multa de 19 millones de euros, ha destacado que desde 1988 la Sindicatura apuntaba su existencia, y ha destacado que Europa no ha dicho que haya responsabilidad contable por ello, sino carencia de información.
