Una ley para acabar con el “chiringuito” espiritual de Camps
El parlamento valenciano ha aprobado por unanimidad una norma antichiringuito público: la auditoría económica y de personal de más de un centenar de empresas o fundaciones dependientes de las instituciones -básicamente, la Generalitat- cuyo cuenta de pérdidas y ganancias y su cometido es muchas veces desconocido.
La propuesta, presentada por Ciudadanos, tiene objetivos claros: acabar con las entidades semipúblicas de “dudoso resultado práctico”, “gran opacidad”, “sobredimensionamiento de la plantilla” o que “duplican” las funciones que hacen otros organismos. Y el ejemplo que pone el partido de Albert Rivera también es diáfano: La Fundació Jaume II El Just.
Esta fundación fue recuperada y potenciada por Francisco Camps, expresidente de la Generalitat. Su objetivo declarado era la “puesta en uso y divulgación del patrimonio histórico valenciano”, particularmente del Monasterio de Santa María de la Valldigna, fundado por el monarca Jaume II el Just, nieto de Jaume I.
Fundado en 1298 en Simat de la Valldigna, casi en el centro de la Comunitat Valenciana, Camps veía en el monasterio un elemento clave de la cultura y el valencianismo. De hecho, potenció la Fundación hasta que esta -casi- saltó por los aires. La gestión de un compañero de estudios de los Camps (además de Francisco, Gerardo, diputado en el congreso) y Esteban González Pons (ahora en el parlamento europeo) la dejó quebrada: 9 millones de euros de deuda tras una gestión calificada de megalómana.
La Generalitat tapó el agujero en 2008 pero la Fundación siguió, con menos ambiciones, funcionando: en 2014, según la Sindicatura de Comptes, el auditor oficial de la Generalitat, costó 666.000 euros. El 43 % de sus costes son de personal. Y los de funcionamiento consumen el 70% del presupuesto. Ciudadanos asegura que varias partidas de sus cuentas -gastos diversos, 111.000 euros; pagos a proveedores, 162.000 euros- son tan opacas que es imposible controlar sus cuentas. En 2015 el presupuesto bajó y, en 2016, será de 400.000 euros según el presupuesto pendiente de aprobación.
La Fundación tiene 6 trabajadores. Su administradora no ha querido hacer declaraciones. Un portavoz de la Conselleria de Educación asegura que su departamento evaluará el funcionamiento de la fundación, como del resto de sus entidades asociadas, para, en su caso, cambiar a trabajadores enchufados por otros elegidos por méritos e introducir su código de buenas prácticas. La propuesta de Ciudadanos aprobada por las Corts Valencianes exige que el Consell informe de la marcha de las auditorías en tres meses.
