20 años de matrimonio igualitario

Este 30 de junio se cumplen 20 años de la aprobación de la reforma del Código Civil que reconoció el derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo. Hubo que volver a votar en el Congreso dado que el Partido Popular en el Senado la había vetado. Aquel día culminó la última fase de una reivindicación que se había iniciado muchos años atrás. El sorpresivo y emocionante discurso de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno aquel día pasó, sin duda, a la historia. Pero, siendo difícil, la tramitación parlamentaria fue el paso más simple, antes hubo décadas de lucha social y cultural. Estábamos saliendo de las catacumbas del franquismo y, además, se afrontaba la terrible pandemia del VIH-SIDA; como dice el histórico activista Jordi Petit, lo prioritario era sobrevivir. Debíamos afrontar el dolor de la pérdida, la discriminación en los hospitales, en las herencias… porque nuestras parejas no eran legalmente nada. En ese contexto, una parte del movimiento de liberación sexual fue capaz de imaginar y llevar adelante una estrategia para conquistar la plena igualdad y combatir la LGTBIfobia.

En marzo de 1994, organizado por el Col·lectu Lambda, Valencia acoge el primer Encuentro Estatal de asociaciones LGTB para elaborar una propuesta de Ley de parejas de hecho. Esa nueva red fue creciendo y consolidando su dinámica de trabajo y tuvo como grandes éxitos la conformación de un discurso unitario (con puntuales discrepancias), que a su vez evolucionó, y organizar la convocatoria de varias manifestaciones en Madrid para exigir una legislación sobre las “parejas de hecho”. Era una perífrasis para referirnos al reconocimiento de las parejas que constituían gais o lesbianas. En los primeros años 90 el término matrimonio homosexual parecía difícil de aceptar por la sociedad y hasta el activismo homosexual asumía esa limitación. El primer intento fue en 1995 y se pedía al gobierno socialista de Felipe González que legislara sobre las parejas de hecho, el final precipitado de la legislatura en 1996 lo impidió. Salimos a manifestarnos para que el PP del primer Aznar no se opusiera al proyecto de ley que habían promovido los partidos de izquierda y el centro. El PP presentó su propia propuesta de Ley de Uniones Civiles que reducía las parejas a un mero contrato, dilató el trámite y consiguió que, de nuevo, finalizara la lesgislatura y decayeran todos los proyectos de ley. La mayoría absoluta del PP que vino después significó el bloqueo radical de cualquier opción de avance. Aquellas manifestaciones de 1997 y 1998 fueron muy emocionantes. Más que por el número de asistentes a esas marchas, existía un poderoso simbolismo en su convocatoria: éramos visibles, teníamos una apuesta reivindicativa común y capacidad organizativa. El contacto estable entre asociaciones de todo el país, el conocimiento mutuo, la diversidad de nuestra realidad, las complicidades, la incorporación de una nueva generación de activistas favorecieron que algunas entidades den el paso de refundar la antigua FEGL para convertirla en la FELG (ahora FELGTBI+ Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales y más). Tras haber labrado un discurso que evoluciona desde las parejas de hecho al matrimonio civil, que incluye al colectivo trans y bisexual y que teoriza la igualdad legal como un paso más en la lucha contra la LGTBIfobia, la Federación se va construyendo como un instrumento permanente de trabajo, formal, corresponsable y eficaz en la lucha política y social. Si al principio de los 90 se pensaba en una ley estatal de parejas de hecho mirando a Dinamarca, Noruega y Suecia (en 1989, el parlamento danés aprobó la primera ley de parejas de hecho que reconocía a las parejas homosexuales); a mitad de esta década comienza a producirse una reflexión profunda: la igualdad ha de ser total. La aceptación de los mismos derechos y deberes que las parejas matrimoniales (incluso eso) con una denominación diferente es una forma más de estigma y de discriminación y, como tal, no puede ser la solución para nuestras aspiraciones. Se concentran los esfuerzos en exigir una reforma del Código Civil en materia de matrimonio, dado que considerábamos que el artículo 32 de la Constitución ofrecía un redactado suficientemente amplio. Paralelamente el Parlamento Europeo aprobó la Resolución A-0028/94 que pide expresamente a los Estados miembro que “se ponga fin al trato desigual de las personas de orientación homosexual en las disposiciones jurídicas y administrativas”. Esto supone un espaldarazo definitivo para institucionalizar nuestras reivindicaciones en toda Europa.

En esos años se aprueba la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos que habla de “análoga relación de afectividad a la de cónyuge, con independencia de su orientación sexual” para reconocer derechos en materia de alquileres; ayuntamientos (el primero el de Vitoria) y comunidades autónomas (el País Valenciano o Madrid) abren registros de parejas de hecho y en breve se ponen en marcha procesos para aprobar leyes autonómicas (Cataluña o Aragón) de parejas de hecho que, en el limitado marco competencial en materia de derecho civil que poseen, tratan de ir eliminando situaciones de discriminación; la Ley valenciana de la Infancia de 1994 estableció que el tipo de núcleo familiar (incluyendo parejas del mismo sexo) no podía impedir la adopción y son solo algunos ejemplos de aquellas conquistas parciales pero relevantes. En colaboración con los sindicatos, se empezó a contemplar nuestra realidad en los convenios colectivos. Para una parte de la sociedad esto era lo máximo que se podía alcanzar; para nosotros sólo era el principio. Pudo existir un riesgo: obligarnos a elegir entre las leyes de parejas de hecho o la reivindicación del matrimonio homosexual. Y aplicando el principio de realidad y posibilismo, las asociaciones, en su territorio, negociaron cada ley autonómica, cada registro de parejas sin abandonar el gran objetivo (entonces ciertamente difícil dada la mayoría política conservadora): el reconocimiento de la plena igualdad legal y de nuestra dignidad a través del acceso al derecho al matrimonio civil. La cerrazón del PP a permitir ningún avance entre 1996 y 2004 elimina cualquier opción de gradualismo que podía habernos dividido o desmovilizado. La dinámica política se acompaña de una progresión social imparable. La visibilidad de quien lidera las asociaciones LGTB, la presencia en la vida cultural, social, política, militar, universitaria, de los medios de comunicación; la realización de estudios sobre las familias homoparentales, sobre jóvenes en el sistema educativo y otras temáticas que nos dieron argumentos para convencer a la opinión pública; la interiorización de un discurso, el de la igualdad y la dignidad, tan sencillo y coherente como potente hace que el respaldo a nuestras reivindicaciones vaya subiendo en las encuestas y, ahí, la creación de redes de apoyo en la sociedad civil fue fundamental. Logramos la complicidad de sindicatos, asociaciones de mujeres, vecinales, jóvenes, cristianos de base... la sociedad organizada se muestra en público favorable, entiende y asume nuestros planteamientos.

Una mención aparte merecen los partidos políticos. De los años de la incomunicación se pasa a la plena sintonía con los partidos políticos. Incluso, con el desacuerdo de fondo, hablamos entonces con el PP. Con las formaciones políticas de izquierda, de centro o más liberales existen una fluida relación que se traduce en iniciativas parlamentarias y, en cada convocatoria electoral, en la presentación de propuestas, el análisis de sus programas y una recomendación de voto que en las elecciones del año 2004 se convirtió, por primera vez en unas elecciones generales, en una petición expresa de no votar al Partido Popular. Pero más allá de las relaciones institucionales, se ha producido un hecho muy significativo: un reducido pero irreductible número de activistas que pertenecían o se incorporan a partidos políticos como el PSOE, Izquierda Unida o Iniciativa per Catalunya y comienzan a sembrar el discurso LGTB. Y la semilla germinará; no de manera inmediata, pero sí en los años sucesivos.

Otros acicate para la reivindicación de cambios legales es la larga lista de sentencias y autos judiciales que apuntan contradicciones entre el principio de plena igualdad, de dignidad o de protección a un concepto plural de familia y la realidad legislativa vigente. En materia de herencias, emigración, adopción, seguros, protección sanitaria, pensiones... van goteando resoluciones de jueces que son netamente favorables a nuestros planteamientos y reclaman una regulación de una realidad que existe y que, en ese momento, es invisible ante la ley. Las asociaciones convertimos cada decisión judicial en un elemento más del debate social y así conseguimos avanzar en nuestra estrategia. Un paso más allá en esta línea de activismo fue la presentación ante el Registro Civil (aún con el Partido Popular en el gobierno) de tres solicitudes de matrimonio (en Madrid, Pedro Zerolo y Jesús Santos, Beatriz Gimeno y Boti García Rodrigo y en València, Toni Poveda y Miguel Ángel Fernández) con la intención de hacer llegar el asunto al Tribunal Constitucional y poner en cuestión, de ese modo, la constitucionalidad de un código civil cuya aplicación entraba en colisión con los principios de igualdad y dignidad. Pero en 2004, hay un inesperado vuelco electoral, las izquierdas son mayoría y se abre una oportunidad que aprovechamos para retomar nuestra agenda legislativa. Y llegó la reacción: era el fin de la familia, España se rompía, el PP y los obispos en las calles bramaban e insultaban (confieso que, junto a unos compañeros, asistí a una de aquellas manifestaciones del Foro de la Familia, quería ver con mis ojos el epicentro del odio y la homofobia; fue espeluznante). El PP, para sorpresa de nadie, recurrió en 2005 el matrimonio igualitario ante el Tribunal Constitucional y este avaló la reforma, por fin, en 2012. Es un sarcasmo de la historia ver como los mismos que se opusieron corrieron luego a casarse y a disfrutar de unos derechos que siempre trataron de impedir.

Y todo ese trabajo empieza a verse reflejado en la explosión multitudinaria que se produce en las marchas del Orgullo, con el esfuerzo de coordinación de calendarios y la implicación de muchas de las organizaciones de todo el país; con la definición del mensaje político de cada año; la experiencia de las manifestaciones por la Ley de parejas de hecho; la colaboración del empresariado aliado; el apoyo y la participación de líderes sindicales, políticos y sociales de primer orden; y la asistencia masiva de centenares de miles de personas que hacen que sea una cita de visibilidad, celebración, protesta y de recarga de energía y legitimidad para seguir trabajando por la igualdad social y legal. Descubrimos que la reivindicación no está reñida con la alegría.

Todos estos factores nos explican mejor qué conmemoramos ahora. No sería riguroso decir que todo formaba parte de un plan premeditado, pero lo cierto es que, con cierta perspectiva temporal, se ve bastante coherencia en todo lo realizado. La acción sobre la opinión pública y el nivel de hegemonía social y cultural que alcanzamos, la explotación de las sentencias judiciales, la creación de amplias redes sociales de complicidad con agentes institucionales, sociales y privados, la interiorización por parte de los partidos políticos de nuestro discurso, las cultivadas relaciones con los medios de comunicación, con el ámbito universitario y cultural, la coordinación flexible y eficaz del tejido asociativo del activismo, son, al final, elementos de una estrategia que, tal vez, nunca fue escrita pero sin duda sí fue ejecutada, con emoción, con nervios, con apuestas personales muy fuertes. Sin duda, esta es una historia de éxito y debemos celebrarla como sociedad.

Y, a pesar de su importancia, las conquistas legales son un paso necesario pero no suficiente. En todos estos años hemos avanzado en ámbitos como la educación, la sanidad, las políticas familiares, el deporte… pero también estamos viviendo recortes legales promovidos por el PP y la ultraderecha de VOX contra las personas trans, censurando la educación sexual, permitiendo terapias de conversión o escondiendo libros de temática LGTBI, mientras resurge una LGTBIfobia institucional y legal en Estados Unidos, Argentina, Hungría, Polonia o Italia.

Parafraseando a Zerolo, hemos conquistado derechos, los disfrutamos y, ahora, hay que defenderlos. Y habrá que organizarse (ya lo decía Gramsci: “las ideas no viven sin organización”): lo hicimos para lograrlos y, ahora, para impedir cualquier involución y seguir avanzando. En el fondo, nuestra experiencia es un ejemplo más de algo muy antiguo: la razón y el laicismo contra el fundamentalismo y el dogmatismo; frente a la represión y el odio que propugnan los de siempre, libertad, igualdad y fraternidad.