El caso del subsecretario que esgrimió un cuchillo contra su mujer

El PP decidió unilateralmente quitar la referencia a la “violencia machista” de la pancarta institucional de las Corts Valencianes y dos días después destituyó a un subsecretario del Gobierno autonómico precisamente porque había sido condenado por violencia de género. En ambos casos la causa fue Vox, formación de extrema derecha que niega la existencia de ese tipo de violencia. Con esa formación han establecido los populares un bipartito pactado, por cierto, con un dirigente ultra, ahora diputado en el Congreso, que también tiene en su historial una condena de ese tipo.

La derecha impuso sin consenso en el Parlamento valenciano que la pancarta tras la que se concentran los diputados y las diputadas cuando hay algún crimen machista sea “no a la violencia contra las mujeres”, un lema que no hubiera suscitado la crítica que ha recibido de los partidos de la oposición, el PSPV-PSOE y Compromís, si no fuera porque el objetivo del cambio es permitir que Llanos Massó, la ultracatólica que preside las Corts Valencianes, deje de situarse al margen, con los parlamentarios de Vox, en esas concentraciones. Y no porque hayan cambiado de opinión, ni ella ni su partido, sino porque el nuevo lema les ofrece un camuflaje que la alusión explícita de rechazo a la “violencia machista” no permitía.

La ultraderecha niega que aquella que se ejerce sobre mujeres por parte de quienes están o han estado ligados a ellas por relaciones de afectividad (parejas o exparejas) sea violencia de género. Sostiene que existe una “violencia doméstica” o “intrafamiliar” para no reconocer su origen en la desigualdad, la subordinación y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres y, lo que es peor, para negar la gravedad de la incidencia que tiene en nuestra sociedad. Como ya hemos dicho, el PP valenciano proporcionó a Vox un camuflaje cuyo propósito es que no se ponga en evidencia cada vez que hay que lamentar desde las instituciones un crimen machista que su partido aliado es tan retrógrado.

Eso fue el martes, pero el jueves el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, convocó de urgencia un pleno del Consell en el que se destituyó fulminantemente al subsecretario de la Conselleria de Justicia, un tal Luis Manuel Martín Domínguez, porque ese mismo día la titular de la cartera, Elisa Núñez, de Vox, le informó de que el personaje, un funcionario de prisiones cuyo fichaje vino indicado desde la dirección en Madrid del partido que lidera Santiago Abascal, tiene a las espaldas una condena por violencia de género. La referencia explícita a este tipo de violencia por parte de la portavoz del Gobierno valenciano, Ruth Merino, del PP, en la rueda de prensa posterior que ofreció junto a la consellera de Justicia, de Vox, llevó a los periodistas a formular a esta última una pegunta obvia. ¿Si su partido niega la existencia de la violencia de género, por qué se destituye al subsecretario por una condena de ese tipo? Después se sabría que fue condenado en 2011 a once meses de alejamiento tras amenazar ante un hijo a su esposa con un cuchillo.

La respuesta de Elisa Núñez fue que la destitución se produce “en el marco del acuerdo de gobierno del PP y Vox”. Una forma rocambolesca de justificar la contradicción evidente de que se fulmine a un condenado por violencia de género en el Gobierno valenciano mientras Carlos Flores, que fue cabeza de lista de Vox en las autonómicas y, después, número uno en la elecciones generales, ocupa su escaño de diputado en el Congreso pese a su condena de un año de cárcel en 2002 por haber ejercido violencia psíquica habitual sobre su exmujer, a la que gritó “ladrona, secuestradora de niños, dueña de calabozo, puta”. Si es por Vox, los condenados por maltrato son válidos para la política. Al juntar a Vox con el PP, sin embargo, se les destituye sin contemplaciones. Bien por el partido que lidera Carlos Mazón en su rápida reacción y muy mal a la vez, porque la toxicidad de sus socios no puede esconderse tras el cambio de lema en una pancarta ni se puede redimir con el ejercicio del poder. En el Gobierno que el PP comparte con la extrema derecha, durante unos meses ha sido un maltratador subsecretario de la Conselleria de Justicia, entre cuyas funciones está la atención a las víctimas de violencia machista. Y no es una anécdota, sino un síntoma.