Elogio de la sanidad pública

Nadie me informó del coste de aquel tratamiento. Durante los ocho meses de quimioterapia, a razón de una sesión cada tres semanas, sólo recibí atenciones y cuidados por parte de las excelentes profesionales del Hospital Clínico de Valencia. Y sólo ahora, cuando la cosa parece haber salido bien, decidí preguntarlo: “15.000 euros, porque tu cáncer no era de los más complicados entre el total de 280.000 que se diagnostican cada año”.

Esa misma tarde, cuando explicaba a mis alumnos las características de nuestro mercado de trabajo, hice el cálculo: esos 15.000 euros equivalen al 81% del salario bruto mayoritario en nuestro país que, según la última Encuesta Anual de Estructura Salarial  es de 18.480,19 euros anuales. 

Y trascendiendo de la anécdota personal a la categoría colectiva, la cuestión conecta con el actual debate público sobre fiscalidad, presupuestos del Estado y modelos de gestión sanitaria, cuando se cumplen cuarenta años del cambio político que inició la construcción del Estado del Bienestar en nuestro país.

El primer Gobierno presidido por Felipe González, tras el espectacular triunfo electoral del 28 de octubre de 1982, tuvo como ministro de Sanidad a Ernest Lluch (catedrático de economía en la Universidad de Valencia desde 1974, asesinado por ETA en noviembre de 2000), quien asumió el objetivo de crear un sistema nacional de salud universal, gratuita y de calidad, en cumplimiento del correspondiente compromiso constitucional (artículos 43 y 49 de la Carta Magna).

La inversión en sanidad representaba entonces sólo el 4,11% del PIB (equivalente a 140 euros por habitante) y su cobertura era del 84,5% sobre la población total, quedando más de seis millones de personas sin asistencia sanitaria pública.

Durante tres años, el equipo de Lluch diseñó el nuevo sistema, siguiendo el modelo fundacional británico (cobertura universal, financiación vía impuestos, gestión pública), en el marco de una campaña de oposición feroz (similar a la que treinta años después bloquearía en parte el Obamacare en Estados Unidos), financiada por importantes empresas farmacéuticas y de seguros privados, con implicación de la CEOE y de la Organización Médica Colegial.

Finalmente, el 7 de noviembre de 1985 el Congreso de los Diputados aprobó, con la oposición de Alianza Popular, la que será conocida en adelante como Ley 14/1986 General de Sanidad, cuyo artículo 1.2 establecía que “son titulares del derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional”.

Su aplicación conseguiría corregir, en un corto período de tiempo, viejas y profundas desigualdades sociales, sustituyendo como fuente de financiación las cotizaciones laborales por los impuestos fiscales y vinculando la protección sanitaria universal y gratuita a la propia condición de ciudadanía, pese a los retrocesos, recortes, copagos y privatizaciones impuestas posteriormente por los gobiernos de Aznar (Ley 15/1997) y Rajoy (Real Decreto-Ley 16/2012), actualmente en proceso de reversión definitiva.

Nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) se ha consolidado como el pilar fundamental del Estado de Bienestar, con una cobertura universal en términos cuantitativos, al tiempo que merece una valoración cualitativa notable por parte de la población.

Según el último informe anual del SNS , en 2021 se registraron un total de 502,7 millones de consultas (atención primaria, hospitalaria, urgencias), atendidas por 485.000 profesionales sanitarios y 325.000 auxiliares, con un gasto público de 88.063 millones de euros (1.859 euros por habitante y año), lo que en términos relativos (7,85% del PIB) dobla prácticamente la dotación anterior y nos aproxima a la media europea en la materia (8,02%), aunque aún lejos de Alemania (10,9%), Francia (10,3%) o Suecia (9,8%).

La expansión y sostenibilidad del sistema, junto con la de los demás servicios públicos, se basa en una política fiscal progresiva y redistributiva,  siendo la articulación entre impuestos y servicios lo que constituye el contrato social básico de las sociedades democráticas modernas, en las que el Estado garantiza los derechos y libertades individuales, cada ciudadano contribuye según su capacidad y recibe según su necesidad. La eficiencia técnica y equidad social de dicho modelo impugnan en la práctica el recurrente mantra neoliberal de reducción generalizada de impuestos (especialmente a los más ricos, of course!).

Pese a la algarabía de la derecha política, económica y mediática, la presión fiscal en España (recaudación de impuestos y cotizaciones sociales) sigue siendo inferior (39,0% sobre PIB) a la media de la UE (41,7%), habiendo experimentado una significativa evolución (ampliación/reducción del diferencial) durante los gobiernos del PP y del PSOE respectivamente, como acredita la serie histórica de Eurostat.

La reciente pandemia ha puesto de manifiesto la importancia y valoración de la sanidad pública para el conjunto de la ciudadanía y desvelado las carencias del sistema, lastrado por anteriores recortes, que colapsaron inicialmente la gestión de la extraordinaria demanda asistencial (13,5 millones de contagios, más de 600.000 hospitalizaciones) generada por la COVID.

Por su parte, el Barómetro sanitario del CIS, correspondiente a marzo de este año da cuenta de la alta valoración del sistema sanitario público (el 71,5% de los usuarios afirma que funciona muy o bastante satisfactoriamente), asignándole una nota de 7,43 a la atención primaria, de 7,62 a la especializada y del 8,23 a la hospitalaria, al tiempo que critican los déficits de personal (se acaban de estabilizar 67.300 plazas de interinos pero faltan 95.000 enfermeras para equipararnos a la media europea por habitante) y la demora en las listas de espera (de 64 días en consulta especializada y 145 en intervención quirúrgica). Se trata, con mucho, del sistema público mejor valorado por los españoles, muy por encima del educativo, judicial, de servicios sociales, etc., como se desprende del estudio sobre opinión pública y política fiscal del mismo Centro de Investigaciones Sociológicas.

Y recuperando, de nuevo, el registro personal para cerrar estas reflexiones, quiero hacer constar mi agradecimiento a la sanidad pública, por hacer realidad lo que evocan los versos finales de un hermoso soneto de Lope de Vega: “…creer que un cielo en un infierno cabe / eso es amor, quien lo probó lo sabe”.