El policía imputado niega agresiones a inmigrantes en el CIE de Zapadores

Un policía ha declarado esta mañana ante el juzgado de instrucción número 4 de Valencia en calidad de imputado por un delito de agresiones a cinco menores argelinos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores -en Valencia- en 2012. Durante la declaración, el agente ha negado los hechos de los que se le acusa y ha rechazado contestar las preguntas de la letrada de los denunciantes.

En este sentido, la abogada ha cuestionado cómo es posible que no se detectara ninguna incidencia y, después, cinco personas denunciaran agresiones, constatadas por informes médicos, y ha preguntado por qué se adelantaron las expulsiones de los internos a su país de origen. Por otra parte, el juzgado tiene pendiente pronunciarse sobre otras diligencias de investigación, como el reconocimiento del imputado por parte de las víctimas.

Reapertura del caso

En un principio, el juzgado, que no llamó a declarar a los policías que estaban de servicio, archivó el caso y las víctimas fueron expulsadas sin que se les tomara declaración, pero, más adelante, la Audiencia de Valencia admitió el recurso de apelación de las víctimas, al considerar que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de torturas del artículo 174 del Código Penal, obligando al juzgado a reabrir el caso y a practicar diligencias de investigación.

Desde la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEsNO), valoran de forma muy positiva la actuación del juzgado después de que la audiencia provincial ordenara la reapertura, así como la decisión de continuar investigando los hechos denunciados y a los autores de las presuntas agresiones. Además, reclaman que cuando se produzcan denuncias tan graves se paralicen las expulsiones de las víctimas y los testigos hasta que se esclarezcan los hechos.

Por último, desde Cie’s No, siguen exigiendo el cierre de estos centros “cuya mera existencia vulnera los Derechos Humanos, así como el fin de la represión que viven las personas migrantes en el Estado Español en situación irregular, que, por esta falta administrativa, equivalente a una multa de tráfico, pueden acabar encerradas en estos espacios de la vergüenza”.