154 centros escolares educativos todavían tienen estructuras de fibrocemento
La sentencia número 426/14 de Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) ha obligado a la consellera de Educación, María José Català, a facilitar a la síndica de Esquerra Unida en Les Corts Valencians, Marga Sanz, la relación completa de colegios públicos que tienen instalaciones con fibrocemento -material construido por una mezcla de cemento y fibras de refuerzos en el que se incorporaba amianto en una proporción de hasta el 25%, prohibido desde 2002 en España-.
Sanz considera “sumamente preocupante” que 154 colegios tengan instalaciones con fibrocemento, lo que “podría suponer, en el caso de su deterioro, un auténtico peligro para el alumnado y para los trabajadores de estos centros”. Esquerra Unida reclama a Català la confección de un registro concreto de los centros, donde aparezca el grado de peligrosidad que tienen estas estructuras, así como que se establezca un plan de actuación urgente para sustituirlas.
La coordinadora general de Esquerra Unida ha manifestado que “ahora empezamos a saber los motivos de la opacidad de la consellera”. Desde EU, apunta la diputada autonómica que “tuvimos que interponer un recurso ante el TSJCV porque Català no quería entregarnos esta información, y ahora ya sabemos por qué”.
Sanz ha anunciado que registrará una nueva batería de preguntas y solicitudes, así como también exigirá un registro público con una relación completa de las instalaciones con fibrocemento y el grado de peligrosidad. Además, ha recordado la diligencia de investigación penal sobre el caso del CEIP Ciudad de Bolonia, con fecha de 6 de agosto de 2013, en la que el teniente fiscal advertía a la Consejería de Educación que si ésta no actuaba podría haber “responsabilidades penales”. Igualmente, la parlamentaria autonómica ha hecho referencia al caso del Instituto Rey Jaume I de Alzira, donde tres alumnos resultaron heridos en diciembre de 2012 debido a un derrumbe del techo.
La síndica de EU ha insistido que ya son “seis las veces que el TSJCV nos ha dado la razón dejando en evidencia la absurda opacidad de la conselleria de Educación. Català usa a los letrados de la Conselleria para una causa que, claramente, ya está perdida antemano. Seis sentencias del TSJCV demuestran que la consejera no está amparada para ocultar información pública a la oposición”, ha añadido Sanz quien también considera que la información pública “es de todos, no es propiedad ni de Maria José Català ni del Partido Popular. Y en este caso, todavía es más grave, cuando se trata de información tan preocupante”.
