El Tribunal Constitucional avala el decreto valenciano que amplía la compra de vivienda pública y rechaza el recurso del PP

El Tribunal Constitucional avala el decreto para la ampliación del parque de vivienda público en la Comunidad Valenciana mediante el derecho de tanteo y retracto. El órgano de garantías rechaza el recurso interpuesto por el Partido Popular, con la senadora valenciana Salomé Pradas a la cabeza, que pidió la nulidad del decreto por considerar que no se daban las razones de urgencia para intervenir el mercado de vivienda y que la Generalitat Valenciana invadía competencias estatales.

La norma, impulsada por el exvicepresidente segundo de la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau, regula el derecho preferente de la Administración pública en las operaciones inmobiliarias. Esto se traduce en que la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos tienen prioridad para adquirir inmuebles cuando salen al mercado, que pueden decidir si los adquieren antes que los agentes privados, en los municipios con carencias severas de vivienda. El decreto tiene sus bases en la emergencia habitacional y en el derecho constitucional a la vivienda y los inmuebles adquiridos pasan a tener consideración de vivienda pública. Hasta ahora, el Ejecutivo podía intervenir en operaciones que implicaran vivienda protegida, de promoción pública o privada.

El fallo del Tribunal Constitucional se produjo en el pleno del 22 de febrero, rechazando la petición de los 53 senadores del Grupo Parlamentario Popular, entre los que se encuentra el expresidente de la Generalitat Alberto Fabra. El Alto Tribunal considera que la Generalitat Valenciana y el Parlamento autonómico exponen de forma razonada las dificultades de la población vulnerable para acceder a una vivienda. “El Gobierno ha identificado, de manera explícita y razonada, que concurre una singular situación de extraordinaria y urgente necesidad en relación con el acceso a la vivienda”, apunta la resolución y desestima las causas de invasión competencial.

El vicepresidente segundo de la Generalitat y actual conseller de Vivienda, Héctor Illueca, ha celebrado el fallo este lunes. El decreto ha permitido adquirir más de 800 viviendas en 76 municipios, más de la mitad de las adquisiciones totales. Illueca destaca que a través de esta herramienta, que ha permitido comprar edificios por un euro, el precio ha sido notablemente más bajo que con otros instrumentos: “El precio medio de adquisición vía tanteo y retracto es de 56.000 euros por vivienda, un 10% menos que las compradas por adquisición directa y un 35% más baratas que las adquiridas vía concurso”, señala el número tres del Consell. La decisión, ha insistido, “es una muy buena noticia para el Gobierno valenciano que demuestra que, contra las presiones de los poderes económicos y sus testaferros, en las instituciones también se puede hacer políticas sociales para aquellas personas que peor lo están pasando y que más necesidades tienen”.

El dirigente de Podemos en la Comunitat Valenciana y candidato a la presidencia de la Generalitat ha abordado la cuestión en una reunión con la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, también secretaria general de Podemos. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha destacado las políticas de vivienda que está impulsando la vicepresidencia segunda y que considera “una referencia para todo el Estado y para todos los progresistas que quieren hacer política de vivienda para la gente”. La dirigente asegura que es necesario “poner límites y atar en corto a los fondos buitre” porque es necesario “ponerles freno a través de ambiciosas normativas como las que se han hecho aquí”.

Sobre el recurso del PP, el dirigente de Podemos se ha mostrado severo: los 53 senadores “se han comportado como un grupo de lobistas que no defienden el interés general, sino el interés de los fondos buitre y de las entidades financieras que maniobran cada día para impedir la construcción de un sistema público de vivienda”. Y ha añadido: “A la vista del comportamiento de este grupo de lobistas, que se han comportado como mamporreros de grandes firmas inmobiliarias y de fondos de inversión, sería bueno conocer el origen de los fondos que van a invertirse en la próxima campaña electoral”.