Querella contra el Estado español por los casos de bebés robados en el franquismo

Una de las afectadas por el escándalo de los bebés robados en la época franquista ha decidido presentar una querella contra el Estado español. Este viernes 23 de febrero la ha presentado María José Picó ante los juzgados de Instrucción de Alicante por delitos de detención ilegal, secuestro con desaparición, falsedad, crimen de desaparición forzada, todo ello en un contexto de crímenes contra la humanidad. Picó denuncia la desaparición de su hermana melliza en marzo de 1962 en el Hospital General de Alicante.

En una conferencia de prensa convocada en Alicante por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (CEAQUA), la mujer ha anunciado la querella y ha explicado sus motivos. Según ha explicado, los padres nunca vieron el cuerpo de la niña supuestamente fallecida. En 2012 y 2013, dentro de la investigación realizada por la Fiscalía de Alicante, se realizaron sendas exhumaciones y en ninguna de las dos ocasiones se encontraron restos que, una vez realizados los análisis de ADN, tuvieran coincidencia genética con la familia. A pesar de esta evidencia, el caso fue archivado.

“El crimen que es objeto de denuncia se contextualiza en el ‘robo de bebés’ que se perpetró durante toda la dictadura franquista”, explica CEAQUA. “En concreto, en la época en que desaparece la melliza de la querellante, los bebés desaparecían de los centros hospitalarios a los que iban las embarazadas, a quienes se les decía que su hija o hijo había muerto. La ideologíanacionalcatólica de regeneración del espíritu nacional justificaba estos hechos para reubicar a los bebés en 'familias de bien'. Decenas de miles de mujeres, sin derechos ni libertades, convertida la maternidad en su destino por el nacionalcatolicismo, vieron desaparecer sus bebes poco después de darlos a luz”.

Según la querella, “ginecólogos, obstetras, enfermeras (religiosas o no), párrocos, funcionarios de distintos sectores y mujeres de la élite que regentaban pisos de jóvenes embarazadas son algunas de las figuras que se arrogaron el derecho de decidir qué familias eran óptimas para criar bebés, sabiéndose impunemente protegidas por el silencio cómplice, el consentimiento, la aquiescencia y, al menos en algunos casos, la colaboración activa del Estado franquista, régimen criminal por excelencia”. 

“La participación del Estado se produce”, indica CEAQUA, “dependiendo del momento histórico, bien directamente bien mediante el consentimiento, la ocultación, apoyo y aquiescencia al posibilitar la continuidad haciendo caso omiso de los crímenes, lo cual se refleja en las escasísimas investigaciones de estos casos o, cuando las ha habido, en la ausencia de la debida diligencia”.

Tras recordar que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha reiterado en numerosas ocasiones al Estado español la necesidad de investigar de manera exhaustiva estos crímenes y que el propio Parlamento Europeo emitió un Informe en noviembre de 2017 con 31 recomendaciones para hacer efectiva la labor que tiene que realizar el Estado español, una labor que todavía hoy está por hacer, la coordinadora lamenta que “hasta ahora la Ley de Memoria Democrática no ha facilitado la apertura de las causas penales de los criminales franquistas”. “Nos encontramos”, añade, “ante crímenes de derecho internacional impunes, no investigados ni enjuiciados judicialmente en el Estado español, incumpliéndose de esta forma el mandato y las obligaciones internacionales que se han contraído al respecto”.