Amenazada de expulsión otra mujer colombiana sin permiso de residencia que denunció ante la Policía la pérdida del pasaporte

Ha vuelto a suceder. La Policía Nacional ha citado a una ciudadana de nacionalidad colombiana que se presentó en la comisaría para presentar una denuncia para sancionarla por estar en situación administrativa irregular en España, tal y como ha denunciado València Acull. La ONG recuerda que el Defensor del Pueblo condenó esta práctica porque provoca indefensión jurídica de la víctima.

Según relata València Acull, la mujer acudió a dependencias policiales, en la localidad valenciana de Xirivella, el pasado 15 de noviembre a denunciar el extravío de su pasaporte en la vía pública. Tras identificarse con su cédula de identidad de Colombia, un agente le pidió que esperara para consultar su “situación”.

Poco después, explican, le entregaron una citación para que se presentara ante la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional “en relación a su situación en España”. Habitualmente, relatan desde la ONG, en estas citas se incoa un procedimiento de sanción por estancia irregular que conlleva la expulsión o una multa de 501 a 10.000 euros. Tras la firma de la citación, y ante la pregunta de si iba a ser deportada, los agentes le respondieron que estudiarían su caso, pero que si no se presentaba a la citación, sería detenida y deportada a los tres días.

Desde hace años, tal y como comenta València Acull, el Defensor rechaza este tipo de actuación policial porque “tiene claramente un efecto disuasorio que pone en peligro la actividad punitiva del Estado, y constituye una quiebra del principio de equidad, de proporcionalidad y de seguridad jurídica”. 

Además, insisten en que el Relator de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas migrantes exige que las víctimas “sean regulares o irregulares, tengan garantizado el derecho a recurrir a los tribunales y otros operadores de justicia para proteger sus derechos humanos y evitar la impunidad”; y la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito, la Directiva 2012/29/UE sobre protección de las víctimas de delito y la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa “establecen la protección jurídica de todas las víctimas”. 

Sin embargo, matiza la ONG que en España, las personas en situación irregular “no pueden pisar una comisaría sin miedo a salir con una propuesta de expulsión en su contra por parte de la Policía”.

Casos similares

El pasado mes de septiembre se produjo una situación similar en la ciudad de València, cuando otra ciudadana de origen colombiano sin permiso de residencia y con cita para pedir asilo en España fue retenida en dependencias policiales durante 20 horas y propuesta para la misma sanción (expulsión o multa de 501 a 10.000 euros por estancia irregular) cuando se presentó a denunciar el hurto de su pasaporte.

Finalmente, la Delegación del Gobierno archivó la propuesta de expulsión al considerar que no concurrían “elementos negativos o agravantes que justifiquen la proporcionalidad de dicha propuesta”.