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La Universitat de València, sobre la censura en la historia de Miguel Hernández: “Es una limitación injustificable de la libertad de expresión, investigación y cátedra”

Miguel Hernández arengando a las tropas en la Batalla de Extremadura (1937)

Laura Martínez

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Antonio Luis Baena Tocón. El del verdugo del poeta Miguel Hernández es el nombre más repetido en medios de comunicación y redes sociales de las últimas 48 horas. Todo por un efecto streisand casi de manual: La Universidad de Alicante aceptó la petición de un familiar del secretario judicial del consejo de guerra que condenó al artista de Orihuela para borrar su nombre de la página web de la institución, una “censura” que encontró rápida respuesta.

Si hace apenas un día los historiadores clamaban contra el borrado y lo calificaban como un “impedimento para estudiar el franquismo”, este jueves ha sido otra institución, la Universitat de València, quien ha condenado la acción del ente alicantino. A través de un comunicado, el Aula de Historia y Memoria Democrática de la Universitat de València considera que la censura “constituye una limitación injustificable de la libertad de expresión, la libertad de investigación y la libertad de cátedra”.

La agrupación de profesores e investigadores en Memoria Democrática considera que la acción de la Universidad de Alicante “significa una intromisión de instancias no estrictamente académicas de una universidad en la actividad científica de un miembro de su personal docente e investigador; cuyos resultados cercena de forma arbitraria atendiendo a argumentos no científicos y en contra de la oposición expresa del propio profesor”. Asimismo, creen que “introduce una distorsión en todo lo relativo a las investigaciones sobre el pasado reciente, pudiendo implicar un precedente nocivo para líneas de estudio consolidadas y de reconocido prestigio”.

El departamento universitario se muestra preocupado por las derivaciones que pueda tener la extensión de la práctica y ven un conflicto entre el derecho al olvido y la necesidad de una sociedad de conocer su pasado. “El supuesto derecho individual al olvido de una persona fallecida nunca puede ser superior, ni mucho menos imponerse, negar o coartar el derecho –cuando no incluso el deber– colectivo de toda una sociedad democrática al conocimiento histórico, la memoria, la justicia y la reparación”, sentencian.

Miguel Hernández fue condenado a muerte en 1940 y murió de tuberculosis en una prisión en 1942. El hijo de Baena Tocón defiende que en los artículos del catedrático a quién se le ha impuesto el borrado, su padre es presentado como “un verdugo y fue una víctima más”.

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