El Ministerio de Transición Ecológica, relegado al periodo de alegaciones en la decisión sobre la validez del informe ambiental de la ampliación del Puerto de València

“La participación, en su caso, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en relación con la validez de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la ampliación del Puerto de Valencia deberá instarse, una vez analizado el anteproyecto definitivo que incorpore las modificaciones introducidas tras el proceso de participación ciudadana, durante el periodo de exposición pública”.

Así reza la respuesta del Gobierno al senador valenciano de Compromís, Carles Mulet, en relación a la pregunta planteada sobre si Puertos del Estado va a pedir algún tipo de informe o pronunciamiento al Ministerio de Transición Ecológica, como máxima autoridad competente en materia de evaluaciones ambientales, para tenerla en cuenta a la hora de dictaminar si la DIA del año 2007, basada en proyecto radicalmente diferente, sigue vigente y ampara al que ahora se pretende impulsar.

Para Mulet, la respuesta del Gobierno es “decepcionante” y denota que están “escurriendo el bulto”, además de “una cierta tensión interno dentro del propio Gobierno, puesto que hay quien justifica este proyecto, otros que no se mojan, otros que parece que están muy en contra y no vemos un posicionamiento claro de lo que debería ser la tramitación de esta ampliación”.

La respuesta deja claro que la principal autoridad del Estado en materia ambiental, en un contexto de emergencia climática declarada por el mismo Gobierno, quedará relegada al periodo de alegaciones.

De momento, Puertos del Estado sigue sin pronunciarse pese a que ya han pasado 15 días del plazo anunciado por el presidente de la Autoridad Portuaria de València, Aurelio Martínez, para hacer público el dictamen, lo que alimenta las dudas sobre el visto bueno al polémico proyecto.

“Espero que cumplan con la palabra, se lo voy a recordar al presidente de Puertos del Estado”, advirtió Martínez refiriéndose a que antes del 30 de noviembre tenía que haber un pronunciamiento.

Al mismo tiempo, el próximo mes de enero finaliza la prórroga de cuatro meses que el consejo de administración de la APV aprobó el pasado mes de septiembre solicitada por TIL, filial de MSC y única compañía que opta a la construcción y gestión de la nueva terminal proyectada en la polémica ampliación norte.

El objeto de la prórroga era la revisión del anteproyecto con el objetivo de que pueda estudiar técnicamente las modificaciones realizadas por la supresión de la prolongación del dique y el dragado del canal (no ampliación de 500 metros del dique Norte y no dragar hasta los -22 metros) realizados tras estudiar las alegaciones presentadas al proyecto.

De esta forma, la adjudicación de la concesión a la compañía no se producirá antes de enero y queda condicionada a que Puertos del Estado dictamine si la DIA de 2007 es válida o si bien es preceptivo realizar una nueva tramitación que tenga en cuenta las modificaciones que ha sufrido el proyecto. De retrasarse este dictamen más allá de enero, el futuro de la ampliación sería una incógnita, ya que no se podría llevar a cabo la adjudicación, salvo que se aprobara otra prórroga.

Principales cambios sobre el proyecto original

La nueva terminal de contenedores implica la creación de un muelle de 137 hectáreas de superficie y dos kilómetros de largo. Uno de los cambios más significativos que incluye el nuevo proyecto con respecto al que obtuvo la DIA en 2007 es el ubicación de la nueva terminal de contenedores, que se traslada al actual dique de abrigo, lo que incrementará el impacto paisajístico desde las playas de El Cabanyal y la Malva-rosa.

Esto a su vez obliga a trasladar la terminal de cruceros de su actual ubicación mar adentro a los astilleros de Boluda, junto al barrio de Natzaret, con el impacto ambiental que conlleva en materia de emisiones.

Además, se prevé un el incremento de materiales de relleno en cuatro millones de metros cúbicos para la futura terminal de contenedores.

La ampliación supondría también de forma indirecta la ejecución de un nuevo acceso norte para dar entrada y salida al previsible aumento de vehículos pesados, un impacto que tampoco evalúa la DIA de 2007.