La posible nulidad de la permuta en la concesión de Boluda deja en el aire una fase de la ampliación del Puerto de València

La polémica ampliación norte del Puerto de València ha dejado dos grandes beneficiados tras las modificaciones realizadas por el actual presidente de la Autoridad Portuaria (APV), el socialista Aurelio Martínez, con respecto al proyecto original del PP que obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable en 2007.

El cambio de ubicación de los futuros muelles, que con el nuevo proyecto se anclarán a los actuales diques de abrigo, implica el traslado de la terminal de cruceros de esa zona norte a la de los astilleros de la antigua Unión Naval, empresa del presidente del lobby valenciano AVE (Asociación Valenciana de Empresarios), Vicente Boluda, quien además es miembro del consejo de la APV.

Este movimiento implicó en primer lugar el rescate de la concesión de la Unión Naval que ya no se utilizaba y cuyo contrato expiraba en 2027. A cambio, la APV aprobó una compensación al empresario mediante otra concesión de 35 años para construir dos torres de oficinas de 13 pisos. Boluda ya era miembro del consejo del Puerto cuando se aprobó esta operación, aunque no está confirmado si participó en la votación.

El segundo beneficiado por este cambio ha sido Baleària, única empresa que se presentó al concurso para construir la nueva terminal de pasajeros en los mencionados astilleros, mucho más cerca del casco urbano de la ciudad.

Baleària, con sede en Dénia, se ha convertido en una de las principales empresas de la Comunitat Valenciana y es un ejemplo de gestión, liderada por su presidente Adolfo Utor. Además, el exalcalde de Gandia y exasesor del presidente Ximo Puig, José Manuel Orengo, abandó el gabinete de Presidencia en octubre de 2018 para entrar en la naviera como director corporativo de Expansión.

Toda esta operación puede quedar en el aire a partir del próximo martes cuando Martínez propondrá al consejo de administración de la APV la incoación de procedimiento de lesividad contra las resoluciones del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) sobre el rescate de concesiones de Unión Naval de Valencia SA, tal y como ha avanzado elDiario.es.

La declaración de lesividad, o declaratoria de lesividad, es un trámite por el que una entidad administrativa considera dañino para los intereses públicos o generales un acto previamente dictado por ella misma, con el fin de poder solicitar su anulación ante la justicia.

Es el requisito previo para la impugnación del ente ante la jurisdicción contencioso-administrativa y su declaración de anulabilidad. Los actos emanados de la Administración Pública pueden ser considerados por la propia Administración lesivos para el interés público, motivo por el que ésta debe enmendar su propia actuación.

Según ha everiguado este diario, la maniobra de incoar este procedimiento viene motivado por un informe de la Intervención que pone reparos al rescate que además está siendo objeto de investigación en el Tribunal de Cuentas, hasta el punto de que la Fiscalía de este organismo apreció posible responsabilidad contable.

La aprobación del procedimiento de lesividad, que con toda seguridad implicará la nulidad del rescate de la concesión de Boluda a cambio de otra concesión, sería una forma de que el consejo de administración de la APV se cubriera las espaldas de cara a posibles consecuencias penales, pero al mismo tiempo dejaría a Martínez en una situación de credibilidad muy delicada.

En cuanto a la situación de la terminal de cruceros, habría que iniciar un nuevo expediente para recuperar la concesión del presidente de AVE con el objetivo de poder trasladar la terminal de cruceros adjudicada a Baleària, lo que llevaría varios meses de tramitación y supondría por tanto nuevos retrasos para aprobar la ampliación norte.

Una denuncia de los vecinos y ecologistas opositores a la ampliación

La apertura de la investigación del Tribunal de Cuentas que origina esta situación viene como cosecuencia de una denuncia de la Comissió Ciutat-Port, el colectivo que más oposición está haciendo contra la ampliación portuaria integrado por entidades como la Associació de Veïns y Veïnes de Natzaret, Acció Ecologista-Agró, Associació de Veïns y Veïnes Grau-Port, Per l'Horta y Ecologistes en Acció.

El Tribunal considera que el rescate de la concesión de una empresa de Vicente Boluda a cambio de otra concesión para otra compañía del mismo empresario “podría constituir un concreto menoscabo en los fondos públicos susceptible de dar lugar a la existencia de responsabilidad contable por alcance, en los términos acuñados en el artículo 72 de la LFTCu”.

Entre otras cuestiones, los denunciantes consideran que el expediente por el que se aprueba el rescate de las antiguas concesiones de Unión Naval de Valencia S. A. (22 de junio de 2018) ha sido concebido 'ad hoc' para favorecer a Boluda Corporación Marítima S. L. sin causa alguna de justificación y que las concesiones eran susceptibles de una declaración de caducidad y de un rescate sin ningún tipo de coste o contraprestación.

En cambio, el consejo de administración de la APV aprobó el 14 de diciembre de 2018 el rescate de las concesiones, que valora en 2,9 millones de euros para las instalaciones y 1,02 millones para el actual edificio de oficinas, mientras la nueva concesión otorgada por un plazo de 35 años en compensación se valora en 1,8 millones, atendiendo al flujo neto actualizado presentado por Boluda Corporación Marítima S. L.

La denuncia advierte además de que “Vicente Boluda, administrador único de Boluda Corporación Marítima S. L., era en el momento en que adoptaron los acuerdos, miembro del consejo de administración de la APV (lo sigue siendo en representación de los empresarios), concurriendo en él un claro conflicto de intereses que no consta si fue o no resuelto”.