El PP retiró de la web de contratación al poco de publicarlo el megacontrato de 293 millones del alcantarillado de València

La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado viernes, 31 de mayo, las condiciones para contratar el servicio de mantenimiento, dragado, limpieza y conservación del sistema municipal de saneamiento de València. Este contrato se formalizará para 15 años, con un presupuesto que puede ascender hasta los 293 millones de euros.

El contrato adjudicado hace 17 años a la empresa Acciona, investigada en el marco del 'caso Azud', estaba caducado desde el pasado 31 de diciembre, tras una prórroga de dos años aprobada por la anterior Corporación municipal formada por Compromís y el PSPV-PSOE.

La concejala socialista Elisa Valía, responsable del Ciclo Integral del Agua en el pasado mandato, denunció este jueves que los nuevos pliegos se subieron a la plataforma de contratación del sector público el pasado día 4 de junio y, prácticamente, 24 horas después fue anulada por un error en el plazo que se daba a las empresas para presentar sus ofertas. En concreto, tal y como confirmaron desde el equipo de Gobierno a elDiario.es, en los pliegos retirados se establecía un plazo de 30 días para presentar ofertas cuando el plazo correcto es de 60 días. “Si se trata solo de este error, lo que tienen que hacer es subsanarlo de inmediato y volverlo a publicar porque está generando discriminación entre los aspirantes que pudieron descargar los pliegos y ya estén preparando la documentación, y los que no”, dijo Valía.

Al respecto, el Ayuntamiento aseguró que la licitación se volverá a publicar este viernes y que el plazo para presentar ofertas empezará a contar a partir de ese momento.

Por otra parte, la edil socialista recordó que la actual empresa, Acciona, presta este servicio por reconocimiento de obligación al haber caducado el contrato ya prorrogado el pasado 31 de diciembre y “esta situación no puede alargarse más en el tiempo”. Así, planteó “qué esconde Catalá tras esta la falta de explicaciones en un contrato tan sensible como este, tanto por la cuantía como porque el anterior está en la causa de Azud que investiga los presuntos casos de corrupción del Gobierno de Rita Barberá y su familia”.

Por todo ello, hizo hincapié en que el Grupo Socialista va a estar “muy encima porque queremos la licitación sea limpia, con todas las garantías para todos los licitadores y que dé lugar a un contrato que sea beneficioso para la ciudad”. “Como hablamos del Partido Popular nos vemos en la obligación de hacer una denuncia preventiva porque nunca sabemos qué hay detrás de estas maniobras”.

Valía criticó que el Gobierno de PP y Vox ha tardado casi un año en sacar a licitación el contrato que el anterior ejecutivo dejó listo y “no ha cambiado nada, así que no entendemos por qué ha tardado tanto tiempo”.

El nuevo contrato contempla la introducción de sensores en la red para controlar parámetros como caudales, composiciones analíticas de agua y velocidades y para que la información recopilada permita un mejor conocimiento del estado de la red y la prevención de posibles comportamientos. Además incluye 61,8 millones de euros para ejecutar obras de renovación de infraestructuras. Por ejemplo, se tendrá que abordar la renovación de 25 kilómetros sobre los 170 de los colectores más antiguos. Así mismo, destaca por su envergadura económica y técnica la renovación y adecuación de 4,5 kilómetros del Colector Norte, que constituye el 65% de la inversión total proyectada para ejecutar por la nueva contrata en materia de renovación de la red.

Relación con el 'caso Azud'

El anterior 'macrocontrato' fue adjudicado en 2007, durante el mandato de Rita Barberá, y ha ocasionado un perjuicio económico a las arcas municipales de 11,2 millones de euros, según un informe de la Agencia Valenciana Antifraude incorporado al sumario del 'caso Azud'. Sin embargo, los cálculos de Antifraude podrían sumar un perjuicio adicional de 2,3 millones de euros si se tienen en cuenta las prórrogas que alargaron la adjudicación hasta 2023.

En la causa que instruye la jueza Pepa Tarodo figura como uno de los principales investigados el abogado José María Corbín, cuñado de Rita Barberá. La investigación, comandada por el fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, y por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, afloró el pago de una presunta mordida de 2,2 millones de euros a Corbín y al también letrado Diego Elum, amigo de este último desde que ambos militaban en la extrema derecha.

La UCO vincula el pago de la abultada comisión a los regalos de lujo que recibió en la época la alcaldesa Rita Barberá de Acciona. Antifraude, en funciones de auxilio judicial a la instructora de la causa, analizó pormenorizadamente la ejecución del contrato por parte de Acciona y cifró en, al menos, 11,2 millones el perjuicio económico entre 2007 y 2012 a consecuencia de las modificaciones contractuales y las certificaciones sin justificación. Este diario trató de recabar la versión de la empresa el pasado 15 de febrero, cuando se conoció el informe de la agencia, sin obtener respuesta.