Las sobrinas de Rita Barberá imputadas por el caso Azud declaran que parte de su patrimonio proviene de ganar la lotería

Tres sobrinas de la que fue alcaldesa de València Rita Barberá han declarado este miércoles en calidad de investigadas en el caso Azud que parte de su patrimonio proviene de un premio de la lotería de Navidad con el que fue agraciado su padre, el abogado José María Corbín -también investigado- y de su trabajo en el despacho familiar. Su declaración se ha producido, a petición propia, en el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, que dirige la investigación de esta macrocausa, que tiene ramificaciones con políticos vinculados tanto al PP como al PSPV y con varias empresas del sector de la construcción.

Según ha podido saber Efe de fuentes conocedoras de su declaración, las tres han explicado que el hecho de disponer cada una del 16 % de la empresa Corbín Abogados se debe a que al padre se le detectó un cáncer de pulmón en 2009 y quiso repartir la firma entre sus hijas, y han agregado que la compañía nunca ha repartido dividendos.

Lotería de Navidad en 2005

Dos de ellas han admitido haber trabajado de forma esporádica en la empresa, pero en ningún caso con clientes vinculados con la trama corrupta que supuestamente lideró su padre, sino con la gestión informática -una de ellas- o como letrada asesorando a compañías de seguros -la otra-.

Asimismo, han explicado que al padre le tocó la lotería en la Navidad de 2005 (el premio fue repartido por la falla de la que forma parte la familia) y que invirtió el premio, 360.000 euros, en Bankia. Esta inversión inicialmente fue ruinosa, coincidiendo con la crisis bancaria de 2008, pero posteriormente fue recuperada y el padre decidió donar 50.000 euros a cada hija para ayudarlas en la compra de viviendas, según las mismas fuentes.

Con esta declaración las hermanas Corbín Barberá han tratado de acreditar que su patrimonio no está vinculado a la supuesta actividad delictiva del padre, y previsiblemente soliciten el sobreseimiento de la causa en lo relativo a ellas.

José María Corbín es un abogado valenciano casado con María Asunción Barberá Nolla, hermana y jefa de gabinete de la que fue alcaldesa de València. Esta circunstancia, según los investigadores del caso Azud, le permitió “conseguir o facilitar los intereses económicos que el Grupo Axis -del empresario Jaime María Febrer- tenía con el Ayuntamiento de València”. Se cree que entró en contacto con este empresario a través de Alfonso Grau Alonso, vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, también investigado.

Tanto Corbín como su mercantil Corbín Abogados S.L. obtuvo la cantidad de 602.156,48 euros por facturaciones ficticias en concepto de asesoría jurídica que, en realidad, escondían gestiones ilícitas para “engrasar” adjudicaciones, además de otras cantidades en efectivo, según consta en el sumario de la causa.

Una denuncia anónima

El caso Azud tiene su origen en una denuncia anónima ante la Agencia Tributaria relativa a las relaciones que se establecieron entre varios grupos empresariales y este abogado, y el radical descenso de sus ingresos después de que Barberá perdiese la alcaldía. En particular, se descubrió que al menos siete empresas vinculadas al Grupo Axis efectuaron pagos a la mercantil Corbín Abogados SL, ascendiendo el montante de los pagos a 602.156,48 euros.

Los beneficios obtenidos por la sociedad Corbín Abogados entre 2005 y 2011 fueron “entre 6 y 8 veces más que la media del sector”, con unos “resultados abultados” todos los ejercicios que no se corresponden con los medios empleados y “no casan bien con la lógica económica”, según un informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario del caso Azud.

Según Hacienda, estas conclusiones son compatibles con los argumentos de la UCO de que la facturación no obedecería a trabajos jurídicos, al menos en su mayor parte, y destaca que en las facturas se da un denominador común, y es que la descripción de los trabajos realizados es muy vaga y general: “asesoría jurídica” o “prestación de servicios profesionales”.

Además, al margen de la consideración penal de los hechos que instruye el juzgado, como resultado de aquella denuncia anónima, Hacienda considera que se habrían producido dos delitos contra la Hacienda Pública por parte de José María Corbín Navarrete por la defraudación del IRPF de los años 2007 y 2008 por un importe total de 281.000 euros.