El valenciano pierde a la Generalitat en contradicciones: la AVL no es una academia
Posiblemente la de este viernes ha sido la rueda de prensa más incómoda a la que ha tenido que hacer la consellera de Cultura, María José Catalá, al ser acribillada por los periodistas a preguntas sobre la definición de “valenciano” de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Para contestar la consellera únicamente ha querido ceñirse al ordenamiento jurídico, cayendo así en continuas contradicciones para tratar un tema lingüístico; la mayor: llegar a afirmar que la AVL no era una academia (pese a su nombre), sino un órgano estatutario administrativo, pero que sí que está integrada por académicos.
La consellera ha manifestado que se está en un proceso de “diálogo” con la AVL para “acomodar” la definición de “valenciano” del Diccionari normatiu valencià (DNV) a lo dispuesto en el Estatut d'Autonomia. Afirma que el Consell quiere evitar cualquier tipo de presión que pudiera ser considerado como una injerencia política en un ámbito científico, pero a su vez Catalá remarcaba que, como institución administrativa, en la AVL debe pesar más el criterio jurídico que el científico, pese a ser la máxima entidad normativa del valenciano.
Por el contrario la consellera de Cultura únicamente ha reconocido como entidades académicas a las universidades, precisamente aquellas que han defendido la definición de la AVL y han llegado a decir que afirmar lo contrario situaría a la Generalitat fuera de la Constitución Española.
Otro argumento usado por María José Catalá ha sido que la definición del DNV excedía al territorio valenciano al que lo delimita el Estatut, pero se le ha recordado que en la ley de creación de la AVL de 1998 ya se reconoce la extensión de esta lengua a otros territorios. Además la consellera ha querido ceñir el tema de discusión al término “valenciano”, dejando la puerta abierta a que el término “catalán” sí que pudiera reconocer la unidad de la lengua.
Preguntada por la adecuación jurídica de la definición de la Real Academia Española de la lengua (RAE) que también reconoce esta unidad, se ha insistido en que si se reclamará que se cambie con este argumento la definición de “valenciano”, como ya se intentó recientemente. A esto Catalá ha contestado que la definición de la RAE “no gusta” en el gobierno valenciano, pero que no hay fuerza jurídica de actuación puesto que la RAE es una institución privada y no regulada por la Constitución, pese a que es la máxima autoridad normativa del castellano.
La consellera ha manifestado que la Generalitat “confía” en que la actual definición de “valenciano” no sea la definitiva que se incluya en el diccionario; además ha añadido que la AVL considera “abierto” el diccionario a posibles cambios, para lo cual se ha habilitado un formulario que ciudadanos y colectivos pueden rellenar para solicitar cambios, y que el Consell ya ha hecho uno pidiendo dicho “acomodo” jurídico. No obstante María José Catalá no se ha atrevido a afirmar que se puede llegar al extremo de recurrir el término a la justicia, posiblemente porque pesan el alrededor de medio centenar de sentencias que avalan la unidad de la lengua de valenciano y catalán dictaminadas por el TSJCV, el Tribunal Supremo y hasta el Tribunal Constitucional.
Por otro lado se ha preguntado si se instará a la calma a sectores más beligerantes del PP y de la Generalitat sobre este tema, en especial referencia al secretario general 'popular' y conseller de Gobernación, Serafín Castellano, y Catalá ha asegurado que la actuación de Castellano ha sido “prudente”, y el vicepresidente José Císcar, que ha acompañado a la consellera en la comparecencia, ha negado que se haya “prendido fuego” al debate identitario. María José Catalá incluso ha querido apagar más el fuego negando que haya un “conflicto” y ha calificado el enfrentamiento de “circunstancia”.
Finalmente uno de los momentos más ilustrativos ha sido cuando un periodista ha preguntado a Catalá si su función como consellera y jurista chocaba con su opinión personal o con el “espíritu” de máxima responsable de Cultura. La respuesta ha sido que “yo tengo una formación jurídica y no filológica”, evitando hacer ningún tipo de pronunciación sobre la unidad de la lengua, e invitando al periodista a que la invitara a “un café” para explicarle su opinión personalmente.
