Aprovechar la ocasión

Si el Gobierno presidido por Pedro Sánchez hubiera tomado la decisión de que el Ministro de Justicia no refrendara los decretos de nombramientos acordados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “en funciones”, es prácticamente seguro que ya se habría producido la renovación de dicho órgano. El nombramiento de Magistrados y Presidentes es la razón por la que el CGPJ no se renovaba. El PP carecía de cualquier incentivo para acordar la renovación, ya que era completamente imposible que resultara una composición más favorable a sus intereses que la que tiene ahora mismo. Volver a contar con una mayoría aplastante en el Congreso y en el Senado como la que tuvo en 2013 es prácticamente imposible que suceda.

En consecuencia, y puesto que los nombramientos de Magistrados y Presidentes tienen que hacerse mediante Real Decreto que tiene que ser refrendado por el Ministro de Justicia, hubiera bastado con que el Gobierno decidiera que, mientras el CGPJ estuviera en funciones, no se refrendaría ningún Real Decreto de nombramiento, para que se hubiera puesto fin al pacto encubierto entre la dirección del PP y la del CGPJ de continuar indefinidamente en la situación creada con base en las elecciones generales de 2011.

El Gobierno de coalición ha perdido una ocasión de oro para hacer “pedagogía” política. Ante la reiterada obstrucción por parte del PP para acordar la renovación, el Presidente del Gobierno debería haber convocado un Consejo de Ministros con la renovación del CGPJ como único punto del día y tomar la decisión en dicho Consejo de Ministros de que no fuera refrendado ningún Real Decreto de nombramiento del CGPJ en funciones. 

Y debería haberse dirigido a continuación a los ciudadanos para explicarles el porqué de la decisión. Los argumentos de naturaleza político-constitucional que asistirían al Gobierno en esa decisión son muy potentes y de fácil explicación y entendimiento por todos los ciudadanos. El fraude de ley por parte de la dirección del PP de manera persistente debería haber sido denunciado públicamente. 

No hubiera sido necesario dar el rodeo de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y poner en circulación un posible cambio de la mayoría de tres quintos a la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Se ha regalado con ello una baza al PP, a los miembros del CGPJ y a un buen número de jueces para denunciar al Gobierno ante las instituciones de la Unión Europea, como si el Gobierno español se estuviera comportando como los de Hungría o Polonia. 

Se trataba de una de esas ocasiones en las que el Gobierno no solo no debe esconderse, sino que tiene que actuar abiertamente, explicando a la opinión pública por qué hace lo que hace. Hubiera ganado tiempo y, sobre todo, habría dado una lección a los ciudadanos de cómo se comporta un Gobierno constitucional frente al fraude de ley.

Hubiera sido, además, una ocasión para que el rey pudiera exhibirse como “monarca parlamentario”. El Presidente del Gobierno le habría dado la oportunidad al rey de que rechazara firmar un Real Decreto de nombramiento que le llegara de un CGPJ “en funciones”. Una vez que fuera avisado el rey que no se refrendaría un Real Decreto de nombramiento de Magistrado o Presidente que tuviera su origen en un CGPJ “en funciones”, sería el propio rey el que habría indicado al Presidente del CGPJ “en funciones” que no le enviara ninguno para la firma.

La transparencia es la mejor herramienta contra conductas fraudulentas, que suelen ser subrepticias y espurias. La no renovación del CGPJ era y sigue siendo, porque todavía tiene que producirse la renovación, un caso de libro de fraude constitucional.  

Pienso, en todo caso, que habría que aprovechar la ocasión para dar una respuesta general a la renovación de todos los órganos para los que la Constitución o la Ley Orgánica exige esa mayoría de tres quintos: Magistrados del Tribunal Constitucional, miembros del CGPJ y Defensor del Pueblo. En todos se suelen producir retrasos. Las renovaciones tendrían que producirse “por calendario” sin que se admitiera nunca la prórroga en el ejercicio de la función que cada uno de ellos tiene encomendada.