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Una canallada anticonstitucional

El portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, muestra una portada de El Mundo en el Senado, ante la mirada de Alberto Núñez Feijóo el pasado 9 de mayo.

Javier Pérez Royo

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Quiero dedicar este artículo a Luis R. Aizpeolea, Àngels Barceló, Xavier Vidal Folch y Aimar Bretos, a los que sigo desde siempre, es decir, a unos desde hace muchos años y a otros desde menos porque cada uno de ellos tiene la edad que tiene. Yo soy mayor que todos ellos.

He oído o leído los comentarios que han hecho en la Cadena Ser o en El País a propósito de la reacción producida por la inclusión en las listas electorales de Bildu de 44 candidatos condenados, siete de los cuales lo fueron por delitos con derramamiento de sangre. 

Estoy de acuerdo con lo que han dicho o escrito, aunque he echado a faltar un punto que es el que quiero exponer en este artículo.

El artículo 25 de la Constitución reconoce el principio de legalidad penal en unos términos que, visto lo ocurrido, resulta imprescindible reiterar de manera expresa. Tras reconocer el principio en el 25.1, la Constitución añade en el 25.2 lo siguiente: “Las penas privativas de libertad (…) estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social”.

El constituyente de 1978 rechazó de manera rotunda, haciendo uso del imperativo “estarán orientadas”, que la condena por un acto constitutivo de delito que pueda conllevar la privación de libertad pueda convertirse en “la muerte civil” de la persona condenada. El principio de legalidad penal constitucionalmente reconocido está dirigido a lo contrario: a que la persona condenada pueda ser reeducada y se pueda reinsertar en la sociedad.

Desde la entrada en vigor de la Constitución no ha habido un solo caso comparable de aplicación de política penal orientada a la “reeducación y reinserción” como el protagonizado por los nacionalistas aberzales que militaron en ETA y que fueron condenados en su día a penas privativas de libertad. El éxito de la Constitución ha sido extraordinario. Cuantitativa y cualitativamente.

La renuncia a la lucha armada y a la práctica del terrorismo; la constitución de un partido político, Bildu, cuyos Estatutos pasaron el control del Registro de Partidos del Ministerio de Interior; la disolución de ETA, y una ejecutoria ininterrumpida de participación en el sistema político de manera inequívocamente democrática han sido el mayor homenaje que se le ha hecho a la Constitución desde su entrada en vigor. 

Que personas que han luchado contra la democracia española de la forma en que ellos lo han hecho hayan reconocido expresamente que lo que hicieron fue un error, hayan pedido perdón a las víctimas por el daño causado y el dolor infligido y hayan manifestado su voluntad de actuar dentro de la Constitución de la que abominaban, que es lo que la democracia española les ha venido exigiendo desde los años ochenta del siglo pasado, es un éxito gigantesco. Desde hace doce años esa exigencia ha sido aceptada por el nacionalismo aberzale. Es la mejor prueba del éxito del imperativo de la “reeducación y reinserción” querida por el constituyente.

La inclusión de los 44 candidatos condenados por sus conductas como miembros de ETA, tras haber cumplido íntegramente las penas que les fueron impuestas y tras haber transcurrido el tiempo de inhabilitación que conllevaban, es un paso más en la aceptación de la Constitución. No es una falta de respeto a las víctimas, sino todo lo contrario. 

La reacción que se ha producido por parte del PP y Vox ha sido una canallada anticonstitucional, que pone al descubierto la hipocresía de sus dirigentes, que no dejan de autocalificarse de constitucionalistas mientras incumplen de manera manifiesta la Constitución. En la renovación del Consejo General del Poder Judicial y en lo que sea.

Es posible, mejor dicho, es seguro que Bildu ha pecado de ingenuidad y no ha explicado a la opinión pública el sentido que tenía la presentación de esas candidaturas antes de formalizarlas. Pero hay que ser muy canalla para reaccionar de la forma en que lo han hecho Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, Santiago Abascal… 

El nacionalismo vasco y catalán forman parte de la Constitución material de España, que no podrá ser gobernada democráticamente sin su concurso. Cuanto más tiempo tarden en reconocerlo las derechas españolas tanto peor nos irá a todos. Pero está claro que, dada la reacción producida en estos días, queda mucho camino por recorrer. 

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