De nuevo sobre la reforma laboral

En dos ocasiones, “El momento decisivo de la legislatura” y “Ciudadanos no es una opción”, he abordado el tema de la reforma laboral y he sostenido la tesis de que el Real Decreto-ley 32/2021 debería ser simplemente convalidado con base en el artículo 86.2 de la Constitución, sin procederse a continuación a su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia de acuerdo con lo previsto en el artículo 86.3.

Tales artículos tenían como destinatarios preferentes los parlamentarios de ERC, EH Bildu, BNG y la CUP, que habían avanzado una opinión distinta. La naturaleza del Real Decreto-ley 32/2021 es distinta a la de todos los demás que se han dictado hasta la fecha. Es la primera vez que el marco general de las relaciones laborales se pacta entre todos los agentes sociales, tras haber pasado largos meses negociándolo. El Real Decreto-ley 32/2021 es una suerte de inmenso convenio colectivo en el que enmarcar el conjunto de las relaciones laborales. Por eso, lo han pactado quienes tenían que hacerlo. De los órganos constitucionales cuyo concurso es necesario para que el texto pactado tenga fuerza de ley, cabía esperar que dieran un voto de confianza a la negociación del texto del decreto ley. 

Está claro que ERC, EH Bildu, BNG y la CUP no lo han entendido así y este pasado jueves han hecho pública una declaración conjunta en la que exigen que el Gobierno y los grupos parlamentarios que lo sostienen se comprometan a tramitar el Real Decreto-ley como Proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, con la finalidad de que se puedan negociar determinadas enmiendas, alguna de las cuales se concretan en la mencionada declaración conjunta. 

El párrafo clave de la declaración es el siguiente: “Solicitamos al Gobierno y a los partidos que lo componen, PSOE y Unidas Podemos, el apoyo a la tramitación del Real Decreto-ley 32/2021 como proyecto de ley, adquiriendo un compromiso para dialogar, negociar y modificar la Reforma Laboral, permitiendo, mediante la inclusión de nuevas medidas acordadas, la recuperación de los derechos laborales pendientes de la reforma propuesta”.

Es obvio que, si el Gobierno quiere aprobar la reforma laboral con la mayoría de la investidura, tendrá que comprometerse antes del 3 de febrero a que, tras la convalidación, se tramitará el texto del decreto ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Sin ese compromiso no habrá convalidación o tendría que haberla con una mayoría distinta a la de investidura. 

Jesús Cruz Villalón dibuja en un artículo en El País de este 27 de enero , “En el laberinto político”, una posible salida a la difícil situación en que se encuentra la tramitación del real decreto ley, ampliando el contenido del mismo para dar respuesta a problemas a los que el Gobierno se ha comprometido a dar y para hacer frente a otros problemas estructurales que están pendientes y para los que nunca se encuentra el momento oportuno para hacerlo.

Dice textualmente en el último párrafo: “Probablemente sea la oportunidad de recordar que el Gobierno de coalición se comprometió a acometer sucesivamente un proyecto más amplio de revisión de otros aspectos del Estatuto de los Trabajadores, para diseñar un Estatuto del siglo XXI, constituyendo ello la oportunidad de dar satisfacción política a expectativas que están sobre la mesa como condicionantes de la convalidación. Más aún, sería la ocasión de abordar otras reformas estructurales, que siempre quedan pendientes por no responder a la habitual  urgencia de los tiempos políticos. Al final, lo que se presenta como un importante escollo podría ser la oportunidad para desembocar en un círculo virtuoso”.

El Congreso de los Diputados no puede limitarse a reproducir el debate que han mantenido los agentes sociales. Lo debatido y negociado por los agentes sociales está ya debatido y negociado. Dado que el real decreto ley ya estará en vigor tras la convalidación y que, en consecuencia, no existe la misma urgencia que la que había antes de que fuera así, puede ser una buena ocasión para poner en práctica la sugerencia del catedrático sevillano. 

No hay mal que por bien no venga, dice el refrán. El laberinto en que ha acabado la tramitación de la reforma laboral puede acabar dando la razón a la sabiduría popular.