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La Justicia confirma la condena del Teatro La Abadía por pagar menos a las mujeres

Bailarines durante la presentación de ‘Luzia’, en el Teatro de la Abadía en una imagen de archivo.

Alberto Pozas

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En el Teatro La Abadía, financiado con dinero público a través de una fundación, las mujeres han cobrado menos que los hombres por hacer exactamente el mismo trabajo. Así lo ha certificado la Justicia en una sentencia que confirma que debe indemnizar a seis trabajadoras con más de 100.000 euros entre todas por la brecha salarial que padecieron durante años mientras trabajaban como jefas de negociado y de sección, pero también como técnicos y oficiales. El Tribunal Superior de Madrid, en un caso que arrancó con una inspección de Trabajo y siguió con un proceso sancionador de la propia Comunidad de Madrid, confirma que en la Fundación “las mujeres son discriminadas salarialmente”. La resolución todavía es recurrible ante la sala de lo social del Tribunal Supremo.

Este teatro está ubicado desde 1995 en la antigua iglesia de la Sagrada Familia en el distrito madrileño de Chamberí. En la actualidad, es gestionado de forma privada a través de una Fundación de financiación pública que en 2021 recibió 1,75 millones de la Comunidad de Madrid, otros 400.000 euros del Ministerio de Cultura y, finalmente, otros 50.000 euros del Ayuntamiento de Madrid. Cuenta con un patronato en el que, entre otras personas, tiene asiento la Consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz junto con representantes del resto de organismos financiadores.

Fue en 2017 cuando, tal y como contó El Confidencial, una trabajadora denunció la brecha salarial imperante en la Fundación ante la Inspección de Trabajo. Y los inspectores comprobaron que ella no era la única mujer en esa Fundación que cobraba menos que los hombres que realizaban exactamente el mismo trabajo. Jefas de negociado, de sección, oficiales de primera y técnicos que cobraban unos 200 euros mensuales menos que sus compañeros por hacer el mismo trabajo. La Fundación intentó demostrar que, en realidad, esto se debía a que los hombres en realidad asumían funciones superiores que sus compañeras, pero los testigos y la documentación han desmentido esa teoría exculpatoria que intentaba justificar la brecha salarial.

La Inspección de Trabajo propuso una sanción de 2.000 euros por no tener un registro de jornada y otra más de 6.251 euros por la discriminación salarial de las mujeres, pero una demanda de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid llevó a un juzgado de lo social a aumentar la factura: una primera sentencia condenó a la Fundación a indemnizar a las seis mujeres, en total, con 55.830,72 euros por la diferencia de salario con sus compañeros a lo largo de los años, y otros 45.006 euros más por los daños morales. En total, más de 100.000 euros por discriminar salarialmente a seis de sus trabajadoras.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según ha sabido elDiario.es, acaba de confirmar todos los detalles de esa condena económica. Los jueces de lo social han rechazado el recurso de la Fundación y han certificado que durante años pagaron menos a las mujeres que a los hombres. “Ha quedado debidamente acreditada la discriminación salarial que sufren las mujeres frente a los hombres”, dice uno de los pasajes de la sentencia.

Los inspectores no solo comprobaron lo que cobraba cada uno y la diferencia de cientos de euros entre los hombres y las mujeres. Los testigos que declararon en el juicio, entre ellos la que fue jefa de sala en La Abadía, explicaron que las funciones desempeñadas por hombres y mujeres “eran exactamente las mismas” y que, sin embargo, su sucesor empezó a cobrar exactamente lo mismo que ella cuando ella se jubiló, con la diferencia de que ella llevaba 20 años trabajando allí y él solo dos. “Es decir, que por el mismo trabajo la empresa abona a un hombre el mismo salario que una mujer había conseguido alcanzar tras veinte años de trabajo”, subrayan los jueces.

Las trabajadoras certificaron en el momento del juicio que, en ese momento, la discriminación salarial seguía existiendo. Los hombres, explicaron, “percibían (y aún perciben) salarios mayores por realizar el mismo trabajo” y la empresa “no ha rectificado su actitud y continúa abonando un menor salario a las mujeres que a los hombres” a pesar de los avisos, inspecciones y sanciones.

Hombres con más sueldo y más funciones

Frente a estas pruebas y acusaciones, la sentencia refleja cómo la Fundación que gestiona La Abadía aportó unos documentos que, según sus alegaciones, justificaban la brecha salarial existente en que los hombres cobraban más porque tenían más y más altas responsabilidades. Los jueces contestan que no hay pruebas de eso y que, además, eso también es discriminar a las mujeres en el trabajo. “Atribuir funciones superiores a los hombres dentro de la misma categoría que desempeñan las mujeres también es discriminatorio”, explica la sala de lo social del Tribunal Superior de Madrid.

Para los magistrados, no existe “justificación alguna” para esta diferencia salarial constante que, entre 2014 y 2017, se ha traducido en una brecha salarial de más de 55.000 euros a los que hay que sumar otros 45.000 en indemnizaciones por daños morales para las seis mujeres afectadas. El trabajo de los inspectores fue “minucioso”, según el TSJM, hicieron un “exhaustivo examen de los recibos de salarios, su sistema de clasificación profesional” y, por tanto, “se ha desarrollado una labor de investigación pormenorizada que obliga a concluir que en la empresa las mujeres son discriminadas salarialmente”.

La resolución todavía no es firme al ser recurrible ante la sala de lo social del Tribunal Supremo. Los jueces también avalan el dinero que cada trabajadora debe recibir en calidad de daños morales por haber estado cobrando menos que sus compañeros hombres durante años. “No aparecen para nada razones objetivas que obliguen a dejar sin efecto o revisar el importe fijado por el juzgador de instancia”, dicen los magistrados. El recurso que se puede interponer es de unificación de doctrina y la Fundación debe encontrar, por tanto, una sentencia de un tribunal territorial que haya resuelto un caso similar en sentido contrario.

Cambios en la gestión del teatro

En los años que han sido inspeccionados por la Justicia, el director del Teatro de la Abadía era su fundador y cabeza desde 1995, José Luis Gómez, actuando como gerente Jordi Tort. En 2019, Carlos Aladro relevó a Gómez, que no llegó a cumplir la vigencia de su contrato. Fue destituido a los tres años y Juan Mayorga ocupó su lugar.

Tort fue gerente desde 2013, tras el fallecimiento de su predecesora, Alicia Roldán, hasta 2017. Después, ocupó la gerencia del Auditori i Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya durante casi tres años.

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