El Ayuntamiento ingresó 150.000 euros de alquiler por el bar ilegal de la isla de Benidorm, pese a pertenecer al Estado
Nuevo escándalo en torno al bar ilegal de la isla de Benidorm, abierto al público desde hace 60 años y conocido por sus numerosas irregularidades auspiciadas por las sucesivas administraciones públicas en un cúmulo de desdichas que le ha valido el apelativo de “la isla pirata”.
Si la semana pasada este medio avanzaba que el Ayuntamiento de la localidad, gobernado por el Partido Popular, se negaba a ejecutar el derribo ordenado por el Ministerio de Transición Ecológica al esgrimir que el municipio no era “la autoridad competente” al pertenecer el islote al dominio público marítimo-terrestre, ahora se confirma que el consistorio ha estado haciendo caja durante años a la vez que miraba para otro lado en un terreno propiedad del Estado.
En concreto, las arcas municipales han ingresado 148.217,42 euros en ocho pagos realizados por el empresario de L’Illa –como se conoce el establecimiento- José Cervera durante los años 2001 a 2009. Con el concepto de ‘Ocupación Dominio Público con bar, en precario, situado en la Isla de Benidorm’, Cervera estuvo realizando desembolsos anuales cuyo importe iba aumentado gradualmente, desde los 15.505 euros del primer ejercicio a los 17.820 euros del último, según consta en un informe de Tesorería solicitado por Podemos a través del portal de Transparencia.
Esta respuesta, que vendría a contradecir las constantes declaraciones de los distintos gobiernos locales negando que se le hubiera cobrado al local ninguna tasa por alquilarle un terreno que no es suyo legalmente, sino que ha sido históricamente un bien patrimonial del Estado incorporado al dominio público tras la aprobación del deslinde de octubre de 2005, ya la avanzó el Servicio Provincial de Costas en un informe en el que aseveraba que la familia Cervera ha estado explotando el restaurante “en virtud del pago de sucesivas tasas anuales al Ayuntamiento de Benidorm en concepto de arrendamiento (o similar)”.
El escrito firmado por la jefa del Servicio Provincial de Costas especifica que el alquiler se ha venido cursando “sin que se tenga constancia de la existencia de contrato alguno para la formalización de este arrendamiento (o similar), aunque sí se tiene acreditado el pago de estas tasas anuales, al menos hasta el año 2013, fecha en que cesó la emisión de estas tasas (pese a que la explotación por terceros se mantiene hasta nuestros días)”.
Podemos cree que esta serie de pagos podrían haberse remontado hasta 1993, aunque todavía no tienen constancia documental de ello, afirma su candidato a la alcaldía Gerard Ginel. Con respecto a otra de las polémicas que envuelve la ocupación ilegal de la isla por parte del restaurante, la ausencia durante todos estos años de una licencia de apertura cuya solicitud denegó el consistorio hace dos semanas aludiendo que el permiso le corresponde habilitarlo al Ministerio, Ginel recuerda que el empresario Cervera “siempre ha alegado que la licencia de apertura existía porque había estado pagando un canon que el Ayuntamiento negaba”.
“Es curioso que el Ayuntamiento responda que lo que pasa en la Isla es competencia del Ministerio, que no están en disposición de solucionar las irregularidades pero sí de cobrarles miles de euros durante años”, esgrime el dirigente de la formación morada. Este periódico ha tratado sin éxito contactar con el consistorio.
Agencia Antifraude
Podemos, sin representación en el municipio, tiene previsto llevar esta documentación a la Agencia Valenciana Antifraude este próximo lunes al considerar que podrían ser constitutivos de delito. En ella adjuntarán las denuncias que han realizado en las últimas semanas de que el restaurante está llevando a cabo ampliaciones ilegales.
El también secretario local y otros miembros estuvieron recientemente en la Isla de Benidorm donde descubrieron “la instalación de nuevos baños y una depuradora que produce una gran contaminación acústica, la instalación de equipos de vídeo vigilancia, además de la ampliación y renovación de terrazas y suelos, todo ello sin ningún tipo de licencia y de nuevo incumpliendo el PORN (Plan de Ordenación de Recursos Naturales)”.
Lejos del desalojo del islote que ha ordenado el gobierno de España, añaden que “el restaurante no está ni clausurado, sigue en funcionamiento, ampliándose, y renovándose y todo esto pese a la orden de cierre y derribo y la falta de licencia de aperturas, ¿acaso están riéndose de la ciudad?”, se preguntan.
Además, Gerard Ginel destaca “otra sorpresa” que se llevaron en su visita al enclave perteneciente al Parque Natural de Serra Gelada. Y es que para estas fechas el restaurante suele estar cerrado por temporada baja, pero ellos han estado recientemente y han comprobado cómo les han cobrado por una caña y un pincho 7 euros “en un ticket en inglés sin ningún tipo de dato fiscal ni dirección o reseña oficial”, asegura el alcaldable. “Es un lugar sin ley”.
La Agencia de Detectives Distrito 46 constató en 2017 que el establecimiento ocupa ha estado ingresando cientos de miles de euros durante todos estos años pese a no tener permisos de ningún tipo. Solo en el transporte que hacen desde la costa del municipio al islote podrían haber generado un millón de euros al año según la asociación de empresarios Costa Blanca Marine.
Y todo ello con continuos vertidos al archipiélago protegido de aguas residuales procedentes del baño y la cocina por los que deberán hacer frente a una multa de 25.000 euros a la Conselleria de Medio Ambiente.
