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Rajoy veta 18 millones para el personal de las universidades valencianas porque no hay Presupuestos del Estado de 2018

La Generalitat Valenciana responde a la amenaza de un recurso ante el Tribunal Constitucional que las competencias de educación son autonómicas

El estudio lo ha realizado una alumna de Física de la Universitat de València

Campus de Tarongers, de la Universitat de València.

El Gobierno valenciano no puede mejorar las condiciones laborales del personal de las universidades en 2018 mientras no lo permita el Gobierno de España en unos Presupuestos Generales del Estado que todavía no se han aprobado.

El Gobierno de Mariano Rajoy amenaza así con llevar al Tribunal Constitucional los Presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2018 porque incluyen una disposición adicional, la 26ª, que prevé mejoras para el personal de las universidades públicas. La advertencia, formulada desde el Ministerio de la Presidencia, se refiere al "régimen de carrera profesional horizontal del personal funcionario de carrera y laboral fijo de administración y servicios de las universidades públicas de la Comunidad Valenciana".

El Gobierno reclama una reunión bilateral, previa a la presentación de cualquier recurso, con la Conselleria de Educación porque considera que "si se trata de reconocer nuevos grados de la carrera profesional que no se estaban percibiendo, la materialización de dichos incrementos supondría una extralimitación competencial, dado que al no haberse aprobado por el Estado el marco presupuestario básico para el ejercicio 2018, las retribuciones del sector público mantienen las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2017".

La reacción de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, que dirige Vicent Marzà, consiste en recordar que "el área de educación es competencia autonómica y es la Conselleria la que tiene la competencia de decisión en este sentido respecto a las universidades públicas valencianas y no el Gobierno estatal".

El Gobierno central, por su parte, se remite a la competencia para "establecer medidas de contención de gasto público que conlleven una limitación de la autonomía financiera de las comunidades autónomas".

"Sorprendentemente", ha indicado la Conselleria de Educación, "el Gobierno del Estado no hizo ninguna observación a esta medida que ya se tomó en 2017, cuando se destinaron 8 millones de euros para la mejora de las condiciones laborales del personal universitario valenciano (PAS y PDI) después de años de congelación salarial. En los presupuestos autonómicos de 2018 la partida autonómica para mejoras laborales asciende a 18 millones de euros".

Precisamente este martes 10 de abril está convocada la reunión de la "mesa negociadora del convenio colectivo con las universidades públicas valencianas", que  el gobierno del Pacto del Botánico, formado por el PSPV-PSOE y Compromís y apoyado por Podemos, creó en 2016. En ese órgano, en el que están representadas la Administración autonómica, las cinco universidades públicas valencianas y las organizaciones sindicales CCOO, SEP-CV, STEPV-IV, UGT FESP y CSIF, la Conselleria informará sobre el requerimiento del Gobierno central.

En relación con el conflicto de los profesores asociados, que han protagonizado una huelga en la Universitat de València y cuya reivindicación de unas mejores condiciones salariales se extiende a otros campus, la Conselleria de Educación asegura que respetará las soluciones que puedan surgir de un acuerdo de todas las universidades.

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