“Los hombres también somos los interesados en feminizarnos y poder vivir de otra forma”

Alberto Ibáñez Mezquita (Vila-real, 1991) es secretario autonómico de Igualdad e Inclusión Social. Es el encargado de muñir el pacto valenciano contra la violencia de género y machista. Ibáñez lleva cuatro meses negociando con el resto de administraciones -diputaciones, ayuntamientos y Delegación del Gobierno- y con la sociedad civil -sindicatos, empresariado, asociaciones feministas, etc.-. Reconoce que algunos problemas, como el empleo o la vivienda para mujeres maltratadas sin recursos, no tendrán una solución fácil ni rápida. Pero insiste en que la única manera de cambiar la situación es un cambio de valores que incluye “feminizar la sociedad” y crear “nuevas masculinidades”. Porque “el patriarcado también oprime a los hombres”, afirma. 

Pacto valenciano contra la violencia de género y machista. ¿Son violencias diferentes?, ¿qué quiere decir ese añadido? 

Queremos reforzar la lucha contra la violencia de género, que es la que se hace en el marco de la pareja y la expareja, porque es de las más importantes. Pero también dar cabida a otro tipo de violencias, como la mutilación genital femenina, los matrimonios forzosos o los machismos y micromachismos que no se ejercen en el marco de la pareja. Es toda aquella violencia estructural que los hombres por ser hombres ejercemos sobre las mujeres por ser mujeres, más allá de que existan o no lazos biológicos o sentimentales.

La vicepresidenta, Mónica Oltra, avanzó que el pacto equiparará la violencia de género y la violencia terrorista. ¿Qué efectos prácticos tendrá esta decisión?

Hay dos cuestiones. Una es de relato. Es poner la violencia de género y machista como un conflicto público y social, no como un hecho doméstico. Y luego tiene sus derivadas prácticas. En el País Valencià, tenemos una ley de terrorismo que complementa la ayuda del Estado a las víctimas del terrorismo en un 30%. Lo que vamos a hacer es equipararlo para las mujeres víctimas de violencia de género. Actualmente la indemnización son unos 6.000 euros y con esta modificación serían 75.000.

El pacto valenciano se está elaborando justo en el momento en el que se está terminando un acuerdo similar a nivel estatal. Los objetivos y las líneas estratégicas son aproximadamente los mismos. ¿Qué aportación extra justifica la existencia del pacto valenciano?

El pacto estatal está hecho por las Cortes Generales y se desarrolla en una serie de medidas que podrían ser un programa ejecutivo. La diferencia es que el pacto valenciano no es un plan de gobierno, sino un pacto social, cultural e institucional, donde está la Delegación del Gobierno, los cuerpos de seguridad del Estado, las asociaciones de profesionales de los medios de comunicación, las universidades públicas valencianas, el empresariado, los sindicatos, las asociaciones de mujeres supervivientes, las asociaciones feministas, el poder judicial, los ayuntamientos… Por tanto, es la sociedad valenciana la que se interpela a sí misma desde muchas vertientes. Y también creo que es importante destacar que en el marco de las competencias autonómicas, nosotros tenemos muchas competencias directas que son de atención a las víctimas.

La Generalitat anunció que el pacto estaría listo en julio, pero se ha retrasado a septiembre. ¿Qué desacuerdos concretos y con qué miembros del pacto en concreto han causado el retraso?

No hay un desacuerdo que provoque el retraso del pacto. Simplemente, parte de las entidades feministas, dos sindicatos e IU solicitan más tiempo para poder tener un trabajo más consensuado. Nosotros entendimos como Gobierno que si la gente necesitaba más tiempo para dialogar, era mucho mejor no tener prisas. Y creo también que en un mundo feminista la horizontalidad y tener cintura a la hora de trabajar es mucho mejor que la jerarquía que manda la institución. Muchísima gente que ha participado en el pacto es del asociacionismo, y entendíamos que debíamos dibujar unos tiempos que fueran más corresponsables. 

Uno de los desacuerdos ha surgido en torno a la custodia compartida impuesta por un juez cuando hay un divorcio y no hay acuerdo entre las partes. El Gobierno valenciano considera que es una medida de igualdad, pero varias asociaciones de mujeres que participan en el pacto afirman que en la práctica los maltratadores utilizan esta circunstancia para atormentar a sus exmujeres. ¿Cómo se resolverá este desacuerdo?

Creo que las entidades y el gobierno han entendido que la custodia compartida no es en sí misma violencia de género sino todo lo contrario, es un elemento de corresponsabilidad de usos de tiempo. Otra cosa es que se instrumentalice -y por lo tanto habría un fraude de ley- para ejercer algún tipo de violencia. Por tanto, hay un acuerdo de que dentro del pacto no hay medidas encaminadas al ámbito de la custodia, y lo que se va a hacer es un estudio cualitativo vinculado a la patria potestad, a los regímenes de visitas y a los diferentes tipos de custodia.

Creo que hemos llegado a un acuerdo muy interesante y quiero agradecer el esfuerzo de todas las partes. En este sentido, es importante recordar que a pesar de que ya no existe esta ley porque el Tribunal Constitucional consideró que la Comunidad Valenciana no tiene capacidad para el régimen foral valenciano (y esto es una reivindicación de todo el Gobierno y de gran parte de las Cortes), somos la comunidad autónoma donde los jueces retiran más visitas a los padres maltratadores.

¿Hay plazos para ese estudio?, ¿quién lo elaborará?

Se va a realizar por parte de las universidades. En el tema de los plazos, el pacto cuenta con una comisión de seguimiento que se va a formar al 50% entre la sociedad civil y las administraciones públicas valencianas. Las universidades están dibujando los indicadores de seguimiento y evaluación y cada medida va a tener unos tiempos que se van a trabajar en la propia comisión. Y luego, una vez más desde la codecisión y desde la participación horizontal, iremos avanzando en el cumplimiento de las medidas.

Entre las principales exigencias de las asociaciones participantes está la de atender a las peculiaridades del mundo rural. Hay problemas como la dificultad para mantener el anonimato en una consulta o una denuncia en pueblos pequeños. También la lejanía de los recursos de asistencia y de los lugares donde denunciar. Esto sumado a la falta de transporte público hace que a veces la mujer tenga que depender del coche familiar para llegar al sitio donde puede encontrar ayuda. ¿Qué medidas concretas ofrecerá el pacto?

En este sentido, quiero agradecer a las asociaciones de mujeres del mundo rural que han participado de forma muy directa en la elaboración del pacto. Lo que se está trabajando es que el Gobierno valenciano se compromete a aplicar la perspectiva de género a sus políticas de despoblamiento y envejecimiento de la población. En esto, tenemos que recordar que la red valenciana de agentes de igualdad, que es para las ciudades de más de 20.000 habitantes, ha dado un agente extra a las comarcas que no tienen estas poblaciones.

La conselleria de Vivienda, Obras Públicas, Transporte y Vertebración del Territorio se ha comprometido a estudiar diferentes partes de la zonificación del transporte público. Sanidad va a trabajar un plan que garantice la atención cercana. También hay una apuesta muy importante de nuevos recursos, centros mujer 24 horas especialmente, por la que se van a primar servicios ambulatorios en las áreas del interior para garantizar el acceso a estas mujeres a través de nuestro plan de infraestructuras.

¿Puede detallar un poco más?, ¿habrá un centro 24 horas por comarca?

Estamos trabajando ahora mismo esta cuestión. Pero creo que la acción del Gobierno está siendo muy transversal. Todas las escuelas de primaria y secundaria tienen un coordinador o coordinadora de convivencia e igualdad, sea un colegio de la ciudad de Valencia o sea un colegio de Vistabella. Esta persona puede detectar que un niño o una niña tiene algún comportamiento que pueda indicar un entorno de violencia machista y dar la voz de alarma a los servicios especializados.

El cribado universal en Sanidad también es muy importante. Al final, no es real que vayamos a tener un centro especializado en cada municipio, ni es necesario. Lo que sí es necesario es que todos los elementos que hay en un territorio -la escuela, los servicios sociales, el centro de salud etc. - tengan las herramientas para poder detectar este tipo de violencia.

Pero personas que trabajan sobre el terreno con mujeres víctimas de violencia de género explican que sigue faltando formación en estos temas en el personal sanitario y en los servicios sociales. ¿El pacto establecerá formación obligatoria para el personal de la Generalitat que pueda estar en contacto con el problema?

Es uno de los primeros puntos. La formación será obligatoria en el caso de aquellos que intervengan de forma directa, y voluntario para otro tipo de funcionariado que no atiende directamente. También hay que destacar que el pacto hace mucho hincapié en generar nuevos referentes en la sociedad. La nueva ley valenciana de coordinación de policía va a suponer que el 33% de las personas que entren sean mujeres. Será una policía con una imagen más paritaria y por tanto va a generar vínculos mucho más de confianza. O en el ámbito del taxi, en el que en caso de empate va a poder entrar antes una mujer que un hombre.

El pacto trabaja las nuevas masculinidades y el cambio de paradigma, de usos de tiempo, de referentes y valores. Por ejemplo, que es tan importante llegar a ser el jefe de tu empresa si te hace feliz como no perderte el cumpleaños de tu hijo. Todo ese tipo de cosas para que el propio personal de la administración, o que trabaja en otros ámbitos pero cara al público, haga que la sociedad se sienta mucho más segura, que las mujeres vean que hay una libertad y una seguridad mucho más marcadas.

¿Qué se va a hacer para alentar un cambio en los de usos del tiempo y en nuevas masculinidades?

En nuevas masculinidades, por ejemplo, vamos a trabajar desde los servicios sociales y desde el SEAFI, que es el servicio de atención a la infancia, técnicas de vinculación emocional entre los padres y los niños. Otros ejemplos: trabajar en un protocolo con los empresarios de la noche para que los referentes que demos a la gente joven no cosifiquen a la mujer. También un estudio del transporte público, que está pensado para hombres con direcciones muy lineales a horas muy concretas, mientras que las mujeres tienen un transporte mucho más circular. Los museos valencianos van a tener relecturas de género. Un ejemplo: en la antigua Grecia y Roma los hombres iban mucho más a la peluquería que las mujeres, o en ciertos periodos de la Historia los hombres llevábamos falda. Lo que quiere decir que la falda no es de hombres ni de mujeres, es un constructo social. Trabajar esto desde el Consorcio de museos en colaboración con las escuelas va a generar que los niños y las niñas vivan su identidad de género y su forma de ser sin las cadenas que nosotros hemos tenido.

En usos de tiempo, el Gobierno valenciano en dos años ha puesto en marcha 2.000 plazas para la educación 0-3 años mientras que en 20 años del gobierno anterior no llegó a las 300. Esto va a permitir que mayoritariamente la mujer, que es quien cuida a los niños, tenga ese tiempo para ella o tenga ese tiempo para el trabajo. Todo este tipo de cambios muy ambiciosos y estructurales son los que van a poder terminar con la raíz del problema. Creo que el pacto busca feminizar una sociedad que está pensada por y para hombres. Hay un enfoque que a veces se pierde y es que el patriarcado también oprime a los hombres. Somos los que llenamos las cárceles, entre otras cuestiones. Así que somos también los interesados en que nos feminicemos y podamos vivir de otra forma, en una cultura de la no violencia y la paz frente a la de ahora, de competir.

La educación se perfila como uno de los aspectos más importantes del pacto. Las asociaciones feministas critican el actual lenguaje de los libros de texto y también la escasa visibilización de las mujeres en sus contenidos. ¿Habrá medidas concretas contra esto?

Respetando siempre la libertad de cátedra del profesor o la profesora, los materiales educativos que se den en las aulas valencianas van a estar basados en la coeducación  y la igualdad. La propia ley de Educación [que prepara la Generalitat Valenciana] va a tener un apartado muy importante y hay una mesa de coeducación trabajando en esto. No se trata solo de que además de Martin Luther King salga Rosa Parks, sino que el propio libro de texto enseñe una realidad a los niños y a las niñas basada en la igualdad. Es importante que en el libro de Matemáticas, en el ejercicio de que la mamá va a la compra y compra manzanas y el papá va a medir cuánto tarda el tren de Alicante a Murcia, pues que la mamá también pueda medir el tren y el papá pueda comprar manzanas.

Pero también incorporar la inteligencia emocional y social en las aulas. Al final, hasta ahora tenemos una escuela muy pensada en lo laboral, lo matemático, lo racional, y que da la espalda a valores tradicionalmente asociadas a la mujer -que no quiere decir que todas las mujeres sean así, sino que socialmente se han atribuido a ellas- vinculados a lo emocional, a la empatía, a una cultura mucho más de la no violencia.

En el ámbito de la violencia de género, uno de los problemas más urgentes es la falta de vivienda asequible una vez que la mujer víctima necesita vivir de forma independiente. ¿Hay compromisos concretos en el pacto en este sentido?

La ley de función social de la vivienda garantiza y prioriza el acceso a la vivienda pública y al alquiler social de las mujeres víctimas de violencia de género. Eso en menor intensidad ya está ocurriendo y con el pacto se va a intensificar mucho más. Una parte de las viviendas del parque público se van a destinar a mujeres víctimas porque cuando ellas se apuntan o son derivadas por parte de los servicios sociales son prioritarias respecto a otro tipo de familias. También en el alquiler social, una mujer víctima de violencia de género tiene más puntos.

Pero no es lo mismo garantizar que priorizar. Ahora hay una gran lista de espera.

La ley de función social de la vivienda dice “garantizará”. Ahora mismo es una ley que está recurrida, que esperemos que pronto podamos resolver y que el PP deje de poner palos en las ruedas. Y se está trabajando en priorizar. Tenemos un parque de vivienda público que cuando entramos estaba completamente destrozado, y que semestralmente saca lotes en los que prioriza a las mujeres. ¿Esto quiere decir que el 100% de las mujeres víctimas de violencia de género van a tener mañana mismo vivienda? No. ¿Esto quiere decir que la inmensa mayoría van a poder tenerla? Sí. El propio pacto contempla que con la vivienda pública no es suficiente porque en los últimos 20 años no se ha construido. Mientras la construimos, otra de las medidas es que aquellas organizaciones privadas (un banco, una promotora, una inmobiliaria...) que tengan vivienda vacía la van a poner a disposición de mujeres víctimas de violencia de género.

Otro de los problemas más urgentes de las mujeres que denuncian es la falta de medios de vida y de empleo. ¿Qué novedades concretas aporta el pacto?

La ley de la renta valenciana de inclusión, que ahora mismo está en Las Cortes y creo que va a gozar de una mayoría amplísima, es una herramienta muy potente para las mujeres víctimas de violencia de género. Si no tienen medios económicos, van a tener acceso a una renta de 535 euros, más una determinada cantidad por hijo. A esto se suma un complemento de un 20% para el alquiler. También el acceso directo a una plaza de 0 a 3 años y a otras ayudas de la administración en transporte, vivienda, bonolibro, comedor escolar, etc. Además, se equiparan todos los derechos que tiene una familia víctima de violencia de género a los de una familia monoparental. 

En el aspecto laboral, hay que recordar que el SERVEF tendrá siete puntos de atención a mujeres víctimas de violencia de género y por tanto va a diseñar en colaboración con las agencias de desarrollo local planes muy concretos. Habrá un acompañamiento y una prospección individualizada. Otra parte es interpelar al empresariado. La contratación pública entre sus cláusulas sociales va a tener muy en cuenta aquellas empresas que contraten a víctimas de violencia de género. Otro punto importante es reeditar el pacto valenciano de empresa y violencia de género para que aquellas empresas que quieran fomentar la contratación de mujeres puedan tener un sello distintivo de la Generalitat. Pero no como hasta ahora, que firmabas y no tenía ningún control. Ahora habrá una revisión, que será anual o bianual.

¿Cuánto dinero compromete el Consell para hacer efectivo este pacto? ¿Cuánto prevé que tendrá que aportar para cumplir el pacto estatal?

Entiendo que la mayoría de medidas de ambos pactos van a poder complementarse. En cuanto a la dotación presupuestaria, hemos llegado a un acuerdo con todas las partes. Lo que hemos hecho es ser honestos. ¿Qué se hacía hasta ahora? Cogían las partidas de educación, de justicia, de sanidad, le ponían un lacito y eso era el plan. Esto es una manera tradicional de la vieja política y es hacer un poco de trampa. ¿De qué forma hemos revertido esto para que sea más seguro? Hemos determinado una cantidad concreta de ayuda directa a las víctimas, programas y centros especializados de violencia de género de doce millones de euros. Porque las entidades feministas exigían al Estado 120 millones de euros en el 19J. Por tanto, a la Comunidad Valenciana, que es el 10% de la población, le tocan doce.

Luego, en el resto de medidas que comprometen a la Generalitat, la comisión de seguimiento del pacto (que es paritaria entre sociedad civil y administraciones públicas) podrá controlar el dinero real anualmente, con el presupuesto y las partidas ejecutadas. Nosotros entendimos que dar grandes cifras viste mucho a nivel político pero obedece a la vieja política, que había que ir a lo real. Uno de los éxitos de este pacto es que está basado en la confianza entre las partes y que más allá de grandes titulares se va a comprobar partida por partida la ejecución presupuestaria.

Pero el pacto habla de cosas concretas, como los centros mujer 24 horas itinerantes, el transporte público en el mundo rural, equiparar a las mujeres víctimas de violencia de género a las familias monoparentales a la hora de dar una renta de inclusión... ¿No ha cuantificado la Generalitat cuánto va a costar cada cosa antes de firmar el pacto?

Lo ha cuantificado de forma global. Evidentemente, cada parte sabe que se ha comprometido a un número concreto de acciones y en su presupuesto las incluirá. ¿Qué hemos cambiado respecto a como estaba sucediendo hasta ahora? Históricamente, los gobiernos anuncian planes con no sé cuántos millones y luego nadie sabe si es verdad o no. El titular es muy bonito, pero con la regeneración democrática yo quiero saber qué dinero te gastas, no cuánto me dices. Por tanto, hay una comisión en la que nadie tiene mayoría (es más, la Generalitat no tiene ni el 50%) y todas las partes van a poder seguir en qué partida presupuestaria se está ejecutando cada medida. En el presupuesto no hay partidas específicas para violencia de género, exceptuando los doce millones, que es un aumento del 33% que se suma al 30% que ya llevábamos. Creo que es una manera mucho más feminista y mucho más honesta seguir la ejecución de las acciones basándose en la confianza y no en los grandes números. Yo entiendo que en un mundo muy masculino, de números y de raciocinio, es un titular maravilloso. Pero creo que justamente buscamos lo contrario, buscamos un cambio que se consolide.