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La oposición aprieta a Puig con la investigación a las empresas de su hermano y las becas de Presidencia

Ximo Puig, president de la Generalitat, durante una sesión de control

Laura Martínez / Laura Martínez/Agencias

La sentencia de los ERE de Andalucía, las investigaciones a las empresas del hermano de Ximo Puig y la resolución de la Inspección de Trabajo sobre las becas de la Generalitat han centrado las preguntas de la oposición en la sesión de control al president en las Corts Valencianes.

El PP y Ciudadanos llevan semanas insistiendo en la investigación de las ayudas para promover el valenciano y otras subvenciones concedidas a las empresas de Francis Puig, así como con las becas de Comunicación de Presidencia, que la Inspección de Trabajo consideró fraudulentas. En la sesión de este jueves, el portavoz de Ciudadanos Toni Cantó ha preguntado “¿qué es un becario?” para criticar la “explotación” a los jóvenes. La bancada popular, por su parte, ha 'apretado' al president sobre las investigaciones a las empresas de su hermano por las ayudas del valenciano y de la conselleria de Economia, que ya han sido investigadas por la Generalitat. El partido de extrema derecha Vox ha pedido a Puig que dimita por la sentencia de los ERE de Andalucía, cuestión que el president ha considerado un sinsentido.

Sobre la cuestión de las becas, Puig asegura que su departamento se encuentra estudiando la resolución de la Inspección para “actuar en consecuencia y formular, si es necesario, las distintas alegaciones”, y se ha dado la orden a las direcciones generales para que “ajusten de manera inmediata los planes de formación y de tutorización de los becarios actuales”. “A partir del próximo año la Generalitat seguirá apoyando la formación e inserción laboral de los jóvenes a través de las fórmulas legales apropiadas, de planes de formación o de prácticas”, ha aseverado, después de insinuar semanas atrás que podría no haber convocatoria.

El president ha defendido que estas becas de Presidencia han servido para que muchas personas estén hoy trabajando en medios de comunicación: “Claro que han servido y tenemos que hacerlo mejor, si se ha hecho mal se va a actuar en consecuencia, pero hablar de explotación es muy sobrepasado de la realidad”.

Reproches judiciales

La portavoz del PP valenciano, Isabel Bonig, ha protagonizado un rifirrafe de acusaciones judiciales con el president. La síndica y los portavoces adjuntos del PP han reprochado al dirigente socialista las investigaciones a su hermano, cuestión a la que el presidente ha respondido con un “li diu el mort al degollat” (le dijo el muerto al degollado), señalando la investigación de la visita del Papa en 2006, por la que Bonig ha declarado como testigo en el juzgado de Instrucción número 5 de Valencia. Según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es, la Generalitat Valenciana perdonó medio millón de euros a la fundación que organizó la visita y la empresa pública Vaersa pagó 265.000 euros en el montaje del evento, que no se reclamaron.

Emergencia feminista

Tras la sesión de control, el pleno ha aprobado la declaración de emergencia feminista. Esta iniciativa contra la violencia machista, surgida de la noche violeta del pasado septiembre, se intentó aprobar como declaración institucional, pero la oposición de la extrema derecha rompió la unanimidad. Los cinco partidos restantes propusieron su tramitación como proposición no de ley, que no requiere de consenso para aprobarse. Todos, salvo Vox, han apoyado esta declaración y han intervenido sobre una lona que llevaba los nombres de las mujeres asesinadas este 2019.

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