La ley valenciana que el Gobierno de Rajoy intentó frenar aflora 7.000 viviendas vacías de 10 bancos
La consellera valenciana de Vivienda, María José Salvador, ha anunciado este martes que un total de 10 entidades bancarias les han informado de que cuentan con un total de 7.000 viviendas vacías, las cuales podrán salir al mercado en régimen de alquiler social en el futuro.
Los bancos han dado esta información en cumplimiento de la Ley de la Función Social de la Vivienda, cuyos articulos recurridos en su día por el Gobierno de Rajoy validó el pasado mes de julio el Tribunal Constitucional, salvo el 12.4 y el 13 sobre expropiaciones, al entender que la Generalitat no es competente.
Tal y como ha explicado la consellera, la normativa autonómica establece sanciones de entre 600 y 3.000 euros (infracción grave) a aquellas entidades o particulares que no comuniquen a la administración que cuentan con más de 10 viviendas vacías.
Una vez recibida la información, la Generalitat inspecciona los inmuebles y si cumple unos requisitos de habitabilidad, los declara deshabitados, momento en el que el propietario está obligado a sacarlo al mercado en régimen de alquiler social. De lo contrario, de expone a nuevas sanciones.
En el caso de que las viviendas estén ocupadas o en mal estado, el propietario debe encargarse de desalojarlas y reformarlas e informar a la administración una vez esté disponible.
Este es uno de los aspectos más destacados que prevé la ley autonómica para fomentar la oferta de viviendas dignas a previos asequibles.
Sin embargo, no es la única medida en la que trabaja el departamento de Salvador. Además, ha anunciado que antes de final de año se presentará el índice de refefencia de precios de alquiler que marcará por ciudades y por barrios en el caso de las más grandes, unos precios de mercado para los alquileres de particulares teniendo en cuenta las dimensiones de la vivienda, las calidades o la antigüedad, con el objetivo de dar a los potenciales inquilinos una referencia oficial y rigurosa del precio de mercado de la vivienda que les interesa alquilar, así como evitar subidas desproporcionadas y fuera de mercado. Ciudades como París o Berlín ya cuentan con estas herramientas correctoras para evitar subidas de precios desmesuradas.
Además, Salvador ha comentado que pretenden que esté índice sea vinculante y por tanto de obligado cumplimiento, lo que en la práctica supondría marcar a los particulares los precios máximos a los que puede alquilar su inmueble. Sin embargo, para ello necesita el visto bueno del Gobierno central, que debería de acometer una reforma legal.
Al respecto, Salvador ha comentado que ya trasladó la iniciativa al nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez y que se mostraron dispuestos a estudiar la medida. De hecho, ha comentado que “el Ministerio de Vivienda ya está tabajando en una ley estatal de función social de la vivienda muy similar a la valenciana”.
