Uno de cada siete castellanos y leoneses vive en situación de exclusión
El porcentaje de personas en exclusión social severa en Castilla y León ha crecido en cuatro puntos en los últimos cinco años, según el VIII Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en Castilla y León, que se ha presentado este miércoles en Valladolid junto al presidente regional de Cáritas y el obispo auxiliar de Valladolid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.
Según el informe, en 2018, el 56,9% de la población de Castilla y León se encontraba en una situación de integración plena, frente al 27,8% que está en una situación de integración precaria. El dato de personas en exclusión social se sitúa en el 15,3% de la población de Castilla y León, es decir una cada siete personas está en situación de exclusión. El 6,4% en una situación de exclusión moderada y el 8,9% en una situación de exclusión severa.
“La evolución de los datos muestran cierto proceso de polarización de la sociedad castellano y leonesa”, explican los autores del informe. En cinco años han aumentado las dos categorías situadas en cada extremo: exclusión severa e integración plena, y al mismo tiempo que se han reducido las dos categorías intermedias: la suma del porcentaje de población en situación de integración precaria y exclusión moderada ha pasado del 45,4% en 2013 al 34,2% en 2018.
Según los datos, las personas en situación de exclusión social en Castilla y León son las que, en mayor medida, consideran que han experimentado un importante deterioro en sus condiciones de vida desde el inicio de la crisis. Entre este colectivo, el 63,5% considera que su situación ha empeorado –el 43,9% considera además que ha empeorado mucho–. Mientras, entre las personas en situación de integración el porcentaje se reduce al 43,9%.
Datos globales mejor que otras comunidades
Con todo, según el informe de Cáritas, la situación de Castilla y León es mejor que la de otras comunidades, con “tasas reducidas de pobreza monetaria y desigualdad, y un gasto social ligeramente superior a la media”, aunque hay datos preocupantes, como “la notable pérdida de población a lo largo de los diez últimos años (entre 2007 y 2018 la población residente en Castilla y León ha decrecido un 4,8%, mientras que en el conjunto de España ha crecido, en el mismo periodo, un 3,3%.
La comunidad autónoma es junto al País Vasco y La Rioja una de las que registra tasas más elevadas de integración plena. Por otra, también es algo menor el porcentaje de población en situación de exclusión (15,3% frente al 18,4% en España) y más reducido el espacio de la integración precaria (27,8% frente al 33,2% en España).
Castilla y León también se caracteriza por un gasto en protección social algo más alto que el correspondiente al conjunto del país debido fundamentalmente al mayor gasto realizado por la Seguridad Social y por la Administración autonómica para la financiación de las prestaciones de protección social. Con 3.426 euros anuales por habitante, el gasto público en prestaciones sociales realizado en el periodo que va de 2002 a 2013 es en Castilla y León ligeramente superior al que se realiza en el conjunto de España, donde el promedio en protección social ascendió en el periodo analizado a 3.215 euros por habitante.
