Al menos 951 personas han muerto en su intento de migrar a España durante los seis primeros meses de 2023

“Van a dejarles que se mueran, por favor, no es la primera vez, lo sabemos bien, son asesinos, asesinan a nuestras familias. Les da igual, no tienen piedad, llevan ahí horas, siento que van a morir, mi mujer y mi hijo van a morir”, alertaba a la ONG Caminando Fronteras uno de los familiares de las personas que viajaban en una barca neumática con dirección a Canarias el pasado 20 de junio. Al otro lado del teléfono, la activista Helena Maleno y su equipo trataban de tranquilizar a quienes aguardaban la confirmación de un rescate que nunca llegó. 

Pero lo que tanto temían los familiares se acabó produciendo. Los seres queridos de quien llamaba desesperado se sumaron a la cifra de fallecidos en su intento de migrar a España, que en los últimos meses de 2023 ya alcanzan las 951 personas muertas o desaparecidas, según el último informe de Caminando Fronteras, organización en estrecho contacto con los allegados de las víctimas a través de un sistema de alertas de barcas en peligro en el mar. Del total de personas fallecidas, 112 eran mujeres y 42 eran menores. 

La cifra de fallecidos o desaparecidos es similar a la registrada en el mismo periodo del año pasado (978), a pesar de que las llegadas irregulares han disminuido un 11,35% con respecto a la misma fecha de 2022, según los datos del Ministerio del Interior. El mes de junio ha sido especialmente mortífero para quienes tratan de alcanzar las costas españolas: 332 personas han perdido la vida solo el mes pasado.

La ruta canaria, aquella que parte de las costas marroquíes, saharauis o senegalesas, acumula la mayoría de muertes y naufragios. 778 personas fallecieron o desaparecieron en su intento de alcanzar las islas, por lo que las víctimas en esta ruta se mantienen en niveles semejantes a los registrados por la ONG en el mismo periodo del año pasado (800), a pesar de que el flujo migratorio ha decrecido en este trayecto un 18% en la primera mitad de 2022.  Le sigue la ruta argelina -desde Argelia hacia Almería, Murcia, la Comunidad Valenciana y Baleares-, con 102 víctimas. En la zona del Estrecho han fallecido 50 personas. En el Mar de Alborán, 21. 

“Estamos muy preocupadas porque las muertes se mantienen a pesar de que los datos del Gobierno español apuntan a una reducción del tránsito en las rutas migratorias. ¿Por qué seguimos teniendo tantas muertes? ¿Qué es lo que está pasando en el mar?”, se pregunta Helena Maleno, fundadora del colectivo. 

Según el registro de la ONG, 19 embarcaciones han desaparecido en el mar con todas las personas a bordo. Las víctimas procedían de al menos 14 países diferentes: Argelia, Camerún, Sudán, Senegal, Marruecos, República Democrática del Congo, Islas Comores, , Mali, Costa de Marfil, Gambia, Guinea Conakry, Etiopía, Siria y Sri Lanka. 

Causas

El naufragio del pasado 21 de junio puso en evidencia la actuación de Salvamento Marítimo, que dejó el rescate en manos de Marruecos, cuya patrullera no llegó a la zona hasta la mañana siguiente, cuando era demasiado tarde. Para Helena Maleno, este episodio, más mediático que otros, muestra las prácticas que se repiten por parte de los servicios de rescate en las rutas migratorias: “Es habitual que se presione a Marruecos para que vaya el rescate. Marruecos va, porque tiene intereses en las aguas y asume la coordinación, pero se retrasa por no tener medios suficientes”. 

Más allá de este caso concreto, el informe enumera las causas que están detrás de las tragedias documentadas, entre las que destacan la falta de coordinación entre los equipos de salvamento, la discriminación en los distintos criterios a la hora de determinar si una barca es de riesgo o no lo es -siendo menos cuidadosos en el caso de las pateras- o la falta de activación de los medios necesarios a pesar de contar con la localización de la embarcación en peligro.

“Constatamos un aumento de las causas ligadas a las políticas de control migratorio en detrimento de aquellas relacionadas con las dificultades físicas y de riesgo de las propias rutas”, sostiene el informe, que ahonda en las causas de las 49 tragedias documentadas. 

Sobre la “mala coordinación” en las labores de búsqueda y rescate, Caminando Fronteras destaca las situaciones surgidas en las operaciones compartidas entre España y Marruecos. “Le coordinación -en los operativos de ambos países- no está basada en la defensa del derecho a la vida, sino en las negociaciones bilaterales de control migratorio efectuadas entre ambos países”, cuestiona la organización.

Discriminación

El estudio también destaca la reiteración de una “aplicación discriminatoria” sobre “lo que se considera una embarcación que no cumple los requisitos de seguridad náutica”, como podría ser una patera. Caminando Fronteras denuncia que “las autoridades de rescate españolas consideran a infraembarcaciones a la deriva como aptas para la seguridad náutica, de forma contraria a lo que indican las convenciones internacionales de protección de la vida en el mar”. Sin embargo, añade, “esto solo se aplica a las personas migrantes, no siendo así cuando otros colectivos (pescadores, personas en yates de recreo) están en riesgo”. 

Un ejemplo es la apreciación de Salvamento Marítimo, cuando justificó no haber rescatado la patera hundida el 21 de junio porque sus ocupantes “parecían” encontrarse en buen estado. “No tuvieron información de que ni la embarcación ni los migrantes estuvieran en peligro hasta que la operación de rescate estaba ya en curso”, informó la institución de rescate dependiente del Ministerio de Transporte. Se trata de un argumento similar al aportado por las autoridades griegas tras el naufragio del pesquero con 750 personas a bordo. Desde la ONU sostienen que una patera siempre es una barca en riesgo. 

Otro de los factores de riesgo resultados por el estudio es la violencia empleada por las fuerzas de seguridad. El informe destaca el caso ocurrido el 25 de mayo, cuando llegó a Canarias una embarcación con 43 personas, cuyos ocupantes denunciaron haber sido disparados a su salida de Marruecos, como publicó la agencia EFE.  “A pesar de la gravedad de este testimonio, no se les trató como víctimas de una tragedia y se les aplicó los protocolos de la ley de extranjería. No fue hasta el día siguiente, en el CATE (centro de detención donde son identificados por la policía durante un máximo de 72 horas), donde uno de los supervivientes se quejó de las heridas y dos personas fueron finalmente hospitalizadas. Efectivamente, los médicos pudieron constatar heridas de bala”, añade la ONG, que confirmó posteriormente la muerte de cuatro personas heridas de bala. 

“Empezaron a disparar cuando estábamos en la zodiac, conté hasta cuatro ráfagas, sonaba pun, pun, pun. Era terrible, a mi lado había un chico, se agarró a mí, y entonces caí con él al agua. Estábamos aún cerca de la playa, no sé cómo me salvé. En la orilla vi al chico que se había agarrado a mí, estaba muerto. Otros dos compañeros a mi lado aún seguían vivos”, sostiene un testimonio de los supervivientes, incluido en el informe. Cogí la documentación del chico muerto, tenía un pasaporte maliense, la cogí para saber quién era y poder decirlo a su familia, y también cogí su teléfono, pero la gendarmería me quitó todo. Yo estaba muy enfadado y seguía diciendo que quería declarar, que le habían matado. La gendarmería nos detuvo, y acabó tirándonos al desierto. Aún no puedo dormir por la noche, escucho los disparos, veo su cara (la del fallecido), me pregunto si sus padres sabrán que ha muerto y dónde está su cuerpo“. 

El documento denuncia la pasividad de las autoridades para buscar, identificar y enterrar de forma digna a los migrantes fallecidos en el mar, pues la ONG destaca la falta de protocolos de identificación con garantías. “Las familias sufrieron negación del derecho a la verdad, siendo aún difícil para ellas obtener informaciones de las administraciones públicas que las lleven a efectuar un duelo y recuperar los cuerpos de sus seres queridos en el caso de que hayan sido encontrados”, sostiene el informe, que destaca el caso de un naufragio de una patera en la que viajaban 16 personas con destino la Comunidad Valenciana. Durante los meses posteriores, las redes de pesca de barcos que faenaban en las aguas próximas a Denia y Javea encontraron cadáveres que, según Caminando Fronteras, corresponden a los desaparecidos en esta embarcación. 

“De esa embarcación aún quedan nueve personas desaparecidas, y a pesar de haber sido encontrados los siete cuerpos en la misma zona, no se han habilitado labores de búsqueda por parte de las autoridades españolas aun teniendo informaciones de la embarcación suficientes y contar con indicios de dónde pudo producirse el naufragio”, denuncia la organización.

Caminando Fronteras ha denunciado ante la Fiscalía la actuación de Salvamento Marítimo el pasado 21 de junio en las aguas existentes entre el Sáhara Occidental y Canarias, ante la posibilidad de que hayan incurrido en un delito de omisión de socorro, según la ONG. El Defensor del Pueblo mantiene abierta una investigación sobre el episodio para esclarecer el operativo activado. Mientras, las familias esperan respuestas: “La madre de este niño -uno de los fallecidos- no pudo subir en la embarcación por una situación de violencia a pie de playa. Que alguien le explique por qué, aunque había capacidad de rescatar a su hijo y buenas condiciones para hacerlo, no lo hizo, sino que se le dejó sufriendo durante horas, siendo torturado durante horas hasta que murió”, lamenta Maleno.