Grecia reclama un mecanismo europeo de expulsión para los migrantes a los que les deniegue el asilo
El ministro griego de Inmigración, Yannis Muzalas, reclama “un mecanismo europeo de retorno” para los migrantes no admitidos y exige que este año se aumente el compromiso de reubicaciones, hasta alcanzar una cifra superior a los 30.000 acordados inicialmente. Además, ha recordado que hasta el momento sólo se ha hecho con 3.500, mientras que otros 7.000 que están listos no han salido por falta de plazas en los otros Estados de la UE.
En una entrevista publicada este lunes por Libération con motivo de una visita a París, Muzalas ha alertado de que con el cierre de las fronteras europeas, “más de 59.000 migrantes y refugiados” han quedado atrapados en Grecia en apenas tres semanas.
Hasta la fecha, España solo ha reubicado a 201 refugiados desde Grecia e Italia y ha reasentado a otros 273 desde El Líbano y Turquía, un total de 474 de los 16.000 que se comprometió a acoger en Bruselas.
“La UE debe elaborar soluciones comunes” y “el reparto de refugiados que se prometieron deben respetarse”, ha insistido el ministro griego. En ese contexto, ha rechazado la intención de Alemania de devolver a Grecia los migrantes y refugiados que hubieran entrado en Europa por el país heleno, mientras se renegocian los acuerdos europeos sobre la gestión de los refugiados.
Cuestiona así el principio europeo por el que Grecia, por ser el país de entrada, es considerado “el país enteramente responsable de los demandantes de asilo llegados a su territorio”, así como que el reparto se efectúe únicamente cuando se supera el umbral del 150% de las capacidades de acogida del Estado.
Para efectuar la devolución de los migrantes a los que se les deniegue el asilo, Muzalas exige “la creación de un mecanismo europeo” para “acelerar los procedimientos de expulsión, en particular a países de Asia central” como Afganistán y Pakistán.
Concesión de asilo polémica
El servicio de expulsiones que Muzalas reclama se aplicaría entre los migrantes que llegaron a territorio griego antes del día 20 de diciembre, cuando se puso en marcha el acuerdo entre la UE y Turquía. Todos los migrantes y refugiados que alcanzaron el país heleno antes de esa fecha no pudieron ser devueltos a Turquía, pero tampoco avanzar hacia otros países europeos sin atenerse al procedimiento del programa de reubicación, debido al cierre hermético de fronteras establecido a principios de año.
El ministro pide ahora poder devolver a sus países de origen a aquellos a los que se les deniegue el asilo, pese a que algunos migrantes se quejaban ya en marzo –entonces ante el temor de la inminente activación del acuerdo UE-Turquía– de que la consideración de “refugiado” dependía, en muchos casos, de su propia nacionalidad y no de que se estudiasen sus casos particulares. “Rechazamos la etiqueta de 'inmigrante económico', la UE tiene que estudiar nuestros casos”, decía entonces un joven paquistaní que había llegado a Lesbos.
El ejemplo español
Muzalas ha argumentado que Grecia debe contar con tal mecanismo de retorno apoyado por la Unión Europea porque considera una “paradoja que España pueda expulsar a los migrantes a Marruecos, o Alemania a Afganistán, pero la Unión Europea (UE), no”.
Muchas de las deportaciones que efectúa España, a las que el ministro griego hace referencia, han recibido numerosas críticas por parte de diversas ONG por la posible vulneración de los derechos de las personas migrantes y demandantes de asilo.
En el caso de la frontera sur, España ha ejecutado numerosas devoluciones en caliente sobre las que la propia Agencia de la ONU para los Refugiados ha dado la voz de alarma porque, dicen, “es evidente que podría haber refugiados” entre las personas a las que se devuelve a Marruecos.
Las denuncias han llegado también de situaciones en las que se ha deportado a personas que sí habían podido solicitar asilo previamente, pero a las que se lo habían denegado (misma situación en la que estarían los migrantes a los que Grecia quiere expulsar).
Es el caso de Ana María y Natalia (nombres ficticios), una madre y su hija que huyeron de las maras de El Salvador, y cuya solicitud de protección internacional ha sido denegada. El Gobierno no contempla que, en su caso, la violencia de las pandillas sea una amenaza suficiente como para pedir refugio en España, pese a que la joven de 14 años asegure haber visto a compañeros de su escuela “degollados y tirados al río”.
Con ejemplos como este, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJMe) exigía a principios de verano, con motivo del día mundial de los refugiados, “una revisión de las condiciones para la concesión del asilo en nuestro país”.
