El PSOE mantendrá el control sobre las políticas migratorias a través de tres ministerios clave

En el inicio de su primer gobierno, Pedro Sánchez vio en la inmigración una oportunidad para dar un primer golpe de efecto que le distanciase de las políticas del pasado. Acogió al Aquarius, prometió la retirada de las concertinas y recuperó parte de la sanidad universal; pero, ante el pico de llegadas de pateras registrado en 2018, un giro de guión marcó sus siguientes medidas: el mantenimiento de las devoluciones en caliente, las expulsiones exprés, el refuerzo de las relaciones con Marruecos o el bloqueo del Open Arms. En su nuevo Ejecutivo de coalición, el presidente ha apostado por mantener en el PSOE las competencias de inmigración, repartidas en tres ministerios clave. 

Si la estructura actual no cambia, los principales retos del nuevo Gobierno sobre inmigración se distribuirán entre las carteras de Interior, con las competencias ligadas a control de fronteras o los trámites de extranjería y asilo; Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, del que cuelgan las políticas de acogida de inmigrantes y refugiados; y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, bajo el que en principio continúa Salvamento Marítimo, encargado del rescate de embarcaciones en riesgo, entre las que se incluyen miles de pateras. 

El Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, liderado por José Luis Escrivá, se encargará de las políticas migratorias enfocadas a la integración, acogida y atención humanitaria de inmigrantes y refugiados, siempre que el Ejecutivo mantenga la organización interna actual. El futuro ministro ocupaba el cargo de presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), institución que ha apostado por una política de inmigración de “puertas abiertas” desde un enfoque económico. Un informe de la Airef de 2019 aseguró que la llegada de migrantes actuará en los próximos años como “mecanismo de ajuste” dada la escasez de mano de obra nacional en los próximos 30 años, fruto del envejecimiento de la población en España en ese periodo.

Su antecesora, Magdalena Valerio, descartó llevar a cabo un proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, similar al impulsado por el PSOE en 2005 y por el PP en 1996. Habrá que ver cuál es la posición de Escrivá, con el telón de fondo de los argumentos defendidos desde la Airef. 

La cartera de Migraciones se coloca en este Ministerio, junto a Seguridad Social e Inclusión, en el que desaparece la competencia de Trabajo, que ha pasado a manos de Unidas Podemos bajo la dirección de Yolanda Díaz. La inclusión de estas políticas migratorias en un área de claro acento económico suele despertar las reticencias de quienes lo consideran un enfoque “utilitarista” de la migración, que suelen apostar por su inclusión en otros departamentos de mayor carácter social. 

Un sistema de acogida de refugiados colapsado

Si la estructura se mantiene como hasta ahora, de Escrivá dependerá, por ejemplo, la gestión del colapsado sistema de acogida de refugiados, que en la actualidad está dejando a centenares de familias de solicitantes de asilo en las calles. 

La red de acogida se encuentra, con carácter general, al 100% de ocupación.  107.542 personas han pedido asilo en 2019, pero el Ministerio de Migraciones cuenta solo con 9.097 plazas para asistirles en el conjunto del territorio español, en cumplimiento de la Ley de Asilo.

Acabar con las imágenes de decenas de familias con niños pasando la noche ante las puertas del Samur Social de Madrid está, en parte, en manos de Escrivá. Pero también en las de Fernando Grande-Marlaska, quien repite como titular de Interior, cartera encargada de la tramitación de las peticiones. Aunque en 2019 su departamento ha respondido a cerca de 64.000 peticiones, cinco veces más que el año anterior, el reto continúa. Aún acumulan cerca de 100.000 expedientes sin resolver. 

La eterna promesa de retirar las cuchillas 

La dilación en la respuesta afecta a la saturación de la red de acogida, además de aumentar la incertidumbre de los solicitantes de asilo durante un plazo indefinido. Sobre Interior también pesan todas aquellas medidas relacionadas con el control de fronteras. Grande-Marlaska acabó su primer mandato sin cumplir la promesa de retirar las cuchillas de las vallas de Ceuta y Melilla.

Su equipo ha retrasado una y otra vez la fecha de la culminación de las obras, que conllevan el refuerzo del perímetro fronterizo previo a la supresión del material cortante. El último plazo aportado por Interior apunta a que las concertinas y la sirga tridimensional desaparecerán de las alambradas en torno a septiembre de 2020. 

La reforma de los CIE

La reforma de los Centros de Internamientos para Extranjeros (CIE) es otra de las tareas pendientes de Interior, también uno de los puntos en los que pueden chocar con lo defendido por sus socios de Gobierno, quienes siempre han apostado por el cierre de estas dependencias policiales. 

El anterior Gobierno aprobó en enero de 2019 “una reforma integral de los ocho CIE existentes” para desarrollar a lo largo de un periodo de tres años. El primer centro que se construirá bajo este “nuevo modelo” se localizará en Algeciras.  Según explicó Grande-Marlaska, “se trata de plan urgente de actuación para aproximarse a los requerimientos legales y humanitarios”.

“Con estas obras se atienden las observaciones de los jueces de control y resto de organizaciones nacionales e internacionales que señalaban que estos centros no reúnen las condiciones idóneas”, ha defendido el titular de Interior, quien a su vez tiene pendiente decidir el futuro de otro CIE, el de Fuerteventura, cerrado a su llegada al Gobierno, pero que ahora estudia reabrir ante el aumento de las entradas en patera a Canarias.  Esta posibilidad ha despertado las críticas de ONG, que exigen el cierre de los centros de internamiento para extranjeros porque encierran a personas por cometer una falta administrativa, no un delito.

El rescate de vidas en peligro en el mar

El rescate de cualquier persona en riesgo en el mar suele recaer en el tradicional Ministerio de Fomento, que ahora recibe un nuevo nombre: Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. José Luis Ábalos seguirá al frente de esta cartera, de la que cuelga Salvamento Marítimo. Este departamento no tiene ninguna competencia directa sobre migración pero, en la última legislatura, el organismo ha visto incrementadas sus labores debido al aumento de las llegadas de pateras registrado en 2018.

Sus trabajadores llevan años exigiendo más recursos y personal para salvaguardar la vida de quienes arriesgan su vida para alcanzar las costas españolas. El sindicato mayoritario, CGT, ha alertado de los posibles efectos del acuerdo entre España y Marruecos en las labores de auxilio de personas migrantes en riesgo.

Durante la anterior legislatura, Interior ha dado pasos para favorecer el aumento de rescates realizados por el país vecino, con el objetivo de reducir el número de pateras auxiliadas por por las autoridades españolas. Su finalidad era conseguir un descenso de las llegadas de migrantes a España. En 2019, han alcanzado las costas españolas cerca de un 50% menos de migrantes que el año anterior. Para lograrlo, el Ejecutivo creó un puesto dedicado a coordinar las labores de Salvamento Marítimo: el mando único operativo, un guardia civil.

Aunque el peso de esta estrategia para controla la inmigración ha estado coordinada por el Ministerio del Interior, no sería posible sin la conformidad del Ministerio de Transporte, de ahí su peso destacado a pesar de carecer de competencias migratorias.

¿Un nuevo modelo de acogida de menores migrantes?

La acogida de los menores tutelados, nacionales y extranjeros, es competencia de las comunidades autónomas, pero el anterior Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social era el encargado de las medidas estatales destinadas a la protección de la infancia. A finales de año, este departamento trabajaba en un nuevo plan para transformar el modelo de atención a los menores migrantes no acompañados. 

El objetivo del anterior Gobierno consistía en encargarse de la acogida de estos chavales durante unas semanas, para coordinar su posterior distribución por diferentes comunidades autónomas. Por el momento, se desconoce el Ministerio sobre el que recaerá la protección de la infancia y, por tanto, sería el encargado de continuar o paralizar un plan centrado en los menores migrantes.

La cartera de Sanidad ya no incluye en su nomenclatura el área de Bienestar Social, por lo que podría acabar dependiendo de la vicepresidencia de Derechos Sociales, dirigida por Pablo Iglesias.