España rechaza la protección a tres de cada cuatro solicitantes de asilo
Durante 2018, se ha registrado un nuevo récord de solicitudes de asilo en España, con 54.065 peticiones admitidas a trámite. Sin embargo, el porcentaje de peticiones resueltas de forma favorable mantiene su tendencia a la baja: el Ejecutivo solo ha aceptado una de cada cuatro, según el análisis de los datos de Eurostat elaborado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). En 2017, aprobó una de cada tres demandas de protección.
El año pasado, el Gobierno resolvió de forma favorable 2.851 peticiones de asilo, lo que supone un 24% del número de solicitudes registradas. La mayoría de solicitantes de asilo que logró una resolución positiva, 2.320 personas, obtuvo la protección subsidiaria. El Ejecutivo solo reconoció el estatus de refugiado a 575 personas.
“Esta tasa de admisión nos da una imagen negativa en cuanto a nuestra voluntad de aceptar a personas refugiadas”, ha valorado Estrella Galán, secretaria general de CEAR en la presentación del estudio Más que cifras. “La aplicación de la protección internacional sigue siendo muy restrictiva”, ha añadido.
En cuanto a las nacionalidades, el mayor número de peticiones de protección corresponden a ciudadanos venezolanos, con 19.280 solicitudes. en segundo y tercer lugar se encuentran los solicitantes colombianos ( 8.650) y sirios (2.775) respectivamente. Le siguen los nacionales de Honduras, El Salvador, Ucrania y Palestina.
No obstante, aclaran desde CEAR, la mayor cifra de peticiones rechazadas corresponden a personas procedentes de Venezuela: a lo largo del año pasado, 1.495 solicitudes de venezolanos fueron denegadas, mientras que 30 concluyeron con la concesión del estatuto de refugiado. A finales de enero, la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea, anunció el reconocimiento de la protección por razones humanitarias a los ciudadanos de Venezuela que no obtengan el estatus de refugiado, una decisión que les permite permanecer legalmente en el país durante al menos un año.
En este sentido, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado recuerda que la ONG “lleva años” pidiendo la aplicación en España de la protección por razones humanitarias para determinados casos pero no se rechaza apostar por esta vía. Por ello, la organización celebra que el Gobierno haya decidido acudir a este mecanismo de protección, pero espera “que se aplique para otras nacionalidades”, y no sólo en el caso de los venezolanos.
Desde CEAR también advierten del bajo índice de aprobación de la protección de los solicitantes que huyen de la violencia de las pandillas en El Salvador, Honduras y Guatemala. A pesar del aumento del número de peticiones de estos países, apenas se otorgó a 15 personas.
Otra de las razones del bajo número de resoluciones favorables de protección, apunta Estrella Galán, se trata del retraso producido en España en la resolución de las solicitudes de asilo registradas en años anteriores. Según la organización, 78.710 peticiones de protección internacional se encuentran pendientes de una respuesta. “Muchas tienen más de dos años de espera, lo que evidencia que el sistema requiere una revisión, modernización y adecuación al número de peticiones de los últimos años”, sostiene la secretaria general de la ONG, que recuerda que el número de peticiones supone un 0,1% con respecto a la totalidad de la población española.
Por su parte, la responsable del departamento jurídico de CEAR, Paloma Favieres, enfatiza la existencia de “otros obstáculos” al acceso de asilo que “aunque pasan más desapercibidos, impiden a las personas llegar a nuestro país” para pedir protección. La letrada se refiere a la imposición de visados de tránsito a ciertos países emisores de potenciales refugiados. En 2018, los nacionales de Gambia, Camerún, las personas palestinas procedentes de Líbano y todas las personas provenientes de Palestina tienen la obligación de presentar este trámite para viajar a España.
“Casualmente, la palestina es una de las nacionalidades que mayor protección recibe. Por un lado, damos protección, pero por otro aplicamos políticas restrictivas”, lamenta Favieres.
