Los 12 expolíticos a sueldo como consejeros de Red Eléctrica y Enagás se repartieron 3 millones en 2020

Los doce expolíticos que en 2020 formaron parte de los consejos de administración de Red Eléctrica (REE) y Enagás recibieron una retribución agregada de cerca de 3 millones de euros el pasado ejercicio, según se desprende de la documentación remitida este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por ambas empresas, las dos energéticas del Ibex 35 que tienen participación pública.

De esa cifra, más de dos tercios (2,07 millones) correspondió a Enagás, en la que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es junto a Amancio Ortega (sin representación en su consejo de administración) el mayor accionista, con un 5%, porcentaje que en el caso de Red Eléctrica asciende hasta el 20%.

De esas doce personas, la que mayor retribución tuvo (1,094 millones brutos) fue el único consejero ejecutivo, el exeurodiputado del PP Marcelino Oreja, consejero delegado de Enagás. A continuación figura la exministra socialista Beatriz Corredor, nombrada hace un año presidenta no ejecutiva de Red Eléctrica. Corredor cobró 464.000 euros, y su antecesor, Jordi Sevilla (también ministro con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero), se embolsó 42.000 euros hasta que dimitió el 28 de enero de 2020 por “discrepancias” con el Gobierno.

En Enagás, la exministra del PP Ana Palacio recibió 190.000 euros; Isabel Tocino, también exministra con José María Aznar, 175.000 euros; y recibieron 160.000 euros, respectivamente, el secretario general de Alianza Popular Antonio Hernández Mancha, el exconseller de Hacienda balear Santiago Ferrer y la exviceconsejera de Hacienda del Gobierno canario Rosa Rodríguez; las últimas incorporaciones, los exministros socialistas José Montilla y José Blanco, nombrados el 30 de junio, cobraron 69.000 euros cada uno.

En Red Eléctrica, que este miércoles lideró las caídas en el Ibex tras publicar sus resultados de 2020 y su nuevo plan estratégico (con 4.400 millones de inversión hasta 2025), el consejero independiente y ex director general de la Guardia Civil con Rajoy, Arsenio Fernández de Mesa, se embolsó 175.000 euros, la misma cifra que correspondió a la expresidenta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y exdiputada socialista María Teresa Costa, que representa a la SEPI. El hólding público se ha abstenido un año más en la votación del informe de remuneraciones de ambas empresas.

El cómputo en Enagás no incluye otros tres vocales independientes que, sin haber ocupado cargos políticos, son considerados cercanos al PP y Podemos. El primero es el científico Cristóbal Gallego, próximo a la formación morada, y nombrado junto a Montilla y Blanco en 2020, que se ha abstenido en la votación del informe de retribuciones hasta “tener mayor conocimiento del sistema retributivo” de la compañía; el expresidente del extinto Tribunal de Defensa de la Competencia en tiempos de Aznar, Gonzalo Solana, y el abogado del Estado Ignacio Grangel, que fue asesor en el Ministerio de Industria durante el primer gobierno de Mariano Rajoy y después fue recolocado por los populares, sucesivamente, en Red Eléctrica, Omel y Enagás.

“Ligero deterioro”

El informe de gobierno corporativo de Enagás, que el año pasado logró incrementar sus beneficios un 5,1%, hasta 444 millones, refleja que la compañía es “consciente” de que los nombramientos aprobados en junio han supuesto “un ligero deterioro de algunos parámetros recomendados en materia de gobierno corporativo”, como la menor presencia de consejeras y el aumento del tamaño del consejo hasta 16 miembros, frente al máximo de 15 que recomienda la CNMV.

“Ello se debe a la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos y que obliga, en aras del interés social, a primar la garantía del servicio esencial de suministro de gas que Enagás tiene encomendado por lo que ha priorizado la incorporación de los perfiles que ha considerado más adecuados para ello, subordinando otras consideraciones. Enagás aspira a restablecer sus habituales parámetros, siempre alineados con las mejores prácticas de gobierno corporativo, en la medida en que la vuelta a la normalidad permita de nuevo priorizarlos”.