Caja Madrid refinanció crédito a Díaz Ferrán pese a que sus sociedades arrastraban una deuda de 348 millones

Caja Madrid refinanció el crédito de 26,6 millones de euros que había contraído el ex presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, pese a la “precaria” situación financiera que atravesaban las sociedades avalistas y las entidades acreditadas, que arrastraban una deuda de 348.862.610 euros.

Los impagos en los que anteriormente había incurrido con otras entidades financieras y el elevado nivel de endeudamiento que presentaban junto a su socio Gonzalo Pascual hacían también difícil que ambos cumplieran con la nueva obligación. Sin embargo, la caja refinanció el crédito a diez años en marzo de 2010, poco antes de que el Grupo Marsans presentara el concurso de acreedores.

Así consta en el informe pericial de la auditora KPMG, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha sido remitido al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid en el marco de la investigación sobre el préstamo concedido a Díaz Ferrán cuando era consejero de la entidad en noviembre de 2008 y que fue refinanciado en marzo de 2010.

Los técnicos repasan las irregularidades detectadas en torno a la concesión del crédito en un amplio y detallado informe con una extensión de 92 páginas, que arrojan como conclusión que la caja sobrevaloró las garantías aportadas, concedió el préstamo sin tener antes la preceptiva autorización de la Comunidad de Madrid y esquivó este trámite a través de un excedido de dos millones.

Según los expertos, la entidad financiera decidió renovar en marzo de 2010 el crédito investigado pese a la “limitada” garantía que presentó el ex presidente de la CEOE, su socio, el fallecido Gonzalo Pascual, y sus esposas dado el “alto endeudamiento y los niveles de riesgo asumidos”.

En general, las sociedades avalistas Teinver, Travel Bus y Trapsatur se encontraban en una situación financiera “bastante precaria”, la cual presentaba “serias dudas” sobre su capacidad para garantizar el importe. “Las entidades acreditadas y las avalistas se encuentran fuertemente endeudadas con entidades financieras, con una deuda total que alcanza los 348.862.610 euros”, señala el informe.

Se trataba de sociedades con “un nivel de riesgo de crédito muy alto” que pone de manifiesto el “alto riesgo” que asumió Caja Madrid al refinanciar la línea de crédito a 10 años, máxime cuando las personas fiadoras y las sociedades avalistas habían incurrido en el impago de obligaciones contraídas con anterioridad con otras entidades financieras.

Para garantizar el pago de las cantidades adeudadas, se diseñó un calendario de pagos bimensual por el 1,67 por ciento de las cantidades dispuestas. El Grupo Marsans entró en concurso de acreedores en noviembre de ese mismo año y 16 millones de euros se aplicaron a la cancelación de parte de la deuda contraída con Caja Madrid.

Dispusieron del dinero sin la autorización de la Comunidad

El crédito que es objeto de investigación se concedió en noviembre de 2008 aunque la caja no tuvo la preceptiva autorización de la Comunidad de Madrid hasta el 10 de diciembre. Según los peritos, no solo prescindió de dicha autorización sino que se permitió a las acreditadas disponer de la financiación otorgada desde el primer instante.

Además, admitió como garantías varias propiedades inmobiliarias que ni siquiera había visitado y la Propuesta de Operaciones de Riesgo valoró los inmuebles en 268.344 euros “por encima de su valor de tasación”. Las garantías reales aportadas subían el 31,25 por ciento de la financiación concedida a las empresas Holdisan y Parihol de Díaz Ferrán y Pascual Arias.

Es más, el patrimonio neto de los fiadores, cercano a los 9 millones de euros, era muy inferior al riesgo directo que habían asumido, de casi 29 millones de euros. Esta diferencia es “mucho más abultada” si se tiene en cuenta el riesgo indirecto que ascendía a 617 millones. Los peritos exponen así el “alto nivel de endeudamiento” y las pocas garantías que ofrecían para avalar la operación.

Llamada de Blesa

El informe también destaca que el propio Blesa llamó personalmente a uno de los miembros del Comité Financiero, Gonzalo Alcubilla, “para pedirle que estudiara la posibilidad de atender a Gerardo Díaz Ferrán en una petición de 2 millones de euros para poder hacer frente de manera inmediata a pagos de una de sus compañías (Air Comet)”.

Así se señala textualmente en un correo electrónico remitido entre otros dos miembros del Comité Financiero, Juan Bartolomé Pásaro e Ildefonso Sánchez Barcoj, con fecha de 10 de agosto de 2009.

Según el informe de KPMG, esta afirmación indica que el por entonces presidente de Caja Madrid Miguel Blesa “se comunicó con otros miembros del Comité Financiero con el fin de instar a los miembros a que estudiasen la aceptación de este excedido a favor del señor Díaz Ferrán”.

En otro correo se señala “he hablado con Gonzalo (Alcubilla), y en caso de que entendamos que podamos hacerlo, la fórmula que nos parece viable es un excedido en la cuenta de crédito que le dimos hace unos meses a favor de una de sus patrimoniales, Holdisan S.A.”.

Añade el correo que al tratarse de un excedido en cuenta de crédito, “quedará en el ámbito del Comité Financiero ”y se podría aprobar de manera inmediata sin autorización previa de la Comunidad de Madrid, por tratarse de un miembro del Consejo de Administración“.

Según los auditores, “se utilizó esta fórmula de la aprobación de un excedido para evitar la autorización de la Comunidad de Madrid”, y para ello era necesaria la aprobación del Comité Financiero, cuyos integrantes declararán como imputados ante el juez Elpidio José Silva el próximo día 22.

El juez Silva abrió diligencias a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias en la que se acusa a Blesa de conceder un crédito “doloso” por importe de 26,5 millones de euros a Díaz Ferrán en el que figuraba como “garantía un holding empresarial que se encontraba en quiebra”. Ambos están acusados de un delito societario y de falsedad documental, mientras que el ex responsable de créditos a empresas de Caja Madrid Carlos Vela está imputado por delito societario.