“Deficiente gestión”, “información que no se ajusta a la realidad”… los auditores de Hacienda tumban las cuentas de la DGT

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el órgano dependiente del Ministerio de Hacienda que audita al sector público estatal, ha emitido una opinión “desfavorable” sobre las últimas cuentas anuales de la Dirección General de Tráfico (DGT) debido a “limitaciones al alcance” de la información suministrada, “incumplimientos de principios y normas contables y presupuestarias muy significativos” y “errores, omisiones y falta de claridad” en los estados financieros del organismo, publicados este martes en el BOE.

La DGT presentó en 2018 la primera caída desde 2013 en el número de fallecidos en las carreteras españolas, pero no ha logrado subsanar las deficiencias contables que lleva años poniendo de manifiesto la IGAE. En 2016 y 2017, los auditores de Hacienda ya se negaron a expresar una opinión sobre las cuentas de la DGT. Ahora, esta pasa a ser negativa; no porque (como en anteriores ejercicios) a la IGAE le falte información, sino porque entiende que esas cuentas no expresan “la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera” de la entidad.

El informe de la IGAE habla de una “deficiente gestión”, de “información que no se ajusta a la realidad” o que adolece de “falta de fiabilidad” y de errores y “graves deficiencias de control interno”. Fuentes de la DGT señalan que se trata de meras “deficiencias formales” que están “en proceso” de subsanación. “Las cuentas están aprobadas, presentadas y realizadas”, añaden. 

Respecto a la memoria de 2018, la IGAE destaca la existencia de “errores y omisiones” de datos, “falta de claridad” y “errores” e “información que no se ajusta a la realidad”. Así, falta información cuya publicación es “obligatoria”, como la relativa a los litigios que afectan a la gestión económica de la DGT; y la memoria “no se ha redactado con la claridad suficiente”, lo que “impide, o al menos dificulta, la comprensión de la información por cualquier usuario no especializado en contabilidad pública”.

Respecto a determinadas liquidaciones de ingresos que no se contabilizan, “el Organismo afirma que se va a realizar según lo indicado en consultas a la Intervención General de la Administración del Estado y a la Intervención Delegada en la Jefatura Central de Tráfico”, recuerda el auditor.

Sin embargo, el informe recalca que la IGAE “no se ha pronunciado en el sentido que se indica en la Memoria, y por lo que respecta a la Intervención Delegada, la consulta no se ha producido y en todo caso no habría sido contestada, toda vez que este órgano de control carece de competencias para contestar consultas sobre decisiones contables o de gestión. Entendemos que esta información no se ajusta a la realidad y puede inducir a error”.

Muchas de las reservas del auditor vienen de atrás. Como en años anteriores, la IGAE ha detectado “limitaciones al alcance” en la contabilización del inmovilizado de la DGT, que representa el 58% de su activo, porque “un 92,24% del importe contabilizado corresponde a bienes que o bien no están inventariados o bien figuran en inventario, pero no existe soporte documental de las cifras contabilizadas”.

Así, solo un 7,76% del inmovilizado está debidamente contabilizado. Corresponde a “una parte de los vehículos del Organismo, concretamente los utilizados por los Servicios Centrales y las Jefaturas de Tráfico” y a una parte de las cuentas de inversiones sobre activos en régimen de alquiler o cedidos, terrenos y construcciones. “El resto de bienes o no están inventariados” o, si lo están, tienen una valoración que “no es verificable al no existir soporte documental que la sustente”.

La IGAE señala que la DGT ha encargado a la empresa pública SEGIPSA un plan de acción para corregir estas deficiencias. Pero recalca que “dada la situación existente, producto de muchos años de deficiente gestión, el desarrollo e implantación de dicho Plan, que ya ha comenzado, requerirá de varios ejercicios”.

Por otra parte, y “debido a la falta de fiabilidad de la información recibida”, un año más la IGAE no ha podido verificar que la recaudación de 84.885.494,81 euros en concepto de tasa por Inspección Técnica de Vehículos (ITV) sea correcto y advierte por primera vez de un posible “menoscabo de fondos públicos” por este motivo.

No se puede garantizar que esa cantidad “sea la que corresponde a las inspecciones realmente efectuadas durante el ejercicio” porque los datos de recaudación “no son coherentes con la información que ofrece el Registro de Vehículos sobre inspecciones realizadas en el mismo periodo” y “la información remitida por Tráfico es en sí misma contradictoria”. Según Tráfico, este “defecto” está pendiente de solucionarse, pero depende de la aprobación de una orden ministerial.

“Con independencia de lo anterior, la falta de control que evidencia la inexistencia de información fiable y consistente, puede originar menoscabo de fondos públicos si no se recibiera de los concesionarios el importe que, de acuerdo con la normativa vigente, deben ingresar en las cuentas de Tráfico”, advierte la IGAE sobre los ingresos por ITV.

Tratamiento de las multas

Como en años anteriores, la IGAE también cuestiona el tratamiento contable de las multas que impone la DGT pero no logra ingresar y envía a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para su cobro por vía ejecutiva. Tras haber “solicitado en reiteradas ocasiones al Organismo, sin obtener respuesta, el importe de los derechos de cobro no contabilizados”, la Intervención ha estimado, a través de “información extracontable, obtenida de la AEAT” y de los datos sobre multas pendientes de cobrar recabados por la empresa pública Isdefe, una “infravaloración del patrimonio neto” de la DGT de más de 258 millones de euros.

“No nos consta la existencia de ningún Plan de Acción firmado por responsables del Organismo para resolver la situación”, si bien “se encuentra en fase de ejecución un encargo al medio propio ISDEFE cuyo objeto es la resolución de las deficiencias que impiden la correcta contabilización de derechos e ingresos derivados de sanciones”, dice el informe.

Otro motivo de la IGAE para expresar una opinión desfavorable es “la no contabilización o la contabilización incorrecta de determinados gastos e inversiones” que han tenido como efecto una “infravaloración de los gastos del ejercicio” superior a los 5,8 millones, aunque “no podemos asegurar que no haya otros gastos e inversiones por importe significativo que no hayan sido contabilizados o hayan sido contabilizados erróneamente”.

La IGAE, que incide un año más en la “contabilización incorrecta de aportaciones al Consorcio de Compensación de Seguros del 50% de la recaudación de sanciones por incumplimiento de la obligación de asegurarse”, critica que la DGT prepara sus cuentas “sin realizar un análisis riguroso de los gastos devengados que pudieran estar pendientes de contabilizar” como consecuencia “de las graves deficiencias de control interno de la gestión económica del Organismo”.

En este apartado, destaca “la insuficiente coordinación interna de los departamentos que realizan la gestión económica, la ausencia de supervisión de la elaboración de las cuentas y la inexistencia de procedimientos de cierre contable adaptados a la complejidad del Organismo que posibiliten que la información con relevancia contable pueda ser conocida con rapidez por la unidad responsable de la llevanza de la contabilidad y la elaboración de las cuentas”.