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Dimas Gimeno presenta una querella criminal por corrupción contra el exdirector de Seguridad de El Corte Inglés

El recién cesado presidente de El Corte Inglés denuncia a Juan Carlos Fernández–Cernuda, a su socio, el también expolicía Joaquín Domingo Martorell y a la madre del primero, que aparece como dueña de las empresas de seguridad

La querella explica que "presuntamente, un alto directivo de El Corte Inglés, mediante sociedades interpuestas, participadas por familiares y amigos, habría estado facturando grandes cantidades a El Corte Inglés por servicios relacionados con la seguridad"

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Dimas Gimeno impugna en los juzgados su cese como presidente de El Corte Inglés

El ex presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno EUROPA PRESS

Nuevo capítulo en la guerra de El Corte Inglés, que se ha trasladado a los juzgados. El recién  cesado presidente de los grandes almacenes, Dimas Gimeno, ha decidido presentar este miércoles por la mañana una querella criminal por presuntos delitos societarios y de corrupción entre particulares contra el exdirector de Seguridad del gigante de la distribución, Juan Carlos Fernández–Cernuda.

La querella también se dirige contra su socio, el también expolicía Joaquín Domingo Martorell y contra la madre de Fernández–Cernuda, María Concepción Hidalgo Iglesias. Estos dos últimos son dueños de las empresas Mega–2 y Mega2 Sistemas, desde la que presuntamente se habrían cometido algunos de los delitos denunciados.

La querella, de la que ha tenido conocimiento eldiario.es, explica que "presuntamente, un alto directivo de El Corte Inglés, mediante sociedades interpuestas, participadas por familiares y amigos, habría estado facturando grandes cantidades a El Corte Inglés por servicios relacionados con la seguridad".

Este episodio en la empresa de grandes almacenes comienza con la llegada de dos anónimos hasta las oficinas de la dirección de la empresa de grandes almacenes en los que se acusaba a uno de los principales directivos de la compañía, el exinspector de policía Juan Carlos Fernández-Cernuda, de adjudicar contratos millonarios a empresas de familiares y amigos.

Según denunciaban los anónimos, junto a Domingo Martorell, Fernández–Cernuda logró una enorme fortuna mediante contratos exclusivos, precios hinchados, implantación de sistemas con sobrecostes del 300%, pagos de pluses y la asunción de El Corte Inglés de costes laborales de las empresas de seguridad. 

Domingo Martorell y los familiares de Fernández-Cernuda consiguieron que Mega-2 Seguridad y Mega-2 Sistemas Integrados pasasen de ser pequeñas firmas sin apenas facturación a compañías con ventas millonarias, de las que aproximadamente el 90% de los ingresos corresponden a empresas del Grupo El Corte Inglés. Solo en el año 2016, estas empresas facturaron 53,6 millones de euros al Grupo El Corte Inglés, su principal cliente.

Al parecer, añaden las fuentes consultadas, estas prácticas habrían tenido lugar con el conocimiento de "algún o algunos miembros del Consejo de Administración". Dada la "reiterada negativa" por parte del Consejo por esclarecer tan graves informaciones, añaden las fuentes, el querellante ha decidido iniciar acciones judiciales, "con el único fin de proteger el legado familiar, a los accionistas, bonistas, y sobre todo al mejor activo de El Corte Inglés, sus trabajadores", añaden.

De hecho, el presidente de la Fundación Ramón Areces y consejero de El Corte Inglés permitió que las empresas de la familia de Fernández-Cernuda Hidalgo cerraran contratos millonarios con la empresa de centros comerciales. eldiario.es tuvo acceso al informe del departamento de Cumplimiento Normativo de El Corte Inglés y a una carta del responsable de esta división, Juan Ignacio Lamata  Cotanda, en la que se constata que Lasaga estaba al tanto de las contrataciones millonarias.

El informe del departamento de Cumplimiento Normativo responde a una investigación interna que inicio la compañía ante la gravedad de las acusaciones vertidas contra el directivo de El Corte Inglés. Ante la falta de respuesta por parte de este departamento, Gimeno consiguió que el consejo aprobara que un organismo independiente y externo investigara las posibles irregularidades. La investigación recayó en la auditora EY  pero decidió frenar la investigación semanas antes de la destitución de Gimeno como presidente.  

Juan Carlos Fernández-Cernuda confirmó a eldiario.es que "es cierto que se ha contratado a empresas vinculadas a familiares" pero niega que exista un conflicto de intereses "ni irregularidad alguna" ya que "contaba con la autorización del anterior presidente, Isidoro Álvarez", –que falleció en 2014– "y de un director general".  

 

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