Arranca el 047: así funcionará el teléfono gratuito para asesorar sobre vivienda y alquileres

El Gobierno arranca este miércoles la fase de pruebas del teléfono gratuito 047, que estará plenamente operativo la primera semana de febrero. Con este número, el Ejecutivo quiere ofrecer a los ciudadanos un servicio de resolución de dudas en materia de vivienda, pero también “asesoramiento y acompañamiento jurídico” ante posibles conflictos. Pese a las críticas que suscitó el anuncio, fuentes del departamento que dirige Isabel Rodríguez, defienden la iniciativa con dos argumentos clave: la obligación de las administraciones públicas de informar a los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones y el aluvión de llamas que recibe la Oficina de Información del Ministerio.

Esta oficina registró en 2025 un total de 11.408 llamadas, un 60% más que el año anterior. La mayor parte de ellas para resolver cuestiones relacionadas con la situación del alquiler, como las zonas tensionadas, las ayudas o los precios; programas propios del Ministerio; o el funcionamiento del registro de alquileres de corta duración, obligatorio para anunciarse en plataformas desde el pasado 1 de julio. “Es un teléfono de otra índole, pero sí nos permite ver por dónde van las inquietudes de la ciudadanía”, aclaran fuentes del ministerio, que cuantifican en “menos de un 1%” las consultas sobre ocupación.

Con estos mimbres, y a falta de que todas las compañías de telecomunicaciones incorporen esta línea, para lo que tienen de plazo hasta la primera semana de febrero, el Ministerio ha puesto a andar un teléfono de marcación rápida y gratuito que tendrá varios niveles de asistencia a los ciudadanos, empresas u otras entidades que tengan dudas en materia de vivienda. Desde sospechas de cláusulas abusivas en los contratos de alquiler o subidas injustificadas, cómo actuar ante un piso turístico en la escalera o a qué ayudas se puede optar, para acceder a una vivienda, para rehabilitación o de otro tipo.

Cómo funcionará el teléfono 047

El 047 es un teléfono para “acceder a información veraz”, así como “asesoramiento y acompañamiento jurídico para hacer frente a los abusos del mercado”. Para ponerlo en marcha, el Ministerio ha contado con la colaboración del Consejo General de la Abogacía de España (CGAE), que agrupa a 83 colegios profesionales, impulsando “métodos de arbitraje y mediación que contribuirán a evitar la judicialización innecesaria de situaciones de controversia o conflicto”.

Al margen de esos mecanismos de mediación, desde Vivienda establecen tres niveles de atención. La principal, que estiman que solventará entre el 90 y el 95% de las consultas en la primera llamada, serán básicas, “sobre temas generales que afectan a los derechos y obligaciones de la ciudadanía en materia de alquiler, propiedad y convivencia”. Además, los ciudadanos podrán hacer preguntas más especializadas, “sobre casos concretos o ámbitos especializados”. Así como otras que requieran de apoyo jurídico, “sobre conflictos que puedan precisar de asesoramiento o acompañamiento legal”.

Fuentes del Ministerio aclaran, no obstante, que desde el teléfono no proporcionan un servicio jurídico si un conflicto se judicializa, sino que “asesoran legalmente y acompañan cuando sea viable, sobre todo por mediación extrajudicial”.

Quién atiende al otro lado

El servicio de atención telefónica contará con 25 personas de diferentes perfiles y niveles, pero todas con formación específica en la materia. En este grupo se incluyen abogados, para resolver las cuestiones más específicas y con la colaboración del CGAE. El Consejo, además, colaborará con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en acciones formativas entre sus colegiados, de especialización en materias como “arrendamientos urbanos, propiedad horizontal, procedimientos de desahucio, mecanismos de prevención, vivienda social y situaciones de vulnerabilidad o protección jurídica de personas arrendatarias”.

Por qué aún no está 100% operativo

Aunque el teléfono ya dé tono, no estará 100% operativo hasta la primera semana de febrero. Esto quiere decir que, hasta entonces, funcionará según el operador. Poner en marcha una línea de este tipo requiere unos pasos previos, técnicos y legales. El 21 de octubre, el Ministerio inició el trámite de audiencia pública; el 24 de noviembre, el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, firmó la resolución; y el 13 de diciembre se publicó en el BOE el anuncio del operador designado para la terminación de las llamadas dirigidas al servicio. Desde ese momento, las compañías de telecomunicaciones tienen un plazo de dos meses para adaptarse a esa nueva línea.