La reforma de las cooperativas de crédito impuesta por Bruselas enfrenta al sector

Para muchos hablar de cooperativas de crédito es hablar de aquellas propuestas utópicas que se comentaban en las primeras asambleas del 15M. Pero la “utopía” de juntar a un grupo de personas para montar un banco que vele por los intereses de sus dueños y por la economía real que le rodea lleva funcionando en España desde principios del siglo XX. Se llaman cooperativas de crédito, hay 63, de las que 59 son cajas rurales y cuatro cooperativas conocidas como urbanas: Caja Laboral Kutxa, Caja Ingenieros, Caja Arquitectos y Novanca.

Hasta ahora, su existencia ha pasado casi de incógnito para el gran público puesto que su actividad se ha centrado en las pequeñas poblaciones que les vieron nacer. Pero todo apunta a que en los próximos meses van a dar mucho que hablar.

La semana pasada, el subgobernador del Banco de España y presidente del Fondo de Resolución Ordenada Bancaria (Frob), Fernando Restoy, recordó lo que el ministro de Economía, Luis de Guindos, ya había anunciado a principios de año. Una vez controlado el núcleo duro del sistema financiero, es la hora de reformar las cooperativas de crédito.

Se han quedado las últimas, porque eran las que menos problemas daban. Apenas suponen el 6,7% del mercado bancario en España. En general, han esquivado la crisis con bastante éxito. El volumen de activos total ha crecido desde 2007 un 19,7%, hasta los 113.010 millones de euros. Y han conseguido 756.672 cooperativistas, un 37,6% más en ese período, muchos de ellos atraídos por un modelo de negocio basado en la economía real. Es decir, dar crédito prioritario a sus propios socios; revertir al menos el 10% de sus beneficios en proyectos de educación para sus zonas de influencia y tener una tasa de mora inferior al mercado, aunque ese dato es imposible de precisar porque el Banco de España decidió no dar los datos desagregados.

Las cooperativas de crédito también han destacado por evitar lo que se llama la exclusión financiera. Es decir, financia a aquellos perfiles de personas y empresas que tienen casi vetado el acceso a los servicios de un banco tradicional.

En definitiva, es un sistema de funcionamiento que, salvo excepciones, les mantuvo alejados de la voracidad de la crisis y de los excesos de la burbuja inmobiliaria. Y cuando no fue así, su pequeño tamaño les permitió lavar los trapos sucios en sus propias casas.

Tan solo la quiebra de la caja de Mota del Cuervo llegó a las portadas de la prensa nacional. El asunto se solucionó con una celeridad casi escandalosa: intervención por el Frob, subasta de la entidad y adjudicación a GlobalCaja por 1,27 millones de euros en apenas 24 horas. El organismo presidido por Restoy explicó en su momento que esa decisión salvaba al Estado de gastar los 19,81 millones que costaba liquidar la entidad.

Tampoco solicitó ni un euro público Cajamar, la cooperativa de crédito más grande de España, cuando en 2012 y con todo sigilo rescató de la quiebra a Ruralcaja. Como esta, han pasado desapercibidas la mayoría de las fusiones que han dejado el sector en 63 entidades, frente a las 81 existentes antes de la crisis.

Bruselas pide concentración

Pero ahora Europa, quiere más. La reforma de las cooperativas es una de las exigencias incluidas en el documento de rescate a la banca española, conocido como el MOU. En teoría, esta reforma servirá para reactivar este modelo de crédito que en Europa cuenta con mucha aceptación y que alcanza una cuota de mercado del 20%. En España está anquilosado por una legislación obsoleta y unas estructuras de mando no siempre profesionalizadas. “Incluso hay presidentes de Asambleas sin sueldo”, comentan fuentes del sector.

Por eso, está fuera de dudas que el gobierno corporativo será uno de los temas clave de la reforma que está por llegar junto a nuevas exigencias de capitalización. Pero lo que ya está generando problemas es cómo se va a hacer.

Fuentes del sector se quejan de que Europa quiere bancarizar el modelo y acabar con el espíritu cooperativo. Otras sostienen que este es un rumor sin fundamento. Lo cierto, es que el asunto ya ha creado dos bandos. Entre los que apuestan por la existencia de grupos unidos en torno a un gran banco en el que consolidar beneficios y mutualizar pérdidas cuando sea necesario, y los que apuestan por seguir el sistema que lleva más de un siglo funcionando, en el que cada entidad funciona por libre centrada en las finanzas de sus socios y en la economía local.

El primer modelo tiene al frente a Cajamar. La entidad presidida por Luis Rodríguez inauguró, a principios de junio, el Banco de Crédito Social siguiendo la tendencia europea y reproduciendo una estructura similar a la que tienen las grandes cooperativas del viejo continente como Rabobank o Crédite Agricole. El banco actúa como cabecera de grupo en el que consolidan cuentas las 19 cooperativas que tiene como accionistas. Además, el Banco de Crédito Social presta servicios externos a otras 13 cooperativas de crédito. En total, 32 de las 63 entidades del sector estarían del lado del denominado modelo bancario que, según ellos, favorece la solvencia y da más seguridad.

El resto, confían en que la reforma no cambie una forma de organización, de entidades independientes centradas en la economía local, que ha funcionado durante años y que “tan sólo requeriría actualizaciones básicas en la gobernanza”, comentan.

Bancarización vs cooperativismo. ¿Qué modelo triunfará? El desenlace no tardará mucho en llegar. Se espera para antes del verano, y las palabras de Restoy de la semana pasada alimentan esa idea.

Pero hay señales que van dejando pistas de lo que puede ocurrir. La última; según ha publicado el diario Expansión, dos fondos buitre “Cerberus y JC Flowers negocian inyectar 350 millones en Cajamar”.