Las empresas tendrán que identificar con prefijos específicos las llamadas spam

Madrid, 29 oct (EFE).- La comisión de Consumo del Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno a una iniciativa para frenar las llamadas spam desde los teléfonos fijos, una propuesta planteada por Sumar, que ha tenido el respaldo del PP, Junts y ERC, pero no del PSOE.

La propuesta, aprobada por 19 votos frente a los 16 en contra que han sumado PSOE, Bildu y Vox y la abstención de PNV y Podemos, se incluirá en el dictamen sobre el proyecto de ley de servicio de atención a la clientela, que ha salido adelante, no obstante, con 20 votos del PSOE, Sumar, Junts, ERC, PNV y Podemos.

La enmienda aprobada establece la obligación de las grandes empresas a usar un código numérico específico (prefijo) para sus llamadas comerciales, que será distinto al que también tendrán que utilizar para atender a sus clientes.

Las compañías telefónicas deberán bloquear las llamadas “de números de tarifas especiales o inteligentes” que no utilicen estos códigos o de las que pudiera haber indicios de que no cumplen con la norma.

Y para ello las tendrán que identificar con unos procedimientos técnicos que deberán elaborar y comunicar a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales en un mes, desde la entrada en vigor de la ley.

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, que ha defendido el contenido de estas enmiendas desde el pasado mes de mayo, cuando las anunció, ha mostrado su satisfacción en las redes sociales porque se ha dado “jun paso devisivo” para acabar con las llamadas spam.

“Con mucho trabajo y mucho diálogo avanzamos por el interés general”, ha comentado el ministro, que ha abogado desde mayo por medidas para acabar con las spam desde los fijos.

El Gobierno, a través del Ministerio de Transformación Digital, había obligado en junio a las compañías de telecomunicaciones que bloqueasen las llamadas comerciales realizadas desde móviles, pero ese tráfico se ha desviado ahora más a numeraciones con prefijos geográficos nacionales.

Pero esta enmienda incluye otros matices que no están relacionados con las llamadas spam, y que se han negociado este mismo miércoles para que saliera todo su contenido adelante, y es que se pueda eximir de la aplicación de parte la norma a las empresas comercializadoras de luz, gas y servicios telefónicos que no alcancen una cuota de mercado del 5 %.

Así quedará reflejado en el dictamen que se votará en pleno a mediados de noviembre y en el que también figurará una enmienda que en este caso sí han apoyado PSOE y Sumar con nuevas regulaciones al sector del juego y otra enmienda transaccional que permitirá resolver las consultas y quejas si el cliente no aporta toda la información sobre ella en diez días.

La norma, de prosperar, contemplará novedades importantes ya acordadas en el trámite de ponencia, como que las empresas garanticen a sus clientes atención en las lenguas cooficiales en las comunidades bilíngües.

Los portavoces de los grupos nacionalistas han aplaudido el derecho a ser atendido en catalán, gallego o euskera cuando el servicio se preste en territorios con lengua cooficial, un derecho que se aplicará también al sector financiero, que deberá disponer de personal preparado.

Esta norma, en su conjunto, afectará a las grandes empresas, que tendrán que ofrecer a sus clientes atención gratuita, humana y accesible. Se aplicará a las empresas que tengan más de 250 trabajadores o facturen más de 50 millones de euros, o cuyo balance supere los 43 millones— y a las que prestan servicios básicos de interés general, como energía, agua, telecomunicaciones, transporte o banca.

Prohíbe, además, el uso exclusivo de contestadores automáticos o bots y obliga a que el 95 % de las llamadas sean atendidas en menos de tres minutos.