España se pone verde y capta interés inversor por 60.000 millones de euros

El secretario general del Tesoro, Carlos San Basilio.

El gobierno de España acaba de colocar la primera emisión de deuda pública ecológica de su historia con una demanda que superó en 11 veces la oferta y que pone de manifiesto el apetito inversor y el vertiginoso crecimiento del mercado de bonos verdes, con los que se financiará también en unas semanas parte del ambicioso programa de recuperación de la UE.

El BCE critica el 'greenwashing' en el sistema financiero y pone en duda la eficacia de los bonos verdes

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Con un coste entre dos y tres puntos básicos inferior al de un bono tradicional (ventajas del verde), el departamento que dirige Carlos San Basilio ha tomado prestados de unos 400 inversores institucionales 5.000 millones de euros a un plazo de 20 años bajo la promesa de usar los fondos para financiar programas públicos con objetivos medioambientales.

Los “bonos verdes” son títulos de renta fija que, bajo criterios de sostenibilidad, tienen por objeto financiar acciones con beneficios medioambientales y/o climáticos en ámbitos que van desde el fomento de las energías renovables o el transporte limpio a una gestión sostenible del agua.

La demanda de estos activos por su carácter de contribución a un objetivo mundial común permite ahorrar costes, con un 'greenium' (en vez del premium que tradicionalmente se usa en inglés para ilustrar el margen de interés) inferior al de una emisión de deuda tradicional.

Gran parte de los bonos verdes procede de Europa, donde los gobiernos y la Unión Europea se han convertido en actores clave. Once países europeos ya han lanzado sus bonos verdes y la Comisión Europea ha anunciado que espera colocar su primer bono paneuropeo sostenible en octubre como parte de la financiación del histórico Plan de Recuperación para Europa.

La autoridad europea pretende que los bonos verdes cubran el 30% de los 800.000 millones de euros de deuda que financiará su “plan Marshall”. La emisión del Reino de España se enmarca en un Plan Nacional de Finanzas Sostenibles con el que el gobierno busca una mayor implicación de la banca y el sector privado para asegurar la “adaptación a la neutralidad climática”.

“Mejorar la competitividad del sector financiero español, aprovechando las oportunidades que las finanzas sostenibles ofrecen para la creación de valor a medio y largo plazo” y “promover la reorientación de los flujos de capital hacia una economía e inversiones bajas en carbono y más sostenibles” son las bases del mencionado plan.

De cero a cien

El primer bono verde fue emitido en 2007 por el Banco Europeo de Inversiones. Durante la siguiente década, este tipo de activo era casi una excentricidad y suponía sólo una pequeña porción del mercado de bonos, con emisiones procedentes principalmente de agencias gubernamentales y bancos de desarrollo. Pero desde 2016, coincidiendo con una “concienciación” de la comunidad inversora, el mercado ha experimentado un aumento exponencial. Según datos de Climate Bond Initiative, la emisión de bonos verdes alcanzó un récord de 290.000 millones de dólares en 2020 y previsiblemente rondará el medio billón de nuevas emisiones a lo largo de este 2021, con un saldo vivo de 1,4 billones de dólares.

La conciencia social de las corporaciones y los inversores -y su imagen frente a la sociedad y los consumidores- está detrás de este auge de emisiones de deuda socialmente responsable que se ha visto impulsado por la concienciación de “amenazas existenciales” que ha supuesto la pandemia y por el creciente compromiso mundial con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Hace unos años los balances, los riesgos de impago, los rendimientos y el futuro del negocio eran las bases sobre las que se asentaba una inversión, pero en los últimos tiempos se ha implementado una creciente cultura de responsabilidad social - ahora redefinida bajo el acrónimo ESG (Medioambiente, Social y Gobernanza por sus siglas en inglés) - que ha impuesto conciencia a las casas de inversión y a las entidades.

Mientras los gobiernos tratan de ponerse de acuerdo en la medición y regulación de las acciones sostenibles de las empresas, muchas gestoras, fondos, aseguradoras … se comprometen expresamente a realizar inversiones responsables.

Hace tres años, el presidente de Blackstone, la mayor gestora del mundo con más de 600.000 millones de dólares bajo gestión, advirtió por primera vez en su misiva anual a directivos de cotizadas sobre la necesidad de integrar el propósito y la sostenibilidad en el discurso corporativo. Desde entonces ha ido endureciendo su mensaje para asegurar que sus analistas estudian a fondo los objetivos sociales de las empresas en las que invierten.

Según datos de Global Sustainable Investment Alliance, las inversiones en activos con criterios sostenibles superaban a principios de 2020 los 35.300 billones de dólares. Entre la regulación para desincentivar las inversiones en empresas contaminantes y la fuerte demanda de títulos sostenibles, los inversores se están convirtiendo en un agitador de las conciencias de empresas y gobiernos.

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