La Eurocámara exige que los fondos europeos impulsen “contratos estables, pensiones dignas y protección social”

El Parlamento Europeo quiere que los 750.000 millones de los fondos de recuperación europeos vayan para reformas que supongan mejoras en las condiciones sociales de las personas. Así, una enmienda del grupo de La Izquierda en la Eurocámara aprobada –368 votos a favor, 275 en contra y 48 abstenciones– dentro de una resolución sobre el mecanismo de recuperación afirma: “La creación y el fomento del empleo de calidad es uno de los objetivos incluidos en el reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia, y esto debe hacerse mediante un paquete exhaustivo de reformas e inversiones con objeto de impulsar contratos estables, salarios dignos, la cobertura de las negociaciones colectivas y un nivel mínimo de protección social, incluidas unas pensiones dignas por encima del umbral de la pobreza”.

Durante el debate en el pleno, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que “la semana que viene la Comisión Europea va a empezar a probar los planes de recuperación para su adopción [después] del Consejo [los Gobiernos], ha dicho Von der Leyen: ”Nuestra recuperación va a ponerse en marcha. El dinero va a empezar a fluir en las próximas semanas. Hasta la fecha hemos recibido 23 planes nacionales. Estos planes emiten una señal muy clara, un mensaje muy claro: los europeos están dispuestos a un nuevo comienzo“.  

Y España, Portugal, Grecia y Dinamarca son algunos de los candidatos para recibir el visto bueno de la Comisión Europea en la próxima semana (el 17 y 18 de junio hay Eurogrupo y Ecofin). España, por ejemplo, entregó su plan el 30 de abril, y el Ejecutivo europeo disponía de hasta dos meses para hacer su evaluación, paso previo para la del Consejo, que dispone de hasta un mes más.

Para ello, la UE ha tenido que superar el último gran obstáculo para que comiencen a llegar los 750.000 millones de euros de los fondos de recuperación acordados hace casi un año después de cinco días de negociaciones entre los jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas. Ese paso fue la aprobación por parte de los 27 parlamentos nacionales de la orden de recursos propios, la legislación necesaria e imprescindible que habilita a la Comisión Europea a acudir a los mercados para emitir deuda comunitaria con la que financiar los fondos europeos, de los cuales 140.000 irán a España –si bien, de momento, sólo ha pedido los 69.500 millones correspondientes a las transferencias y no a los créditos, que se pueden pedir hasta 2026–, que espera los primeros 9.000 este verano –el 13% de prefinanciación–.

En el caso de España, Bruselas fía a los 140.000 millones de los fondos europeos la corrección de los “desequilibrios” de la economía española. La Comisión Europea ha decidido la semana pasada mantener el grifo del gasto abierto hasta 2023, y ha pedido a España “aplicar una política fiscal prudente”, si bien reconoce que “las medidas adoptadas por las autoridades españolas para apoyar a las empresas y los hogares han ayudado a mitigar el impacto de la crisis en el sector bancario”.

La presidenta de los socialistas en la Eurocámara, Iratxe García, ha afirmado en el debate: “No permitiremos que vuelva la austeridad. La Comisión, el Consejo y este Parlamento deben dar un gran salto con un gran pacto social como el que dio a luz el Estado de Bienestar tras la Segunda Guerra Mundial”.

El vicepresidente de Renew Europe y portavoz de Ciudadanos, Luis Garicano, por su parte, ha sido crítico ante Von der Leyen sobre el plan español: “En el plan de España veo tres problemas graves: la falta de reformas; los planes gastan mucho dinero en cosas y no en ciudadanos; la inversión verde debe ser transformadora, no el subsidio de bienes de consumo. Espero que haga su trabajo y no sea una oportunidad perdida para Europa”.

El vicepresidente de los Verdes y eurodiputado de Catalunya en Comú, Ernest Urtasun, ha defendido, por su parte: “Hay cosas que como verdes nos preocupan, como el 37% mínimo en transición ecológica o la perspectiva de género”. Y ha respondido a Garicano: “La agenda reformista del plan español es la mayor de la historia. Algunos critican porque no le gustan las reformas, si alguien quiere que haya recortes de pensiones, que lo diga. Pero los tiempos de la troika han pasado. Hay que mirar al futuro”.

El eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, así mismo, ha dicho en el pleno de Estrasburgo: “Hay miles de millones que podrían ir a las pymes y que irán a las grandes empresas, esto es inaceptable”. El eurodiputado de ERC, Jordi Solé, ha criticado “que no se hayan implicado a las regiones en los planes de recuperación, los gobiernos regionales deben estar implicados en la gobernanza de los fondos”.

La Comisión Europea ha mejorado recientemente las perspectivas económicas españolas (del 5,6% al 5,9%) gracias al impacto de los fondos europeos, que crecerá por encima de la media de la UE en 2021, si bien aún quedan por debajo de las del Gobierno (6,5%). Las previsiones del Ejecutivo comunitario proyectan que la economía de la UE se expandirá un 4,2% en 2021 y un 4,4% en 2022, mientras que la española irá a la cabeza y llegará al 5,9% en 2021 y 6,8% en 2022. Esto representa una mejora significativa de las perspectivas de crecimiento en comparación con las previsiones económicas de invierno de 2021 que presentó la Comisión en febrero. “Las tasas de crecimiento seguirán variando en toda la UE, pero todos los Estados miembros deberían ver que sus economías vuelvan a los niveles anteriores a la crisis a finales de 2022”, dice Bruselas.

Por tanto, “el fuerte repunte esperado a partir del segundo trimestre de 2021 debería permitir que el PIB español vuelva a su nivel prepandémico a finales de 2022”, dice Bruselas, que añade: “La implementación del Plan de Recuperación y Resiliencia [los 140.000 millones de fondos europeos] jugará un papel importante en la expansión económica, particularmente en 2022. Se espera que la demanda interna dinámica sea el principal impulsor de la recuperación, acompañada de la demanda externa en 2022, cuando se prevé que el turismo regrese a condiciones más normales. La recesión económica empeoró el saldo de las administraciones públicas en 2020, pero se prevé que el déficit disminuya gradualmente a partir de 2021”.