Los funcionarios de prisiones se encadenan frente al Ministerio del Interior para reivindicar la equiparación salarial
Los funcionarios de prisiones –representados por los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y ACAIP– se han encadenado este miércoles en frente del Ministerio del Interior a modo de protesta. Al grito de “Marlaska, da la cara”, más de 200 delegados, representantes sindicales y trabajadores piden retomar las negociaciones sobre la equiparación salarial entre centros penitenciarios de España, una de sus principales demandas, cuyo proceso de negociación ha sido paralizado recientemente por la institución. Los sindicatos han convocado seis días de huelga el próximo 24 y 26 de octubre y el 6, 8, 13 y 15 de noviembre ante el fracaso de las negociaciones.
“No descartamos una huelga indefinida en el sector”, sostiene José Ramón López, presidente de ACAIP. El portavoz pide diálogo social: “somos un servicio esencial de la comunidad, el ministro tiene que dar un paso al frente y solucionar el problema”. Los sindicatos anuncian más movilizaciones ante la “falta de responsabilidad política”, que tendrán lugar el próximo 26 de octubre en Sevilla –coincidiendo con el Consejo de Ministros que se celebrará en la capital hispalense– y en la Delegación del Gobierno de A Coruña.
Chema López, portavoz de CCOO, recuerda a Interior el compromiso de incremento salarial que asumió en sede parlamentaria y que, por el momento, no está cumpliendo. Desde el sindicato esperan que el acuerdo no se quede en “mera propaganda electoral”. También echan en falta a los grupos políticos que acudieron a mostrarles su apoyo en el anterior encadenamiento frente a Instituciones Penitanciarias, donde Paco González, portavoz del PSOE en el Senado –durante los últimos meses del Gobierno de Rajoy– pidió “transparencia y responsabilidad” a la institución.
Las principales reivindicaciones de los funcionarios
El motivo principal de las huelgas y concentraciones es la retirada de una oferta de subida salarial de 365 euros de media, que se haría efectiva desde 2019 hasta 2021. Finalmente, esta partida (de 122 millones de euros) no ha sido autorizada por Instituciones Penitenciarias, según explican los sindicatos. Ahora, exigen al Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, una nueva negociación partiendo de la propuesta retirada.
Otro de los motivos de los paros es la falta de personal en las prisiones. La ausencia de plantilla les impide realizar su trabajo con normalidad, según denuncian. González (UGT) destaca las “3.200 vacantes que no han sido cubiertas” en el ejercicio de este año y el crecimiento de las “cargas de trabajo inasumibles” que supone para el personal de instituciones penitenciarias y que en algunos centros desemboca en agresiones a la plantilla de los centros. “Exigimos trabajar en unas condiciones de seguridad aceptables”, señala el portavoz.
La falta de personal en las prisiones incide directamente en las políticas de reinserción social para los internos. Los representantes sindicales defienden el mandato constitucional que asumen favoreciendo la reinserción y, para ello, exigen que se cubran las plazas vacantes de psicólogos, trabajadores sociales, personal sanitario y juristas que se necesitan para “reeducar a la población reclusa”.
