Guerra abierta en Cervezas Gran Vía: querella por estafa contra Francisco Riberas, sus hijos y otros inversores

“Un plan de auténtica depredación del activo personal y empresarial”. Así se describe la actuación del presidente y consejero delegado de Gestamp, Francisco Riberas, sus hijos y una serie de inversores en la querella que ha interpuesto un pequeño empresario de Sevilla contra ellos bajo la acusación de estafa, delito societario por imposición de acuerdos abusivos así como descubrimiento y revelación de secretos. La querella ha sido admitida a trámite en un juzgado de la capital andaluza el pasado 10 de junio. El conflicto judicial revela la pugna por la toma de control de una cervecera creada por Pedro Cánovas, un empresario que diseñó un modelo de negocio que “triplicaba el Ebitda del sector cervecero”.

En la querella, a la que ha tenido acceso elDiario.es, se describe que las “verdaderas intenciones” de los Riberas y otros inversores a la hora de entrar en la compañía era “apoderarse del proyecto empresarial de Pedro Cánovas y aniquilarle empresarialmente, impidiendo que diera continuidad a otros proyectos de expansión y emprendiendo una campaña de difamación en círculos financieros, empresariales y ante inversores y operadores del mercado con el objetivo de anular y procurar su 'muerte empresarial'”.

Además de Francisco Riberas y sus hijos Mónica, Patricia y Francisco, los querellados son los miembros del consejo de administración de Cervezas Gran Vía: Javier Suárez Zapata (Seguros La Fe), Mariano de Miguel Velasco (Clayton), Alberto Rodríguez Fraile-Díaz (A&G Banca Privada), Eduardo Ramírez Medina (Cuatrecasas) y los inversores Richard Egues (director de desarrollo corporativo y financiación internacional de Gestamp) y Ultano Kindelan. La denuncia también se dirige las mercantiles Socios Cerveceros Holding SL, Pensamiento Legal SL, Suárez Zapata SL y Halekulani SL.

Cánovas comienza su proyecto cervecero en 2014, con la creación de la sociedad Miscelánea de bendiciones SL, donde invierte buena parte de su patrimonio familiar. La compañía tendría un potente impulso en 2017, tras recibir una subvención de 6,2 millones del programa de apoyo de fomento de la competitividad industrial, concedido el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad para la edificación de una fábrica de cerveza en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaira.

El respaldo público y los números que avalan el proyecto atraen a inversores. Eduardo Ramírez Medina, socio especializado en fusiones y adquisiciones del bufete Cuatrecasas, empezará las negociaciones para la entrada de nuevo capital, según se detalla en la querella. Finalmente el propio Ramírez Medina junto a los inversores Ulltano Kindelán, Mariano de Miguel Velasco, Fernando García de León y Joan Mir crearían la sociedad Socios Cerveceros Holding SL, que se haría en dos rondas de compra con el 35% del capital social de la compañía de Cánovas, que retendría el 65% de la sociedad.

De la mano de Ramírez Medina y los nuevo socios se propone que la auditora E&Y haga un análisis completo de la situación financiera, contable y fiscal de la sociedad mientras que Cuatrecasas realiza una Due Diligence legal. Tras estos informes, que no advirtieron irregularidades, los nuevos inversores propusieron a Cánovas dar entrada en el capital de la compañía “a importantes grupos patrimoniales familiares que se encontraban entre su nómina de clientes, socios y amigos”, siempre según consta en la querella.

Aquí entra la familia Riberas y comienza el infierno para Cánovas. A través de la sociedad patrimonial Halekulani SL, la familia Riberas se hace con el 49,0001% del capital mientras que Javier Suárez, propietario de Suarez Joyeros, utilizaría la patrimonial Suárez Zapata SL para comprar un 7%. El fundador pasa a tener un 26% de la compañía, aunque se firma un Pacto de Socios, el cinco de diciembre de 2019, en el que se recoge en dos puntos que Cánovas se mantendrá como consejero delegado y presidente de la compañía, que pasa a llamarse Cervezas Gran Vía SL. Este periódico se ha puesto en contacto con la familia Riberas, a través del gabinete de prensa de Gestamp, para recabar su versión de los hechos sin que haya recibido respuesta alguna.

“Asegurar su muerte empresarial”

Sin embargo, según se describe en la querella “con esa mayoría, los inversores adquirían una posición de superioridad y lejos de tener voluntad de cumplir su parte del acuerdo, la utilizarían en el momento en que decidieran ”quitarse las caretas“, para culminar su plan de apropiarse del proyecto, precisamente cuando empezara a reportar beneficios, eliminando, sorpresiva y radicalmente a quien hicieron creer que sería director ejecutivo, asegurándose por todos los medios de su muerte empresarial”.

El asalto de estos inversores comenzaría, según la denuncia, con una “urgente ampliación de capital” de seis millones de euros exigida por los accionistas mayoritarios a mediados de abril de 2020 por el impacto de la COVID-19. Aunque dicha ampliación coincide con el “positivo incremento de la actividad comercial que llevaron a más que duplicar la expectativa de ventas y beneficio”, la prima de emisión fue de 5,35 euros por cada euro de capital, mucho menor que la prima de emisión pagada en diciembre de 2019, 11,70 euros, con la entrada de los inversores mayoritarios.

Ante la dilución de las acciones de Cánovas, que se queda solo con un 12% de la empresa, se llega a un compromiso por el que los mayoritarios asumen la futura retribución en acciones de los directivos y compensarían con acciones al fundador “cuando la empresa estuviera en situación de pleno funcionamiento”. Ese compromiso nunca llegaría. Seis meses después, el 27 de noviembre de 2020, el consejo de administración decide despedir a Cánovas por una “pérdida de confianza” y “para evitar daños reputacionales a la sociedad que afectaren a su credibilidad en el mercado”. El detonante es la aparición de una información en la edición sevillana de ABC sobre el concurso de acreedores de Sociedad Franquiciadora Mercado provenzal SL, el anterior proyecto empresarial de Cánovas.

Despido sin sucesor en la empresa

Alberto Rodríguez-Fraile Díaz, presidente de A&G Banca Privada y consejero de Cervezas Gran Vía, defendió entonces la justificación del despido de Cánovas porque “éste no comunicó al Consejo la situación en la que se encontraba”. La decisión de la salida del fundador de la compañía se hace tan apresuradamente que no hay sustituto en el momento del cese. Según la querella, el despido es sorprendente cuando “apenas un mes” antes, en el consejo de administración del 19 de octubre de 2020, se aprueba que Cánovas disponga de poderes para suscribir con su firma contratos de préstamo por importe de 4 millones de euros. Finalmente se colocaría como sucesor de Cánovas a Fernando Olalla Sotillos, yerno de Alberto Rodríguez-Fraile Díaz.

En la denuncia también se revela que “todos los socios y consejeros, conocían los problemas derivados de la crisis del anterior proyecto empresarial de Cánovas y no le dieron la más mínima importancia, pues, conociendo esos extremos, decidieron continuar adelante con la inversión en su nueva compañía”. Los inversores sabían de la situación ya que “las incidencias derivadas de la crisis de la sociedad sobre la que apareció la noticia que supuestamente justificaba el cese de Pedro Cánovas, había sido ampliamente analizada y abordada en la Due Diligence legal elaborada por Cuatrecasas”. A las preguntas de elDiario.es sobre el conflicto en Cervezas Gran Vía desde el bufete Cuatrecasas han respondido que se trata de “un tema particular de un socio”.

Por otro lado, en el acta del consejo en el que se aprobó el despido se recoge que el director comercial de Cervezas Gran Vía, Javier Segarra Martínez, explica que la información “no habría tenido impacto alguno en su ámbito”. Además, en un informe contratado a la agencia de comunicación de la compañía se detalla que de la información de ABC “el alcance en cuanto a comunicación habría sido muy limitado, el daño reputacional asociado a la Sociedad habría sido también muy limitado, y la recomendación sería no reaccionar al artículo”.

Después del cese de Cánovas, según se recoge en la querella, “plenamente conscientes de la palmaria inconsistencia de la excusa ofrecida y documentada en el consejo encargaron un informe de los denominados 'forensic'” a Deloitte, con el objetivo de “rebuscar hacia atrás y poder encontrar alguna excusa revisando su gestión”, aunque en la denuncia se asegura que la gestión del fundador de la cervecera era “conocida y aprobada por ellos, como acreditan las actas del consejo”.

Desde el día de su despido, Cánovas no pudo acceder a su correo electrónico ni a su despacho para recoger sus posesiones personales, según la querella. En la denuncia se explicita que el despido del fundador de la cervecera ha supuesto un daño a la sociedad por “la paralización de los trámites administrativos...disfunciones en los procesos de automatización y perfeccionamiento técnico de la fabricación de cerveza, lo que ha supuesto una drástica disminución de la capacidad productiva, así como un notable aumento de los costes asociados... y dio al traste con importantes acuerdos comerciales”.

La guerra entre ambas partes no ha hecho más que empezar en los tribunales. Fuentes cercanas a Cánovas aseguran que se ha puesto esta querella ante la nula voluntad de la familia Riberas y el resto de los inversores a negociar un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Los inversores mayoritarios se adelantaron con una supuesta querella por estafa el pasado abril en la que acusan a Cánovas de utilizar “los fondos Reindus para realizar pagos no relacionados con el proyecto de cerveza”, según publicó El Confidencial. Fuentes judiciales apuntan a la escasa solidez de dicha denuncia cuando la fábrica se ha seguido construyendo, ni la Due Diligence de Cuatrecasas ni la auditoría de E&Y apuntaron a problemas de algún tipo y no hubo objeciones anteriores en la gestión de Cánovas al frente de la compañía hasta su despido, según consta en las actas del consejo de administración de Cervezas Gran Vía.

Las mismas fuentes judiciales muestran su extrañeza ya que esta querella fue presentada en Madrid, “cuando realmente tendría que haber sido presentada en un tribunal en Sevilla. Parece más una medida para presionar a la otra parte”. Fuentes cercanas a Cánovas aseguran que todavía no se le ha notificado ninguna querella pese a que en teoría se habría presentado a mediados de abril de este año.