De Guindos rebaja de 600.000 a 120.000 los beneficiarios de las medidas frente a los desahucios

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha recordado este jueves en el Congreso que las medidas que se adopten para hacer frente a los desahucios no deben convertir el acceso al crédito o a la vivienda en un “privilegio”, y ha asegurado que hasta 120.000 familias podrán acogerse al decreto ley, que se convalidará en el Pleno de la Cámara baja.

Sin embargo, el 20 de noviembre, dijo: “El Gobierno ha tomado unas medidas inmediatas en el decreto ley que creemos que van a ser efectivas, que afectan a más de 600.000 familias teóricamente”.

Así rebajado el impacto de las medidas en su defensa del decreto, afirmando que es un texto que “supone una respuesta urgente y paliativa a las situaciones más dramáticas” y reclamando el voto favorable de la oposición tanto al texto como a su tramitación como proyecto de ley para mejorarlo con las aportaciones de los grupos parlamentarios.

Una portavoz de Economía citado por El País ha ofrecido después su versión de las cifras: “Guindos no rebaja ninguna cifra sobre beneficiarios de desahucios: los 600.000 son los que están por debajo del límite de renta y su hipoteca les supone más del 50% de esta. Para acceder a la moratoria de dos años tienen que cumplir además una de las circunstancias familiares exigidas. Una vez cruzados todos estos datos estimamos que hay unas 120.000 familias que cumplen todos los requisitos. Así lo hemos explicado siempre, con la novedad hoy de que damos un dato más ajustado”.

“Tenemos que ser conscientes de que no se pueden adoptar medidas que alterne el diseño normal de nuestro sistema normativo, basado en el principio de propiedad patrimonial universal, que ha permitido el acceso de muchas personas a una vivienda. Debemos encontrar el equilibrio para no convertir el crédito o el acceso a la vivienda en un privilegio al que algunos no pudieran acceder”, ha defendido.

Código de buenas prácticas

De Guindos también ha avanzado que hasta 120.000 familias cumplen los requisitos económicos y familiares estipulados para poder acogerse a la moratoria, y ha avanzado datos del Código de Buenas Prácticas del pasado mes de marzo, que ya preveía medidas de reestructuración de la deuda e incluso de la dación en pago.

En concreto, ha dicho que de las 101 entidades adheridas sólo 28 recibieron 278 solicitudes durante el primer trimestre de aplicación (de abril a junio). De ellas, 44 acabaron en una reestructuración y ocho en dación en pago, mientras el resto fueron rechazadas por no cumplir las condiciones.

Por su parte, entre julio y septiembre “se muestra un claro aumento del número de casos tratados”, con hasta 722 solicitudes nuevas, de las que 604 se han resuelto, 127 de ellas con reestructuración de la deuda y 34 con dación en pago.

Tramitación

El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves con los 185 votos de PP y UPyD, las abstenciones de Foro Asturias (FAC) y CC-NC, y el rechazo de los 146 diputados del resto de grupos el decreto ley de Medidas Urgentes para Reformar la Protección de Deudores Hipotecarios, que se tramitará como proyecto de ley por unanimidad de las formaciones parlamentarias.

El decreto prevé una moratoria a los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria que se hubieran iniciado a su entrada en vigor y en los que no se hubiera procedido al desahucio, permitiendo que el deudor permanezca en la vivienda sin coste alguno, para una serie de colectivos especialmente vulnerables.

Eso sí, las familias tendrán que cumplir ciertos criterios económicos y sociales. Así, deberán ser familias numerosas, monoparentales con dos hijos a cargo, con un menor de tres años, o con uno de sus miembros discapacitado superior al 33%.

Tampoco se ejecutará el lanzamiento a personas afectadas por dependencia o incapacidad permanente para trabajar, a familias en las que el deudor hipotecario se encuentre en paro y haya agotado las prestaciones por desempleo, a familias en las que convivan una o más personas unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge con vínculo de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad y que se encuentren en situación de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que le incapacite para realizar una actividad laboral; y unidades familiares en las que exista una víctima de violencia de género.

Requisitos

Además, tienen que concurrir una serie de requisitos económicos para que se paralice el desahucio, como que los ingresos del conjunto de la unidad familiar no podrán superar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en 2012 se sitúa en 532 euros al mes, es decir, 1.597 euros mensuales o, lo que es lo mismo, cerca de 19.200 euros anuales.

También tendrán que acreditar que en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud de la paralización del desahucio hayan sufrido una alteración “significativa” de sus circunstancias económicas, entendiéndose por esto cuando el pago de la hipoteca sobre la renta familiar se haya multiplicado por 1,5 veces en esos cuatro años -es decir, que si suponía un 40% haya pasado a ser un 60%-.

Los otros dos requisitos económicos a cumplir pasan por que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos percibidos por el conjunto de la unidad familiar, y que se trate de crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda del deudor y concedido para la compra de la misma.

Parque de viviendas

A estas medidas se añade el mandato que el decreto ley da al Gobierno para crear un parque de viviendas de alquiler, a un precio social, para las personas que se hayan quedado sin vivienda tras una ejecución hipotecaria.

Concretamente, se encomienda al Ejecutivo a que empiece una negociación con las entidades financieras para la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito para alojar a las personas en situación de especial vulnerabilidad que hayan sido desahuciadas de sus casas por impago de su préstamo hipotecario.

PSOE e Izquierda Plural han anunciado que presentarán enmienda de totalidad, que debe ir acompañada por un texto alternativo, así como enmiendas parciales para abordar reformas más profundas en la Ley Hipotecaria y en asuntos como los intereses de demora, los procesos de subasta o los mecanismos de tasación.