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El primer zarpazo de la COVID-19 hace escalar la deuda pública y pone en duda las previsiones del Gobierno

La ministra de Economía, Nadia Calviño

Marina Estévez Torreblanca / Victòria Oliveres

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El dinero que deben las administraciones públicas en España ascendía en el mes de marzo a 1.224.161 millones de euros, lo que se trata de la cifra más elevada según la serie histórica del Banco de España. Si en lo que nos fijamos es en el porcentaje de Producto Interior Bruto (PIB) que supone, no llega a alcanzar esa categoría, ya que en el primer trimestre de 2015 llegó al 100,9% del PIB.

El dato publicado este viernes por la entidad supervisora está influido, aunque solo ligeramente todavía, por la crisis de la COVID-19. Temporalmente recoge la deuda acumulada durante los tres primeros meses del año, y el estado de alarma comenzó el 14 de marzo.



Pero ya las dos últimas semanas de ese mes, cuando el Banco Central Europeo aprobó un programa extraordinario de compras por valor de 750.000 millones de euros para ayudar a los países a financiarse en medio de una crisis brutal e inesperada, el Tesoro Público aprovechó para emitir 10.000 millones de euros en bonos a siete años. Emisiones por esta cuantía de deuda sindicada se han vuelto a repetir en abril y junio. En total, desde que empezó a comprar deuda de países en esta crisis, el BCE ha gastado 22.392 millones en deuda española, aunque su impacto en la deuda pública aún no se ha reflejado en el dato del Banco de España.

Este año el Tesoro tendrá que emitir 100.000 millones de euros más de deuda de lo previsto. En definitiva, un volumen total de emisiones que rondará los 280.000 millones de euros, según publicó Cinco Días.

“De momento no se ve tanto el impacto, se nota un poquito, pero la gran emisión la ha hecho en abril y mayo, o sea que los datos de deuda del segundo trimestre van a ser significativamente más altos”, considera el economista José Carlos Díaz. Cree que el Gobierno no va a cumplir el objetivo de cerrar el año con una deuda pública del 115,5% del PIB, como remitió a Bruselas en el programa de estabilidad. La Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) hizo una estimación de caída de ingresos del 10%, frente al 5% que esperaba el Ejecutivo, lo que ya de por sí dificulta el objetivo, y prevé una deuda entre el 115% del PIB (con un fin del confinamiento el 15 de mayo que no se produjo) y el 122% en caso de rebrote del virus en otoño.



Según la cátedra ORFIN que dirige Díaz en la Universidad de Alcalá, la deuda se va a ir a un 122% del PIB, en línea con el escenario de riesgo de la OCDE, debido a cuestiones como el alargamiento de los ERTE a septiembre y un gasto sanitario mayor al previsto. El organismo prevé un endeudamiento público entre el 117,8% y el 129,5% del PIB para España.

Para la profesora de Economía de la Universidad Jaume I Mariam Camarero, la evolución de la deuda española dependerá de que la propuesta de la Comisión Europea del Fondo de Recuperación salga adelante. Dicho fondo prevé una subvención para Italia y España de 70.000 y algo más de 60.000 millones de euros, respectivamente, aunque deben ir destinados a proyectos de inversión relacionados con el Pacto Verde y la digitalización. “Si esto no saliera, o bien se interrumpirían las infraestructuras o habría que añadirlas a la deuda”, destaca.

El futuro de la deuda también dependerá de cómo evolucione el desempleo y del gasto futuro en éste. En principio, hay otra propuesta europea, el programa SURE, para prestar a los países que tengan dificultades para pagar los ERTE, que podría paliar también parcialmente el problema. “Pero no sabemos cuántos de éstos trabajadores se convertirán en parados definitivos si cierran las empresas”, recalca Camarero.

Para el responsable de Políticas Económicas de IU, Carlos Sánchez Mato, cuya formación calcula que el endeudamiento va a rozar el 120% del PIB, esto “no es un problema para el estado español mientras el BCE siga actuando como hasta ahora en el marco de la actual crisis”. A su juicio, de hecho, “la deuda pública nunca es el problema cuando tienes detrás un banco central dispuesto a actuar”.

En nombre de su formación, pone el foco en la desigualdad y en la insuficiente renta como los problemas más importantes y aboga por la intervención directa, sin intermediarios. “Es imprescindible que se actúe mediante transferencias y monetización de deuda para afrontar los efectos de la COVID-19 y no solo con compras de deuda en los mercados secundarios”, afirma.

La Administración central, la que más se endeuda

El desglose por subsectores del Banco de España revela que fue la Administración central quien más incrementó su endeudamiento en los tres primeros meses del año, al sumar 33.708 millones, con lo que marcó un nuevo máximo histórico de 1.094.047 millones de euros, un 88,5% del PIB.

La Seguridad Social, en cambio, apenas varió su endeudamiento, que se mantuvo en 55.025 millones, un 4,4% del PIB, informa EFE.

La deuda de las comunidades autónomas cerró marzo en 297.866 millones, 2.783 millones más y un 24,1% del PIB, después de que subiera en 13 regiones y bajara en cuatro (Andalucía, Canarias, Navarra y Comunidad Valenciana).

Las comunidades más endeudadas en términos absolutos eran Cataluña (79.429 millones) Comunidad Valenciana (48.158), Andalucía (35.244) y Madrid (34.052).

En relación con su PIB, el endeudamiento más acusado era el de la Comunidad Valenciana (42,2%), seguido de Castilla–La Mancha (36,2%), Cataluña (33,7%) y Murcia (30,8%).

Por lo que respecta a las corporaciones locales, en conjunto redujeron en 359 millones su deuda en el primer trimestre hasta situarla en 22.878 millones, un 1,8 % del PIB.

El Banco de España también facilita información sobre el endeudamiento de los ayuntamientos de más de 300.000 habitantes, que en el primer trimestre encabezaba Madrid (2.005 millones), seguido de Barcelona (731 millones), Zaragoza (703 millones), Valencia (357 millones) y Málaga (340 millones).

El volumen de deuda total no coincide con la suma de la deuda de cada administración, ya que hay determinados importes que computan en más de un subsector al tratarse de préstamos entre administraciones.

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